La polémica por la reglamentación que impone el cese automático de los docentes universitarios al cumplir 70 años en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) sumó un enérgico rechazo por parte del sector sindical. Desde la Asociación Fueguina Universitaria de Docentes e Investigadores (AFUDI) advirtieron que la normativa “vulnera la carrera docente, carece de dictamen jurídico y deja sin ingresos a educadores que todavía no tienen otorgada la jubilación”. En ese marco, el gremio presentó un proyecto para modificar los artículos controversiales e inició presentaciones judiciales con el respaldo de diversos sectores del ámbito universitario local.
Al ser consultada sobre las irregularidades del reglamento aprobado en la casa de altos estudios, la secretaria general de AFUDI, Andrea Ozamiz, detalló las falencias de la norma y las consecuencias inmediatas para los educadores de la institución, a través de una entrevista en el programa “Desde las Bases”, por Radio Provincia.
"Por mayoría de votos se establece un reglamento de gestión de las jubilaciones en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, lo cual nos parece que está muy bien, pero ese reglamento contiene vicios de fondo porque afecta derechos subjetivos y no cuenta con dictamen de asuntos jurídicos de la universidad, tal como lo establece la ley de procedimiento administrativo", sostuvo la sindicalista.
La dirigenta precisó los alcances de la normativa nacional y el desamparo que genera la aplicación local al indicar que "si bien la normativa nacional establece la posibilidad de ampliar el plazo de permanencia en la universidad después de los 65 años hasta los 70, lo que estamos advirtiendo es que la universidad impide que los docentes que ya tienen 70 años o están a punto de cumplirlos, y no cuentan todavía con el haber jubilatorio otorgado, queden automáticamente sin vinculación". Agregó al respecto que de este modo "pierden su fuente de trabajo por el solo hecho de tener 70 años, cuando la universidad debería esperar que estos docentes percibieran el haber jubilatorio, porque, en caso contrario, quedan sin ingresos que tienen carácter alimentario".
Sobre la inconstitucionalidad de la medida y la necesidad de abrir el diálogo paritario, Ozamiz remarcó que "esto es inconstitucional e inconvencional, hay convenios internacionales que protegen estos derechos". Asimismo, subrayó que "a nivel de carrera docente también modifica unilateralmente el artículo 32 nacido de una paritaria particular, por lo que debería llevarse al ámbito de la paritaria docente particular para contemplar los casos especiales de docentes con cargos electivos o autoridades gremiales".
Frente a la justificación de las autoridades para aplicar el límite de edad, la titular del gremio contrapuso el sesgo excluyente de la ordenanza al manifestar que "ellos plantean que es un incumplimiento de la ley nacional de régimen especial de jubilaciones, pero lo que nosotros entendemos es que la universidad ha procedido a establecer una normativa discriminatoria por razones de edad". Acotó además que "se presenta como una normativa general dirigida a una población claramente identificable; si vos lees la ordenanza, menciona 10 veces personas de 70 años, es automático".
En cuanto al impacto en el cuerpo docente y el clima que se vivió tras la notificación de los ceses previstos para fin de año, expresó la profunda preocupación del sector.
"Creemos que hay una mirada en relación al viejismo y es completamente discriminatoria. Hay una trayectoria, son docentes de máxima categoría, dedicación, con equipos de docentes a cargo en formación. Hoy fue un día muy difícil porque la verdad es que los docentes se quebraron, están anímicamente muy mal y muy preocupados, porque en un contexto de crisis dejar a docentes sin ingresos es algo realmente inhumano", afirmó.
Al comparar el escenario con la coyuntura nacional de los adultos mayores, la referente gremial señaló que "muchos consejeros y docentes compararon la situación con lo que viven los jubilados en el Congreso todos los miércoles frente a un gobierno nacional totalmente violento y deshumanizante". En esa línea, remarcó que "la universidad debe estar a la vanguardia de la defensa de los derechos y lograr que su personal docente tenga una transición hacia la jubilación cuidada, respetuosa, y que puedan retirarse con todos los honores que merecen, el afecto y el acompañamiento institucional".
La representante de AFUDI expuso también fallas en la asignación de roles administrativos y el camino legal emprendido: "Esta forma que ha adoptado la universidad nos parece que nos deja como autoridad de aplicación al área de Recursos Humanos, lo cual no corresponde porque nuestras designaciones las aprueba el Consejo Superior. Además, hay una cuestión humana fundamental", afirmó. Añadió luego que "hay procesos de judicialización iniciados, estamos a la espera de la respuesta de la justicia y creemos que hay motivos suficientes para que esto pueda frenarse y se pueda encontrar una salida legal y justa".
Ante la contradicción de apartar a referentes académicos de vasta trayectoria en pleno dictado de clases, la dirigenta alertó sobre el perjuicio pedagógico e institucional al indicar que el cese "en pleno proceso de cuatrimestre, donde quedan dos meses de clases, complica la transición hacia otros compañeros". Advirtió además que "tampoco vemos claro cómo se va a dividir ese presupuesto entre las categorías inferiores, siendo personas muy formadas que acceden a presupuestos internacionales para desarrollar investigación. Esto perjudica a los estudiantes porque la transición no está claramente especificada ni explicada".
Finalmente, al referirse al estado actual de las gestiones y los pasos a seguir para revertir las cesantías, la secretaria general sintetizó el plan de acción sindical.
"Presentamos un proyecto de modificación en los artículos lesivos de este reglamento para resolverlo institucionalmente y hay varias denuncias judiciales realizadas por docentes. Las notificaciones alertan sobre la peligrosidad de la situación, por lo que estamos organizándonos y acompañando a nuestros compañeros, sean afiliados o no", aseveró.
Para concluir, confió en lograr una vía de consenso con el apoyo de otros sectores del ámbito universitario: "Esperamos que esto se revise, se pueda discutir y, en todo caso, proponer una cláusula transitoria. Les hemos hecho llegar nuestras impugnaciones administrativas, pedimos la paritaria universitaria y trabajamos en conjunto con el gremio ADUF y varios consejeros que nos han brindado su apoyo para tratar de que esto se frene y lograr una salida lo más respetuosa posible", concluyó.