El delegado representante de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la planta de Mirgor, José Arenas, en declaraciones al programa “Desde las Bases” por Radio Provincia, desmenuzó la compleja coyuntura que atraviesan los trabajadores del grupo empresarial en Río Grande. Durante su exposición, detalló el origen del estallido del conflicto a partir del no pago del premio anual, la seguidilla de despidos coercitivos y la estrategia patronal para forzar la aceptación de doce puntos de reforma laboral. Asimismo, cuestionó el rol pasivo de la cartera laboral de la provincia, alertó sobre las presiones que sufren los delegados a los que no se les permite el ingreso a la fábrica e hizo un llamado a las máximas autoridades políticas y a las organizaciones sindicales unificadas, para frenar un modelo que amenaza con extenderse al conjunto de la industria fueguina.
Al ser consultado sobre el origen de la crisis actual y la relación con la conducción de la empresa, el delegado de la UOM explicó que la situación no es un fenómeno aislado de este año, sino el resultado de una transformación paulatina en la política del grupo empresarial en perjuicio de los trabajadores. Indicó que este escenario comenzó a gestarse hace siete u ocho años con la llegada del CEO de la firma, José Alonso, momento a partir del cual se aplicó un plan ordenado de quita de derechos. Recordó que tiempo atrás atravesaron un conflicto similar por las prestaciones de comedor y transporte, donde la compañía generó despidos para luego condicionar el reingreso de los cesanteados a la renuncia de esos beneficios. Definieron esa modalidad como el modus operandi habitual del grupo, consistente en ir por todo, generar la crisis y negociar desde una posición de fuerza impuestos por la patronal.
En cuanto a la situación puntual de la representación gremial y la imposibilidad física de ingresar a la planta Fabril, el referente obrero señaló que hace más de dos meses que tanto él como su compañero delegado, Mauro Krum, tienen prohibido el acceso al establecimiento a pesar de contar con fuero e investir la representación de los trabajadores de Mirgor Autopartes. Afirmó que resulta incomprensible el nivel de impunidad con el que actúa la firma sin rendir cuentas ante ningún organismo.
Al referirse a la respuesta gubernamental y la actuación de la cartera laboral de Tierra del Fuego en este diferendo, expresó que la pasividad oficial permite que la firma actúe con total arbitrariedad. Rememoró que años atrás debió apelar directamente al gobernador Gustavo Melella para buscar una vía de contención ante lo que consideraban una injusticia, lo que logró atenuar momentáneamente el conflicto. Sin embargo, advirtió que la embestida actual es ostensiblemente superior a los reclamos del pasado, impulsada ahora por el marco general de la reforma laboral.
Respecto al reclamo salarial que desencadenó las medidas de fuerza y la posterior respuesta de la patronal, pormenorizó que el conflicto afectó a las cuatro razones sociales del grupo —Iatec, Brightstar, Famar y la propia Mirgor automotriz— a raíz del incumplimiento en el pago del premio anual por producción, una suma que el personal percibe desde hace más de diez años. Explicó que tras coordinar acciones y realizar una asamblea de una hora durante la visita del CEO de la compañía, la negativa del personal a dialogar de manera directa en ese momento de medida gremial derivó en el enojo y las amenazas del directivo, traducidas al lunes siguiente en la notificación de 334 despidos y el bloqueo de acceso a los 25 delegados de las plantas.
Al ser consultado sobre el fondo del reclamo patronal y las verdaderas intenciones detrás de la ola de despidos y suspensiones, el dirigente metalúrgico aseveró que la maniobra buscó desgastar al personal mediante un ciclo continuo de cesantías, reincorporaciones y licencias para forzar la firma de doce puntos de flexibilización laboral. Detalló que el acuerdo pretendido limita severamente la labor gremial, restringiendo las asambleas a una sola vez al mes, de no más de 20 minutos y previa notificación con 24 horas de antelación, amparándose en las reformas impulsadas a nivel nacional.
Ante la pregunta sobre las razones por las cuales el conflicto no se destrabó en la instancia de negociación, explicitó que cuando los trabajadores estaban al límite del desgaste, la empresa sumó un condicionante inédito al exigir la exclusión definitiva de seis delegados. Frente a esa pretensión, las bases fabriles resolvieron no someter a votación ningún acuerdo hasta tanto no se garantizase la reincorporación de la totalidad de los compañeros y representantes suspendidos o dejados fuera.
Sobre la situación interna actual de los representantes de Mirgor Automotriz y la actuación del Ministerio de Trabajo en la mesa de negociación, el entrevistado afirmó que la cartera laboral actúa como un mero oyente que se limita a prestar un espacio físico y labrar actas, sin ejercer su rol de autoridad para evitar chantajes ni aplicar sanciones. Argumentó que, ante esa inacción, debieron iniciar acciones legales e intimar mediante carta documento para que la empresa justifique los motivos de la prohibición de ingreso. Exigió que el Ministerio asuma un papel de árbitro para poner orden frente al desamparo en el que se encuentran.
Finalmente, al evaluar la preocupación en los demás establecimientos fabriles del parque industrial y las acciones a seguir, el representante de la UOM ratificó que existe un temor generalizado en las plantillas de otras empresas de que esta flexibilización intente replicarse en todo el sector. Ante este escenario, remarcó la importancia de sumar el apoyo activo de la CGT recién normalizada en Río Grande, del propio Gobernador, de la Ministra de Trabajo y del conjunto de las organizaciones sindicales para encarrilar el conflicto, frenar el avance sobre las conquistas históricas y defender los puestos de trabajo.
Cabe señalar que, según trascendió en las últimas horas, la intención del grupo empresarial apuntaría a migrar al personal de Mirgor SACIFIA hacia la firma Famar Fueguina, medida que el colectivo de trabajadores interpreta como una nueva estrategia destinada a socavar sus derechos y erosionar sus condiciones laborales vigentes.