SUTEF ratificó el estado de alerta y resolvió un paro de treinta y seis horas

En una jornada virtual desarrollada el martes 10 de noviembre, más de ciento cincuenta delegadas y delegados del SUTEF debatieron los pasos a seguir en la provincia. Ante el cuarto intermedio dispuesto por la Legislatura hasta el próximo 17 de noviembre, la organización gremial ratificó el estado de alerta y movilización junto con un paro provincial de treinta y seis horas que comenzará el lunes 16 al mediodía.

El secretario General del gremio, Horacio Catena, abrió el encuentro al ofrecer un informe sobre la situación política internacional, nacional y provincial, además de compartir un análisis del escenario actual y de los desafíos que enfrenta la docencia fueguina en el marco del tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo.

La definición sindical se da luego de que la última sesión parlamentaria pasara a cuarto intermedio mientras continúa sin aprobarse el proyecto. En este escenario, la organización señaló directamente a los legisladores Pablo Villegas y Damián Löffler del Movimiento Popular Fueguino, Matías Lapadula de Provincia Grande, Natalia Gracianía y Luciano Selzer de La Libertad Avanza, y Federico Sciurano del espacio ex FORJA-UCR, a quienes acusó de impulsar acciones que obstaculizan el avance normativo.

Desde la conducción gremial detallaron que las estrategias discursivas de los bloques legislativos se fueron quedando sin sustento a medida que transcurrió el debate. Recordaron que primero intentaron instalar que se trataba de un “impuestazo”, pero aclararon que el dictamen de mayoría establece expresamente que ni el Banco de Tierra del Fuego ni Camuzzi Gas del Sur podrán trasladar los costos derivados de estos aportes a las usuarias y los usuarios. Además, remarcaron que parte de los recursos provenientes de la distribuidora de gas tendrán un destino concreto para financiar obras de infraestructura, tanto para mejorar y ampliar la red de gas y las conexiones domiciliarias como para atender las necesidades de infraestructura de las instituciones educativas. Se trata de incorporar recursos de sectores económicos que hasta ahora contaban con beneficios impositivos sin trasladar esos costos a la población y generando obras para toda la comunidad.

Asimismo, cuestionaron los argumentos sobre la falta de tiempo para el debate al recordar que el sindicato presentó una iniciativa de ley hace más de dos años y cinco meses, lo cual demuestra que existió el plazo suficiente para discutirla. Respecto a las objeciones sobre la suficiencia de los recursos, el sector sindical advirtió que los legisladores sostienen que los montos son insuficientes pero “no acercaron ninguna propuesta alternativa ni identifican nuevas fuentes de financiamiento”. “Cuestionan los recursos sin proponer cómo obtenerlos y esa también es una forma de bloquear el debate”, señalaron.

En las últimas jornadas, según denunció el gremio, los sectores opositores comenzaron a instalar discusiones sobre las horas cátedra “sin un conocimiento integral del funcionamiento del sistema educativo, montando una campaña mediática que busca desvirtuar la necesidad de una Ley de Financiamiento Educativo y la necesidad de que haya un ajuste en la educación pública”. “Lo que está en discusión es ajuste o inversión, ya que en lugar de aportar soluciones para fortalecer el financiamiento educativo, sus intervenciones terminan sosteniendo una política de ajuste que pone en riesgo el presente y el futuro de la educación pública fueguina”, expresaron desde el sindicato docente.

Frente a este escenario, desde el SUTEF convocaron a realizar asambleas informativas y de debate en todas las instituciones educativas de la provincia para construir un paro masivo con movilización en las calles. Los referentes remarcaron que es fundamental que la docencia fueguina se organice en cada institución y acompañe una demanda que trasciende al sector docente para garantizar el derecho social a la educación mediante una política de financiamiento integral.

Desde la entidad sindical enfatizaron que no están reclamando una solución coyuntural, sino “una herramienta para el presente y el futuro de la educación pública de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.