La tensión paritaria en el ámbito de la Justicia provincial sumó esta semana un nuevo capítulo ante la ausencia de ofertas concretas que permitan destrabar el reclamo salarial. En las dependencias judiciales, el malestar se profundiza al ritmo de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, una realidad que impacta desde los escalafones más bajos hasta las posiciones jerárquicas. En este escenario, la Unión Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) definió la continuidad de las medidas de fuerza, combinando ceses de actividades con una movilización fijada para el próximo 26 de agosto ante la sede del máximo Tribunal.
Al ser consultado sobre el balance de las últimas medidas de fuerza ejecutadas por el gremio y las expectativas de lograr una negociación, el secretario Adjunto de la UEJN, Matías Taborda, repasó las acciones recientes y lamentó la falta de respuestas. “Nosotros tuvimos medidas de fuerza la semana pasada, un paro de 36 horas que contempló jueves y viernes. Estábamos esperanzados de tener una respuesta para esta semana, algún acercamiento”, expresó.
Respecto de cómo continúa el plan de acción dispuesto por la comisión directiva ante la postura del Superior Tribunal, el referente sindical confirmó la intensificación de las medidas. “A la fecha no ha habido ninguna propuesta concreta. Por lo tanto, se decidió esta semana hacer un cese de actividades a partir de las 12 en todos los edificios de la provincia, y de no mediar alguna alternativa, el 26 de agosto se haría una manifestación frente al Superior Tribunal de Justicia con todos nuestros compañeros”, anunció.
Requerido sobre el estado de los canales de comunicación y la interlocución con las máximas autoridades del fuero provincial, Taborda diferenció las gestiones administrativas del contacto político directo. “Nosotros hoy en día, tenemos una realidad de que el diálogo con las secretarías de superintendencia, que son con quienes por lo general se manejan estas cuestiones, se ha mantenido, asimismo con la presidencia. Lo que sí que en esta complejidad que da la situación actual, consideramos y estamos solicitando reuniones con los cinco ministros, dado que estipulamos que los cinco tienen que estar involucrados en la lucha por la independencia y el salario de los trabajadores judiciales”, puntualizó.
Indagado sobre si, hasta el momento, la respuesta institucional había quedado restringida únicamente a la Presidencia y a la Superintendencia sin lograr convocar al pleno del tribunal, el dirgente confirmó que “no ha habido tampoco la respuesta que nosotros esperamos”.
En relación con el diagnóstico económico que realiza el gremio sobre el atraso de los haberes frente al costo de vida actual, Taborda analizó el deterioro de los ingresos en lo que va del año. “A esta altura del año, como la mayoría de los gremios, tenemos un arrastre de pérdida de poder administrativo desde 2024, y contemplando que consideramos rotundamente que la inflación actual no es la real, no es la que vivimos, pero solamente contemplando los números actuales llevamos perdido en el año un 5%. Entonces la pérdida es sostenida del salario, como le está pasando a la mayoría de los trabajadores, y bueno, no nos podemos quedar de brazos cruzados”, aseveró.
Preguntado sobre las consecuencias cotidianas de este desfasaje en los trabajadores y las estrategias a las que deben recurrir para afrontar los gastos diarios, el dirigente graficó con dureza la realidad de las dependencias. “Acá en el lugar de trabajo, tenemos compañeros que se levantan muy temprano a la mañana, hacen algunas cosas para vender entre sus mismos compañeros durante la mañana, otros están desesperados para poder retirarse a las 14 puntuales. Sabemos que eso acá en algunos casos es bastante difícil, dado que algunos juzgados requieren lo que se dice trabajo fuera de hora, que acá no es contemplado ni con horas extras ni con nada, contamos con 5 días en el año nomás para compensar eso, y es a discreción del titular del área. Y se van a realizar otras tareas, desde Uber, changas, lo que venga, porque se está haciendo muy difícil llegar a fin de mes. De hecho el día jueves hay una marcha a nivel nacional que promueve la CGT por el endeudamiento generalizado que tiene la sociedad argentina”, expuso.
Respecto de si este fenómeno del endeudamiento y la pauperización del salario golpea únicamente a los trabajadores de menores ingresos o si se ha extendido a toda la estructura judicial, Taborda remarcó el alcance generalizado de la crisis. “Hoy en día no escapa nadie, no escapa ni es exclusivo de las categorías más bajas, hoy se puede decir que se le está haciendo muy difícil, te diría hasta los secretarios, que habían tenido un sueldo medianamente bueno. Hoy se les está complicando dependiendo de la conformación del grupo familiar, el establecimiento educativo donde vayan los hijos, lo que sea, se está complicando mucho porque los sueldos han perdido muchísimo el poder adquisitivo, es una situación que hoy en día escapa a muy pocos”, manifestó.
Por último, al ser consultado sobre las condiciones necesarias para levantar las medidas de fuerza y arribar a una solución definitiva del conflicto salarial, el secretario Adjunto remarcó que la definición final depende del Poder Judicial. “La idea es seguir con las medidas y sinceramente siempre tratando de juntarnos con los 5 ministros porque ya queremos que el conflicto se solucione, queremos soluciones que no sean a corto plazo con una recomposición que contemple un solo mes, sino que se realicen recomposiciones escalonadas durante el año que contemplen una recuperación del poder adquisitivo en los trabajadores. Y eso haría que las medidas cesen, porque ahora no hay ninguna propuesta, ya el mes que viene vamos a necesitar que se vuelvan a ver los números y también queremos que el conflicto termine, pero bueno, la solución al mismo no está en nuestras manos sino en las manos de otros”, concluyó.