El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su profunda consternación ante el despido injustificado que sufrió el periodista riograndense Abel Carrari el pasado 13 de julio. El comunicador fue desvinculado de su cargo como asesor de prensa del legislador provincial Federico Greve, perteneciente al partido oficialista Forja, luego de que una compañera formulara comentarios críticos sobre la infraestructura escolar durante el ciclo radial que ambos conducen en el medio autogestionado Lacontratapatdf.com. La organización calificó el episodio como un grave abuso de poder estatal que atenta contra la libertad de prensa y el derecho ciudadano a recibir información sin condicionamientos.
Carrari cumplía funciones en el área de comunicación institucional junto al parlamentario desde el año 2020. Entre sus tareas habituales se encontraban la administración de las redes sociales del legislador y de la fuerza política a nivel provincial, la producción de contenidos digitales, la cobertura fotográfica de actividades y la redacción y distribución de gacetillas de prensa. Según detalló el informe de la entidad, durante todo ese período el trabajador jamás recibió sanciones disciplinarias, llamados de atención ni cuestionamientos sobre su desempeño profesional.
A comienzos de 2026, el periodista inició en forma paralela un programa de radio transmitido vía streaming en un portal digital junto a su colega Noelia Gauna. Antes de comenzar el proyecto, Carrari informó personalmente al legislador Greve sobre esta nueva labor y no recibió ningún tipo de objeción ni advertencia sobre una posible incompatibilidad con su puesto en la Legislatura.
El conflicto se desencadenó en julio, cuando Gauna describió al aire las dificultades generadas por el mal estado de los establecimientos educativos provinciales y el malestar que esa situación provocaba entre docentes y familias. Frente a ese planteo, Carrari se limitó a asentir y expresar su deseo de que el problema se resolviera cuanto antes. El comunicado remarcó que no existieron insultos, agravios ni acusaciones, sino apenas una observación sobre un tema de evidente interés público.
Esa misma noche, el periodista recibió la notificación de que había perdido su empleo como asesor debido a que tanto el legislador Greve como el gobernador Gustavo Melella estaban muy molestos por los dichos emitidos en la radio. En una conversación posterior, el propio parlamentario le reprochó al trabajador que no hubiera defendido al aire la gestión del Ejecutivo provincial.
Cuestionamientos al disciplinamiento laboral
Al analizar la gravedad del caso, la entidad periodística señaló en su documento que "FOPEA considera lamentable y reprochable que un dirigente político considere que contratar a un profesional de periodismo para una tarea específica implica someter en forma completa su libertad de opinión, de trabajo y de expresión, como si dar un empleo fuera comprar a una persona en su integridad".
Asimismo, el foro contextualizó la situación laboral que atraviesa el sector en la actualidad y advirtió que "el pluriempleo de periodistas es una realidad insoslayable, derivada de lo exiguo de los salarios, que obligan a los colegas a desempeñarse en varios medios o alternar el periodismo profesional con tareas de comunicación institucional o política". En esa línea, la organización sostuvo de manera tajante que "esta condición no puede convertirse en un método de presión, adoctrinamiento ni sometimiento, ni conspirar contra la libertad de expresión y opinión de los colegas".
El pronunciamiento también puso el foco en el manejo de los fondos públicos y la responsabilidad institucional de los funcionarios. Al respecto, el texto indicó que "ejercer la autoridad, en especial mediante el uso de dineros del Estado, para disciplinar, someter o condicionar la tarea de periodistas profesionales es una práctica reñida con los principios democráticos y debe ser evitada, denunciada y sancionada por parte de las autoridades, que son quienes deben velar por la salud de un sistema republicano".
Desde el Monitoreo de Libertad de Expresión de la institución informaron que intentaron obtener la versión del legislador Federico Greve antes de difundir el caso, pero las consultas no recibieron respuesta. Finalmente, la entidad concluyó que "FOPEA registra el hecho como un abuso del poder estatal en perjuicio del derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público sin condicionamientos y al derecho de ejercer el periodismo sin restricciones ni represalias".