PROVINCIALES | 20 OCT 2026
PUERTO INTERVENIDO
El Puerto de Ushuaia en el ojo de la tormenta, por una licitación millonaria tras el desplazamiento de trabajadores
En medio de una creciente tensión en la estación marítima de la capital fueguina, el personal de planta denunció que la intervención nacional impulsó un llamado a licitación por cerca de 4.000 millones de pesos para privatizar la seguridad. La maniobra, que representa un incremento del 876% respecto al contrato previo, abarca tareas que antes realizaba el personal provincial que fue desplazado de sus puestos, tras la llegada de las autoridades nacionales.
La tensión política y laboral en el Puerto de Ushuaia alcanzó un nuevo pico de conflicto luego de que las trabajadoras y los trabajadores de la estación marítima denunciaran públicamente una maniobra de la intervención nacional. A través de un documento emitido este martes, un sector del personal advirtió sobre un proceso licitatorio impulsado por la Administración General de Puertos (AGP) por casi 4.000 millones de pesos anuales para la contratación de seguridad privada. El reclamo cobra mayor trascendencia al señalar que la medida busca privatizar y cubrir funciones de patrullaje y control que históricamente desempeñaba la planta permanente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), cuyos empleados resultaron desplazados tras la intervención del Estado nacional concretada a comienzos de este año.
El foco del reclamo se centra en la Licitación Pública N.º 15/2026, autorizada mediante la Resolución AGP N.º 132/2026. Según expusieron los empleados portuarios, dicha iniciativa “prevé contratar un servicio de seguridad y vigilancia privada por $3.978.620.726,40 anuales”. La cifra causó alarma inmediata en el sector al ser contrastada con el convenio de prestaciones que la Dirección Provincial de Puertos había ratificado en noviembre de 2025 con la firma BUSHI-DO SEGURIDAD por un monto anual de $407.750.250. La diferencia presupuestaria entre ambos esquemas supera los $3.570 millones, lo que significa una suba nominal del 876%.
El trasfondo operativo de esta medida refleja un severo cambio en la dinámica cotidiana del puerto fueguino. Hasta antes de la intervención nacional concretada el 21 de enero de 2026, la administración local operaba bajo un esquema mixto: la firma privada custodiaba los accesos principales, mientras que el personal estatal fiscalizaba el resto de los predios. Para cumplir con esa tarea, los operarios provinciales contaban con movilidad y logística propia.
Sin embargo, el comunicado denunció el trasvasamiento de estos insumos y la marginación del personal estatal: “ANPyN desplazó a los trabajadores portuarios y ahora pretende gastar casi $4.000 millones en seguridad privada”. En esa misma línea, el texto añadió que el organismo nacional “quedó en posesión de los vehículos de vigilancia pertenecientes a la DPP” que anteriormente utilizaba la plantilla local.
La indignación de la planta permanente radica en que la nueva licitación incluye no solo vigilancia, sino también supervisión y movilidad corporativa privatizada. Frente a este escenario, los gremios e integrantes del puerto expresaron que “resulta llamativo que la intervención nacional pretenda destinar casi $4.000 millones a la contratación de seguridad privada para cubrir funciones que anteriormente eran desempeñadas por trabajadores de planta permanente de la Dirección Provincial de Puertos, utilizando recursos humanos y vehículos oficiales que ya estaban disponibles antes de la intervención”.
Asimismo, los denunciantes advirtieron que los pliegos de la compulsa otorgan la facultad de prorrogar el vínculo por doce meses adicionales, con lo cual “el gasto potencial podría acercarse a los $8.000 millones en dos años”.
Desde la perspectiva de las y los trabajadores, el esquema configura un contrasentido administrativo y económico. “La paradoja de la intervención es evidente: primero desplazan a los trabajadores, se quedan con los vehículos provinciales y después presupuestan miles de millones para contratar servicios privados que incluyen esas mismas funciones”, manifestaron en el escrito.
Finalmente, el colectivo laboral remarcó que la envergadura de los fondos en juego y el eventual uso de la recaudación portuaria para financiar el pliego exigen una auditoría profunda. Al respecto, aclararon que los valores citados corresponden al presupuesto oficial de la licitación en marcha y no a una adjudicación firme, según consta en los registros de la Resolución AGP N.º 132/2026 y el Contrato DPP N.º 1327/2025.
