La Cámara del Trabajo dispuso cambios en la intervención de la UOM

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a través de la Sala VIII, dictó un fallo determinante que modifica el esquema de conducción transitoria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La resolución judicial establece la conformación de un triunvirato para la administración nacional del gremio y encomienda a un nuevo interventor la Seccional Zárate-Campana, con la premisa de avanzar hacia la normalización institucional del sindicato. Asimismo, el tribunal dio traslado a los fueros penales ordinario y federal de las actuaciones remitidas por la administración previa, las cuales exponen presuntas irregularidades económicas ligadas a la gestión del desplazado dirigente sindical metalúrgico, Abel Furlán.

Frente a los señalamientos volcados en el informe de gestión de Alberto Biglieri —quien hasta el momento ejercía el control individual del proceso—, la Sala VIII resolvió diversificar el mando institucional. Con el propósito de agilizar la convocatoria a comicios y salvaguardar la institucionalidad gremial, las autoridades judiciales decidieron nombrar al abogado Pablo Daniel Iglesias como responsable exclusivo de la Seccional Zárate-Campana.

En el texto judicial se destaca la trayectoria de Iglesias, remarcando que "formó parte del cuerpo de agentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta hace poco tiempo, cuenta con notables y muy valiosos conocimientos jurídicos en la materia y tendrá las mismas funciones legales, reglamentarias y estatutarias de gobierno" que ejercía Biglieri. Su tarea central se enfocará en organizar los comicios locales en el plazo más breve posible.

En el plano nacional, la dirección ejecutiva pasará a ser ejercida por un órgano colegiado integrado por el propio Biglieri, Pablo Daniel Iglesias y Ariel Martín Alonso. Esta conducción de tres miembros actuará con idénticas facultades y estatus, definiendo el rumbo institucional por votación mayoritaria. La medida procura eludir posibles vacíos de gestión derivados de eventuales licencias o divergencias internas, al tiempo que contempla los compromisos personales de Biglieri ante las próximas elecciones para la magistratura nacional.

La intervención del gremio tiene sus antecedentes en mayo de este año, cuando la Justicia dejó sin efecto los comicios desarrollados a comienzos de marzo en Zárate-Campana tras señalar supuestas “anomalías graves”. En aquella oportunidad, los jueces Víctor Pesino y Luis González remarcaron que el procedimiento utilizado para custodiar y computar los sufragios "destruyó la objetividad de todo el proceso", “contraviniendo las garantías de libertad y participación democrática” consignadas en los ordenamientos normativos.

Paralelamente, la investigación sobre el manejo presupuestario derivó en la intervención de la Justicia Criminal y Correccional. En los despachos judiciales se analizan las contrataciones de la firma USEM para la gestión de activos del sindicato. En su defensa, Abel Furlán elevó dos presentaciones pidiendo su desvinculación definitiva, alegando la efectiva prestación de las prestaciones contratadas y atribuyendo los señalamientos a un embate de tinte mediático y político.