Carla Wichmann y Natalia Algañaraz, participaron de la última emisión del programa radial “Desde las Bases”, emitido por Radio Provincia, donde señalaron: “Nosotros venimos denunciando esto hace más de un año. Lo que pasó en el glaciar Martial nos genera una mezcla tremenda de tristeza y enojo, porque ese glaciar está vivo. Es el guardián del agua potable y de todo el entorno que le da vida al pueblo de Ushuaia. Ahora inauguraron este centro de esquí y lo vendieron, como venden todo siempre, como parte de ese turismo extractivo que la ciudad viene sufriendo hace décadas. Te lo meten con el verso del desarrollo, del laburo y de reactivar la historia, pero la realidad es que sacaron la aerosilla antigua por completo y armaron un complejo privado trescientos metros más cerca del glaciar. Para hacer esto talaron bosque nativo y contaminaron el arroyo Buena Esperanza. Era terrible ir a la obra y ver semejante degradación ambiental”, señalaron las militantes ambientalistas.
En ese mismo sentido, expresaron que “Acá hay que dejar algo bien en claro. Esta denuncia forma parte de la campaña Defendamos el Martial, donde nos movemos vecinos de diferentes espacios, organizaciones y otros territorios. Esto no es un capricho de dos o tres personas de Ushuaia, sino que afecta a los bienes comunes de toda la provincia. Lo que hicieron las autoridades con esta concesión a una Unión Transitoria de Empresas es lisa y llanamente la privatización de lo público, la desposesión total de la comunidad de aquello que era de todos”.
"El Martial era un lugar al que uno subía, pasaba, caminaba, un espacio común donde no había que mostrar documento ni acreditar residencia". “Ahora está en manos de un privado que controla y decide quién entra, quién sale, quién esquía y quién no. Es un plan sistemático de desplazamiento que se ve en toda Tierra del Fuego, como los alambrados en la costa que te impiden llegar al mar. Te hablan con palabras paquetas del discurso desarrollista, pero la realidad en el cuerpo de los vecinos es que te cortan el subsidio de gas, antes de que arranque el invierno”, compararon.
Continuando con la defensa del territorio, indicaron que “El Martial es un glaciar omnipresente, parte de nuestro ser y de nuestro habitar este territorio. Los representantes del Infuetur y el propio gobernador hablan del "producto nieve" como una promoción marketinera. Habría que preguntarles qué es el producto nieve, para qué y para quién lo construyen, porque los pueblos originarios jamás llamaron producto a la naturaleza. Nos están arrebatando las cosas en la cara. El día del corte de cinta daba pena ver las fotos por el nivel de degradación del lugar. Te dicen que cuando nieva se tapa todo, pero el desastre ya fue reconocido por la propia Fiscalía de Estado. La remoción del suelo y las excavaciones alteraron los cursos y la calidad del agua del arroyo Buena Esperanza el año pasado, generando una turbidez tremenda en el agua que tomamos todos en Ushuaia. Para arreglarlo, la DIPOSS tuvo que bombear desde el Arroyo Grande para mezclar el agua y que sea tratable. Esos costos operativos extras los terminamos pagando nosotros, no la empresa insolvente que ganó la licitación”, remarcaron.
Advirtiendo, además, que quienes deberían controlar desde el Estado “Convalidan todo, le dan una legitimación administrativa al desastre. El año pasado pedíamos informes y nos decían que estaba todo controlado. En el verano permitieron que las camionetas 4x4 pasaran haciendo un festín por el arroyo Buena Esperanza, mojando los chasis en la principal reserva de agua dulce que tenemos”.
“Es una burla al pueblo, estamos viviendo un industricidio a escala nacional y provincial con miles de familias que se quedan sin laburo tanto en Ushuaia como en Río Grande. En las escuelas los chicos van a comer un pedazo de pan porque es lo único que tienen, hay colegios que no tienen ni para la leche. Los pibes no duermen, no comen bien, y las autoridades te meten un centro de esquí carísimo diciendo que es para el pueblo”. "Es una actividad totalmente clasista, donde para ingresar necesitás alrededor de cien mil pesos por persona, sin contar la ropa ni los equipos. Una familia tipo se gasta el sueldo entero de un operario para pasar un día ahí. Es un centro pensado exclusivamente para el turismo de lujo y para la acumulación de ganancias del privado”, señalaron las referente de la campaña “Defendamos el Martial”.
Salmoneras al acecho
Wichmann y Algañaraz también sumaron que “Para colmo, ahora vuelven a la carga con los cantos de sirena de las salmoneras en Tolhuin y en Río Grande, celebrando acuerdos que no son transparentes y ocultando la información pública. Nos quieren poner siempre en la falsa dicotomía de que estamos en contra del trabajo y del progreso, pero nosotros nos remitimos a las pruebas de más de cuarenta años de extractivismo intensificado en nuestro territorio. El resultado de ese modelo está a la vista de todos y es el aumento de la pobreza. Quienes habitamos este suelo no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante estos proyectos que destruyen el entorno y primarizan la economía. Los gobernantes tienen que entender que la ciudadanía les da un mandato, no un cheque en blanco”, aclararon.
Repasando que “Los nuevos anuncios del gobernador celebrando cartas de intención y proyectos en Tolhuin y Río Grande, puntualmente en las zonas de la estancia Las Violetas con Sulko Romero, encendieron las alarmas en la comunidad”. Mencionaron que desde las organizaciones se están armando acciones urgentes de visibilización y denuncia, porque “la exclusión ciudadana en estas tratativas es total. Ya lo hicieron en su momento con los pueblos originarios al negarles el derecho a la consulta previa, libre e informada antes de modificar la ley, y ahora repiten la receta ocultando la información pública”. