“Hay un patrón de conducta en el Ministerio de Educación que tiende a la irregularidad”

Al ser consultado en Radio Provincia sobre el pronunciamiento de la Fiscalía de Estado respecto del funcionamiento de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario, el dirigente gremial contextualizó que las gestiones se iniciaron en marzo tras detectar notorias diferencias entre los listados 2025 y 2026. Aseguró que desde la entidad tomaron casos de docentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin para fundamentar la presentación formal, señalando que la Junta obró “de manera unilateral e ilegítima” al rebajar el puntaje y modificar las clasificaciones de profesionales para “acortarles la carrera e impedirles acceder a cargos jerárquicos”. Carrizo remarcó que el reciente dictamen fiscal confirmó que “estos criterios que ha tenido la Junta no son los correctos y ha perjudicado a muchos docentes”. En ese sentido, advirtió sobre la gravedad de que los reclamos administrativos demanden meses mientras los trabajadores pierden la oportunidad de asumir cargos de conducción, concluyendo que “las irregularidades son muchísimas y la Junta no está funcionando en forma correcta”.

Ante la inquietud sobre las razones del marcado retraso en la normalización institucional del órgano evaluador, el titular de AMET recordó que la última elección de representantes docentes se realizó en 2010. Detalló que las autoridades se vienen reemplazando sin el voto de las bases bajo el pretexto de los procesos de titularización. En esa línea, denunció que la excusa carece de validez en la actualidad y que el verdadero motivo de la postergación responde a que “hay una cuestión de mantener la situación de poder que tienen hoy en la Junta de nivel secundario, que no se quiere perder y que saben que en una elección no se va a continuar”. Asimismo, reveló que pese a existir un decreto firmado por el propio gobernador en 2023 para convocar a los comicios correspondientes, “la orden quedó cajoneada en el Ministerio de Educación”.

Respecto al balance de la extensa medida de fuerza que paralizó las clases durante más de cuarenta días y la propuesta salarial alcanzada, el referente sindical evaluó que el resultado obtenido “no estuvo a la altura del enorme esfuerzo realizado por las bases”. Explicó que los montos ofrecidos para los primeros meses “resultaron incluso inferiores a los rechazados previamente, alcanzando cifras muy alejadas de las pretensiones iniciales del sector”. Sobre el desarrollo de las negociaciones, Carrizo manifestó que “lo que veo es una desproporción entre la cantidad de días de paro y el resultado obtenido”, al tiempo que opinó que el conflicto se dilató debido a la postura distante adoptada por el Ejecutivo provincial frente al malestar social generado por la suspensión de las actividades escolares.

Consultado finalmente sobre el destino de los recursos públicos y el manejo de las partidas presupuestarias en el área de Educación, el sindicalista advirtió sobre el uso discrecional de las horas cátedra para abonar retribuciones a personas que no se desempeñan en el ámbito escolar ni pertenecen al escalafón docente. Adelantó que se encuentran acopiando pruebas para formalizar una denuncia institucional ante la Fiscalía de Estado, argumentando que “toda esa masa salarial que está destinada al docente no termina yendo al docente, y de ahí también podrían sacarse fondos para las recomposiciones salariales”.