Vecinos se retiraron de la Delegación de Gobierno, pero siguen reclamando respuesta

Después de siete días de permanencia ininterrumpida en la Delegación de Gobierno de Río Grande, vecinos de la Margen Sur decidieron dar una tregua en la protesta y otorgar un plazo de 48 horas al Ejecutivo provincial para que responda al reclamo por el subsidio al gas envasado.

La medida fue resuelta luego de presentar una ampliación del pronto despacho iniciado días atrás, documento en el que incorporaron el caso de la explosión ocurrida en una vivienda del barrio La Esperanza, hecho que dejó a un vecino internado en terapia intensiva con graves quemaduras. Para los manifestantes, el episodio expuso las consecuencias de las obras de conexión de gas inconclusas.

“El gobernador juega al desgaste y a que pasemos frío”, lanzó una de las vecinas que participó de la protesta, visiblemente molesta por la falta de respuestas oficiales. Según relataron, el último contacto con Gustavo Melella se produjo el sábado pasado y desde entonces no hubo confirmación de reunión ni comunicación formal.

Ampliación de fundamentos

Durante la permanencia en el edificio público, los vecinos insistieron en que el problema no se limita al costo de las garrafas, sino también al incumplimiento de las conexiones domiciliarias que debían ejecutarse con fondos específicos. “Tenemos la red de gas en frente de nuestras casas y las obras nunca se terminaron”, señalaron.

En la presentación elevada al Gobierno provincial, los vecinos recordaron además que el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva cuenta con recursos millonarios y reclamaron que parte de ese dinero sea destinado a completar las conexiones pendientes para miles de familias fueguinas.

El clima de malestar también quedó reflejado en la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza. Algunos manifestantes reconocieron que se evalúan acciones más duras si el Ejecutivo mantiene el silencio. “No sabemos qué más hacer para que nos escuchen”, afirmaron.

Las críticas también alcanzaron al sistema de devolución de los 200 kilos subsidiados, que según denunciaron presenta demoras y excesivos requisitos burocráticos. En ese marco, varias familias describieron una situación económica cada vez más compleja. “Hay vecinos que hoy tienen que elegir entre comprar comida o cargar una garrafa”, expresaron.

Mientras esperan una respuesta oficial, los autoconvocados anticiparon que volverán a reunirse en asamblea para definir cómo continuará el reclamo en caso de no obtener soluciones concretas dentro del plazo establecido.