El debate por el financiamiento del sistema educativo provincial tuvo esta semana un pasaje clave en la Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En el encuentro conjunto de las comisiones de Economía y Presupuesto e Informes de Educación, los referentes del SUTEF y de AMET llevaron al recinto parlamentario el reclamo formal por las partidas salariales, el estado de la infraestructura escolar y la necesidad de transparentar los costos operativos del sector docente.
Durante el desarrollo del encuentro, funcionarios del Poder Ejecutivo brindaron explicaciones técnicas detalladas sobre el proyecto impulsado con trámite de urgencia. En una primera instancia expusieron el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, y el titular de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bahamonde, quienes respondieron las consultas planteadas por los integrantes del cuerpo legislativo. Posteriormente fue el turno del área educativa, a cargo de la exposición de la secretaria de Coordinación del Ministerio de Educación, Fernanda García.
Sin embargo, el accionar de parte de la oposición desató el malestar de las autoridades sindicales. Desde el SUTEF manifestaron que “la actitud de algunos legisladores durante la reunión dejó en evidencia una preocupante distancia entre sus cuestionamientos públicos y su participación en los espacios donde pueden discutir soluciones concretas, frente al desfinanciamiento de la educación pública”.
En ese contexto, el SUTEF visibilizó la retirada anticipada de representantes parlamentarios en momentos clave de la discusión. “Durante la exposición del Ministerio de Educación, el legislador Pablo Villegas se retiró de la reunión de comisión, pese a tener la oportunidad de interpelar directamente a las autoridades responsables sobre la situación de las horas cátedra, un tema que había instalado reiteradamente en la agenda pública”, expresaron. Asimismo, agregaron que “por su parte, el legislador Jorge Lechman también se retiró del salón luego de las exposiciones del Ministerio de Economía y de la AREF”.
La crítica gremial también apuntó de manera frontal hacia el bloque de La Libertad Avanza. Señalaron que “en el caso del legislador Luciano Selzer y la legisladora Natalia Gracianía, la escasa participación durante la reunión contrastó con la frecuencia con la que intervienen públicamente para cuestionar distintos aspectos del sistema educativo”. En la misma línea denunciaron que “ambos formularon muy pocas preguntas y desaprovecharon la oportunidad de interpelar a las autoridades del Ejecutivo y profundizar la discusión sobre el financiamiento educativo”, concluyendo que “la presencia en los medios y las redes sociales no reemplaza la responsabilidad de participar activamente en los ámbitos institucionales donde se discuten las respuestas que necesita la educación pública”.
El pronunciamiento del SUTEF concluyó con una definición sobre el rumbo económico de la provincia. “Seguimos sosteniendo que sin inversión educativa no hay presente ni futuro para nuestra provincia, la educación pública no puede seguir esperando”, enfatizaron al término de la sesión.
La postura de la AMET
Por su parte, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica formuló planteos específicos vinculados a la distribución de las partidas y las condiciones laborales en el ámbito técnico. Desde AMET informaron que se solicitó “conocer el costo real del sistema educativo, el presupuesto asignado y ejecutado, el gasto salarial, los cargos y las horas cátedra, y los recursos destinados a infraestructura, mantenimiento, servicios, equipamiento y programas educativos”.
El gremio de los docentes técnicos puso especial énfasis en precisar el origen de las partidas presupuestarias solicitadas. Demandaron determinar con rigor cuánto aporta Rentas Generales, cuánto ingresa por fondos específicos y qué parte de la recaudación con destino social llega efectivamente a la cartera educativa provincial.
Al referirse a la nueva iniciativa legislativa, remarcaron que “el nuevo Fondo debe sumar recursos, sin reemplazar partidas existentes, y permitir medir cuánto financiamiento adicional aporta”. De igual modo reafirmaron que “el debate debe contemplar la necesidad de alcanzar un cargo docente equivalente a la canasta básica, conocer la planta de personal y garantizar seguimiento público y participación de las y los trabajadores”.
Tras las gestiones iniciadas en las comisiones parlamentarias, la conducción de AMET confirmó el inicio de una etapa de revisión técnica de los datos provistos por la administración provincial. “Tras participar de la convocatoria, recibimos respuesta a nuestros pedidos de información a Economía y Educación, por lo que analizaremos la documentación recibida y comunicaremos los avances”, concluyeron desde la entidad gremial.