“Estos temas son responsabilidad de los tres poderes del Estado”

José Piñeiro, integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos y como tal integrante del Comité de Prevención Contra la Tortura, al ser consultado en Radio Fueguina, señaló que en las cárceles de la provincia “la situación se va agravando, siempre es un poco más preocupante. Porque, en los juicios hay muchas personas que terminan con condenas realmente largas -que sería otro tema para el debate-, por las características de las condenas a prisión que se dan, sin evaluar otras alternativas”.

“A esto hay que sumarle, por ejemplo, que acaba de venir el ministro de Justicia de la Nación, (Mariano) Cúneo Libarona, con la idea de bajar la imputabilidad para los menores y llevarla a catorce años. Estamos hablando casi de niños que irían a la prisión. Instaló este tema que, por lo que escuchaba, fue bien recibido por algunos integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en una provincia donde realmente la problemática con los menores está teniendo otro tipo de respuesta, a través de políticas de contención, que pueden ser mejores o peores, más discutibles o no, pero tampoco hay una cantidad de delitos graves que cometan menores”, advirtió.

Piñeiro señaló que, en Tierra del Fuego, “no estamos hablando de menores que están involucrados con asesinatos, con características de ese tipo de delitos, y donde la prevención, la contención y los espacios para atender a estos menores serían las salidas adecuadas, y no el punitivismo”, remarcó el integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos.

 

Sobrepoblación

 

Después, se refirió a lo que sucede en los lugares de reclusión de la provincia, indicando que “la situación es extremadamente compleja o al borde del colapso en la Alcaidía de la ciudad de Ushuaia, es de sobrepoblación en la Unidad de Detención Uno de Río Grande. Hay cada vez más cantidad de personas alojadas, en espacios reducidos. Teníamos colchones en el suelo en la Alcaidía de Ushuaia, aquí también hay espacios que se comparten, donde hay una cantidad superior a las personas que deberían estar habitando esos espacios, y esto es creciente día a día”, expresó.

También se refirió a “otros temas que están siendo desatendidos, como el tema de la salud, específicamente el tema de la salud mental y otros. Esto motivó una carta que hoy en algunos medios está publicada, de personas detenidas tanto en la Unidad de Detención de Río Grande como en la alcaidía, donde se expresan todas estas cuestiones. Hay allí también críticas al Comité de Prevención contra la Tortura, debo decirlo como integrante del mismo, porque estos temas no se resuelven, no se atienden”.

“En realidad, desde mi punto de vista, estos temas son responsabilidad de los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, porque ellos son quienes tienen las herramientas para comenzar a resolver estas situaciones. Pero por lo general lo que se dice es, llamativamente, lo mismo que nos vino a decir (Javier) Milei hace un tiempo: no hay plata. No hay plata para estas cuestiones, pero tampoco parece que hay alternativas de soluciones, como liberar espacios, ver qué edificios están en desuso como para readecuarlos y alojar personas. La situación es grave, hoy por hoy, en las cárceles de la provincia de Tierra del Fuego, eso es lo cierto”, indicó Piñeiro.

 

No a las cárceles privadas

 

En otro orden, al ser consultado sobre la posibilidad de avanzar con la privatización de las cárceles, José Piñeiro respondió: “estoy personalmente, y también como integrante de la Multisectorial lo digo, absolutamente en contra de estas alternativas. Hay experiencias en otros países, donde está probado que no es la solución. Y yo, desde lo personal lo manifiesto, me niego a creer que un privado puede hacer mejor las cosas que el Estado”.

“No puede ser y en realidad esto es responsabilidad de quienes conducen el Estado. El mismo verso nos hicieron en los ´90 con Aerolíneas Argentinas, con los trenes, con YPF, con las empresas que decían que el Estado no las podía manejar y que las manejaban mejor los privados. Yo me pregunto el por qué, debemos preguntarnos si no hay ahí algún tipo de intencionalidad o qué es lo que pasa con quienes están conduciendo el Estado, que son incapaces de conducir una empresa, hacerla rentable y que sea en beneficio de la comunidad”, expresó.

