“No podemos hablar de un país democrático cuando hay gente sin Estado de Derecho”

Frente a la Jefatura de Policía de Río Grande, la tensión y la incertidumbre en torno al reclamo de los policías territoriales retirados sumaron un capítulo definitivo al quedar instalado un acampe de protesta que promete no levantarse hasta obtener una solución concreta. En un contexto marcado por más de un año de gestiones infructuosas ante la Justicia y el Gobierno, la comunidad presencia el endurecimiento de una postura motivada por la falta de cobro de sus haberes.

En las inmediaciones del edificio policial, en declaraciones para Radio Provincia Alfredo Gatti repasó los fundamentos del pedido de juicio político presentado en la Legislatura y expuso la grave situación social y de salud que atraviesan las familias perjudicadas.

Al referirse a la grave situación institucional y a los pasos seguidos por el sector frente al no cobro de sus haberes previsionales desde hace más de un año, el retirado puntualizó el pedido tramitado en el ámbito parlamentario para evaluar las actuaciones de la máxima autoridad de la provincia. “Nosotros en realidad hemos presentado el pedido de juicio político, ahora les queda a las autoridades legislativas investigar, por supuesto, todas las violaciones que hemos presentado, todas las violaciones que hemos denunciado hasta el momento, y serán ellos los responsables primero de decidir si lo inician, de investigar si por acción u omisión hay cierta responsabilidad hacia el gobernador”, sostuvo.

Respecto al rol que le cabe al titular del Ejecutivo en esta problemática y los fundamentos legales que resguardan el derecho de los damnificados, remarcó las atribuciones de la figura gubernamental en el andamiaje normativo. “El gobernador, como la máxima autoridad de la provincia, tendría que haber hecho respetar primero la Constitución Provincial, y por supuesto él es responsable y garante, por la figura que tiene el gobernador, de todo sistema previsional, tanto sea de la policía como de la administración pública”, aseveró, para luego enfatizar las normativas pasadas por alto: “Por supuesto, nosotros acá estamos denunciando la violación a la ley de policía, estamos en violación directamente a la Constitución Provincial, porque es garante del sistema previsional, y a la Constitución Nacional, y a tratados internacionales que tienen la jerarquía de la Constitución Nacional”.

En relación a los factores que determinaron el armado de la carpa y las modalidades que adoptará la protesta frente a las dependencias de la fuerza, fundamentó la decisión colectiva de permanecer en el lugar de forma ininterrumpida. “Nosotros estamos totalmente decididos que si esto no se soluciona la carpa va a seguir, lamentablemente nos han llevado a esta situación, hace 15 meses que nosotros venimos denunciando, nos han dado la espalda desde el Poder Ejecutivo, la Justicia, porque nos obligan prácticamente a que hagamos un juicio ordinario, sabiendo que este es un colectivo de gente mayor, muchas de las personas que nos sentimos perjudicados, estamos enfermos, tenemos enfermedades crónicas, algunas graves, han fallecido lamentablemente algunos camaradas, y no nos queda otra posibilidad que sacarlo del contexto en el que estábamos reclamando dos veces por semana, y llevarla al acampe hasta las últimas consecuencias”, sentenció.

Sobre la permanencia nocturna y el nivel de dureza adoptado con la medida de fuerza en el sitio de origen de los reclamos, confirmó que mantendrán la estructura instalada de manera permanente. “Sí, la carpa no se va a levantar hasta que esto se solucione”, afirmó.

En cuanto al reparto de responsabilidades sobre el estado actual del conflicto y el personal involucrado en el control institucional, responsabilizó directamente a los estamentos encargados de velar por la norma. “Lamentablemente nos llevaron a esta situación, y con esto quiero hacer responsable directamente al directorio de la Caja, a la Jefatura de Policía quien nombra a los directores, por supuesto al Poder Ejecutivo, que deberían haber hecho cumplir la ley y no hicieron cumplir, y lamentablemente no tenemos otra opción que montar la carpa y esperar que el resultado sea positivo para nosotros”, remarcó.

Al abordar la percepción de abandono e indiferencia por parte del Estado tras 15 meses ininterrumpidos de reclamos, graficó el nivel de postergación institucional que padece el sector. “Yo vengo diciendo del primer día, a nosotros nos tratan como ciudadanos segunda, si nosotros no tenemos nuestros derechos, no están garantizadas las instituciones democráticas, porque en este caso la Legislatura volvió a sumar la ley para que cumplan con la ley, ni así tampoco el Ejecutivo la cumple. Entonces no podemos hablar de un país democrático cuando tiene gente que no tiene Estado de Derecho como nosotros”, denunció.

Consultado sobre las urgencias que los empujan a ejercer esta presión pública y la gravedad del impacto que genera la falta de haberes en el plano humano, visibilizó los dramas personales y de salud que afectan a los retirados. “Yo apunto directamente a la desesperación que ya tenemos. Acá hay gente que está enferma, no tenemos obra social, hay gente que está en una situación extrema de gravedad, enfermedades graves, terminales, en algunos casos, y que se nos ha confiscado sin ninguna medida judicial, directamente el 100% del haber compensatorio, somos las únicas personas a las que nos pasa. Acá, si te embargan el sueldo, no te pueden embargar más de un 20%, y acá, sin embargo, han hecho mal uso del ejercicio de la ley, porque la dejaron de cumplir, y la confiscación es del 100%”, enfatizó.

Finalmente, al ser requerido sobre cuál sería la salida inmediata para destrabar el conflicto que los mantiene en la calle, resumió en términos categóricos la única vía posible para destrabar la protesta. “Que asuman el compromiso de pago, no queda otra”, concluyó.