Río Grande acompaña la presentación judicial para frenar la explotación petrolera en Malvinas

Tras la presentación judicial radicada ante el Juzgado Federal a cargo de la Dra. Mariel Borruto, se llevó adelante el encuentro donde se analizó el alcance de la acción judicial y la posibilidad de acompañar institucionalmente el reclamo entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante. El objetivo es frenar el proyecto de explotación petrolera “Sea Lion”, impulsado por empresas británicas e israelíes en aguas del Atlántico Sur.

La presentación impulsada por el CECIM busca detener el megaproyecto petrolero “Sea Lion”, que prevé la perforación de pozos submarinos en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros de las Islas Malvinas. La acción plantea una doble preocupación: la defensa de la soberanía argentina sobre los recursos naturales y el posible impacto ambiental de la explotación.

Durante el encuentro, el Intendente expresó el acompañamiento del Municipio de Río Grande a la presentación judicial, cuyo objetivo es que la Justicia determine el posible daño ambiental derivado de la explotación hidrocarburífera proyectada y adopte las medidas correspondientes.

“Nosotros como Municipio vamos a acompañar esta iniciativa porque es una acción en defensa de nuestra soberanía vulnerada por una potencia colonial que usurpa nuestro territorio y explota ilegalmente nuestros recursos naturales”, sostuvo Martín Perez. Y en ese sentido, señaló que el Municipio analiza avanzar en una estrategia institucional junto al Concejo Deliberante de la ciudad para acompañar la presentación realizada ante la Justicia Federal y, a su vez, promover una acción colectiva junto a otros intendentes y ciudades de la Patagonia.

Por su parte, Guadalupe Zamora afirmó que “creemos que la explotación en esa zona tan próxima a las Islas Malvinas es ilegítima al tratarse de un espacio en disputa. Esos recursos son argentinos y fueguinos, no podemos permitir que estas potencias extranjeras extraigan hidrocarburos que nos pertenecen”.

Asimismo, agregó que “por otro lado existe una irregularidad ambiental, ya que no se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes, tal como exige la legislación argentina”.

La acción judicial solicita que se suspendan las obras y operaciones vinculadas al proyecto, al advertir sobre posibles daños ambientales en una zona de especial relevancia para la soberanía nacional y provincial.

La iniciativa busca, además, que las instituciones fueguinas puedan acompañar el reclamo y reforzar la defensa de los recursos naturales, el ambiente y los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.