Despidos y cierre de la delegación Río Grande de IOSFA en un marco de severas irregularidades

El conflicto que atraviesa el personal de la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) se profundizó en la ciudad de Río Grande tras la confirmación de despidos y la desafectación de la delegación local. En este marco de incertidumbre, se recabó la palabra de Laura Sánchez, una de las trabajadoras damnificadas de la institución, quien detalló los alcances de la reorganización dispuesta desde la administración central de IOSFA, las irregularidades administrativas detectadas en los legajos laborales del personal y el impacto directo que tendrá la medida sobre la atención a los afiliados de la zona.

Al ser consultada sobre las causas inmediatas que desencadenaron la crisis en el organismo, la trabajadora explicó que "la situación de la obra social es, ellos decidieron, IOSFA decidió hacer una reestructuración de todo lo que es la obra social debido a todas las pérdidas que estaban habiendo, a la falta de pago prestadores, etc, no podían sostener los servicios". En relación con las medidas de fuerza o de recortes que comprende este proceso administrativo, la entrevistada señaló que el plan contempla "cerrar delegaciones a lo largo del país y echar a empleados".

Frente al interrogante sobre su situación contractual específica y la de sus pares locales, Sánchez puntualizó que entre los afectados figura su propio caso y el de dos trabajadoras más. "Una que por el momento estaría a disponibilidad por ser planta permanente y bueno, otra compañera y yo estamos en esta situación en ", indicó, para luego profundizar en una serie de anomalías administrativas registradas en los últimos dos años.

Al reconstruir el proceso de regularización laboral iniciado anteriormente, la trabajadora recordó que durante 2023 completaron todas las instancias de evaluación requeridas. "Nosotras éramos planta permanente, a nosotras nos hicieron hacer un preocupacional, nos hicieron hacer todos los exámenes, enviar toda la documentación en 2023 y nos dijeron que todo eso era para pasar a planta permanente", precisó. La confirmación formal de esa estabilidad se vio plasmada, tiempo después, de forma oficial. "En la página de IOSFA, en la parte de orgánica, suben el listado del personal y estábamos muchos compañeros de todo el país como planta permanente", remarcó la damnificada.

Sin embargo, respecto del cambio intempestivo de estatus laboral resuelto por las autoridades nacionales, Sánchez detalló el sorpresivo giro institucional adoptado la semana pasada. "El día viernes a la mañana llega una disposición donde el directorio de IOSFA decide que todo ese trámite que se hizo nunca fue legal, por así decirlo", denunció, señalando la anulación arbitaria del derecho adquirido. Sobre los argumentos esgrimidos por el directorio de la institución, la trabajadora indicó que "supuestamente ellos reconocen en esa disposición que fue un error, que las personas que cometieron ese error van a ser sumariadas, pero independientemente de eso, los que éramos planta permanente ahora quedamos como contratados".

Consultada sobre las verdaderas motivaciones de esta maniobra burocrática, Sánchez dejó entrever el objetivo de fondo de la medida. "Nos llega la información que hicieron eso porque para despedirnos nos tendrían que despedir como contratados", aseveró. Al ser requerida sobre si este encuadre coincide con los datos asentados en los entes oficiales del Estado nacional, la empleada ratificó que existe un contraste absoluto entre los registros y la disposición interna. "Nosotros tanto en ARCA como en ANSES, como en Mi Argentina, figuramos como planta permanente", argumentó, añadiendo que los referentes sindicales de ATE confirmaron que la revocación de la estabilidad respondió exclusivamente a concretar los ceses laborales sin pagar la correspondiente indemnización.

Sobre la existencia o no de contratos firmados en el último tiempo, la entrevistada desmintió cualquier renovación formal. "Cabe aclarar que desde el 2023, desde que nos hicieron todas las pruebas para planta permanente, nosotros no volvimos a firmar contratos", afirmó. Asimismo, respecto de las especificaciones asentadas en los recibos de haberes del personal, aclaró que "en los recibos no figura planta permanente para ningún empleado del país, tanto los de planta permanente que son plantas permanentes hace mucho, como para nosotros, que en teoría estamos como en que sí y que no".

En cuanto al modo y tiempo en que se formalizó la desvinculación, Sánchez detalló el mecanismo utilizado por la conducción del organismo. "Después de las 4 de la tarde, que termina como el horario de trabajo, empiezan a llegar notificaciones por medio de GDE que nos empiezan a llegar notificaciones que básicamente estamos despedidos, que el 30 de noviembre es nuestro último día de trabajo", lamentó. Respecto de la figura legal empleada para prescindir de sus servicios, la trabajadora sostuvo que las bajas fueron instrumentadas "enmarcadas en el artículo 9 de una ley que es para empleados que son transitorios".

Ante el requerimiento sobre las consecuencias económicas directas de dicha figura legal, la exempleada confirmó la pérdida total de la cobertura indemnizatoria. "Nos quieren despedir sin indemnización", aseveró con preocupación, remarcando la sorpresa y angustia generadas por la brevedad del aviso enviado sobre el cierre de la jornada laboral.

Interrogada respecto de las acciones sindicales y legales que adoptarán frente a este escenario, Sánchez adelantó que se avanza en una estrategia coordinada. "Durante el día de hoy (por ayer) está habiendo reuniones de delegados de ATE de diferentes partes del país y lo que por el momento nos dicen es que tratemos de armar un solo equipo para que sigamos un mismo camino, así los reclamos tienen más peso", sostuvo, revelando que "los abogados de ATE están en conversaciones para judicializar todo esto".

En relación con el alcance territorial de las medidas y su impacto en la provincia de Tierra del Fuego, la entrevistada confirmó que la situación se replica en la capital fueguina. "En Ushuaia también, ahí hay tres compañeras que están en la misma situación que nosotros, a las que también les llegó la notificación de despido", informó.

Respecto del destino operativo de la dependencia local en Tierra del Fuego, Sánchez fue categórica sobre la pérdida del espacio físico de atención al público. "La sede de Río Grande cierra, eso ya es oficial", confirmó. Sobre cómo impactará este cierre en el universo de afiliados que concurren diariamente a la delegación, la trabajadora advirtió que "todos los afiliados que son de Río Grande van a tener que empezar a hacer sus trámites vía alguna aplicación que van a habilitar o vía mail, teniendo en cuenta la demora que esto implica".

Al evaluar la diferencia entre la atención presencial que brindaban y los métodos remotos que pretenden implementar, destacó la estrecha vinculación diaria con la familia militar local. "A la delegación cuando estaba abierta, los afiliados ante cualquier inconveniente se acercaban ahí, los atendíamos, incluso con muchos había contacto directo, era una comunicación muy habitual, muy cotidiana que teníamos, esto se va a acabar", lamentó, anticipando que ahora las prestaciones quedarán supeditadas a la centralización de los reclamos y a la espera de los plazos administrativos nacionales.

En cuanto al panorama de la delegación de la capital fueguina, especificó las diferencias operativas vigentes. "En Ushuaia no cierra la delegación porque es una delegación provincial, no cierra, pero reduce personal también", aclaró.

Por último, al reflexionar sobre las secuelas integrales que acarrea esta política de recortes, Sánchez concluyó en el impacto socioeconómico y asistencial de la decisión. "No es solo que nos quedamos sin trabajo y también nos quedamos sin un soporte para sobrevivir estos meses, sino que además los afiliados quedan totalmente a disponibilidad de quién sabe quién", sintetizó.