En ese mismo sentido, señaló: “Lo mismo con las cárceles, ¿por qué un privado puede manejar algo que el Estado, con semejante estructura y cantidad de personal, de profesionales, etcétera, no lo puede hacer? Hoy, por ejemplo, en la Unidad de Detención están sin atención en salud mental, algo que sucede desde hace meses. Hay un psicólogo que pidió seis meses de licencia y, sin embargo, va cotidianamente a entrenar al equipo de fútbol de los presos a la Unidad de Detención. Bueno, esto está obviamente generando malestar y una cantidad de inconvenientes. Tampoco hay una profesional médica que esté atendiendo a las personas privadas de su libertad en la Unidad de Detención de Río Grande. Hay una enfermera exclusivamente. Están sin médicos porque también desde hace meses solicitó licencia la profesional que estaba a cargo. El tema de la salud es realmente muy grave y es incomprensible que el Estado, con la estructura que tiene, no lo pueda resolver”, señaló.

 

Las mujeres

 

El integrante de la Multisectorial, también habló sobre la situación en la alcaidía femenina que funciona en Ushuaia, “que tiene también sus problemas particulares, porque tampoco es que funcione todo bien en la alcaidía femenina”, alertó Piñeiro. Mencionando que “Una compañera que está privada de su libertad, en su momento me decía que, como siempre, como en todos los lugares, las mujeres siempre la pasan un poco peor”.

Comentó que, entre otras cuestiones “tienen problemas con las visitas, con la posibilidad de ver a sus hijos, porque existen condicionamientos que en los lugares de alojamiento de hombres no tienen. Por ejemplo, que los hijos o hijas tienen que ir con un familiar directo del mismo, que sea femenino. O sea, un papá no puede acompañar a su hijo a ver a la madre que está privada de su libertad. Tiene que ser otro familiar de sexo femenino”, relató.

 

Reclamos por la comida

 

Sobre la comida que están recibiendo, mencionó que “La comida hasta hace algún tiempo venía siendo aceptable, luego se fueron reduciendo un poco las porciones. Hoy yo personalmente, como integrante de la Multisectorial, recibí algunos planteos acerca de la calidad de la comida y del estado de la comida. En este tema, vamos a estar trabajando desde el Comité para ver qué sucede. Si es así, por estos días estaremos pidiendo algún tipo de informe al respecto”, anticipo.

De igual manera dijo que “algunas personas que están alojadas en la Unidad de Detención Número Uno, me hacían llegar esta situación, señalando que la comida estaría viniendo en algunos casos en mal estado, o por lo menos en un estado dudoso, así que veremos de confirmar si es así o no”.

 

Teléfono para los tres poderes

 

Ya concluyendo, al preguntarle las vías que tiene el Comité de Prevención Contra la Tortura para canalizar los reclamos, señaló que “la responsabilidad está centrada en estos tres poderes del estado, que tienen representación en el Comité de Prevención Contra la Tortura, porque hay dos legisladores, porque hay un juez del Superior Tribunal de Justicia, porque hay un representante del Poder Ejecutivo Provincial, así que no desconocen esta situación”.

“Así como estamos las ONGs, también están los tres poderes del estado en el Comité, por lo menos según cómo funciona aquí en la Provincia de Tierra del Fuego. Así que no hay desconocimiento. Ahora, si me preguntas a mí, personalmente, yo pienso que vamos a tener que empezar a evaluar o avanzar con otro tipo de medidas con nuestros planteos, vía denuncias, o de alguna forma para que haya responsabilidad sobre estas situaciones”, remarcó.

Indicando, por último, que “la Alcaidía de Ushuaia, está al borde del colapso, pero del colapso edilicio. En ese lugar puede pasar una tragedia, con la cantidad de gente que está ahí alojada, si hay un problema con ese edificio, que está aparte en una zona sísmica. No es un edificio preparado para alojar a la cantidad de gente que está alojando, para tener el peso que tiene, y es una estructura vieja, que yo creo que está al borde del colapso”, alertó finalmente el integrante del Comité de Prevención Contra la Tortura.

Foto: Gentileza Emilia Bonadies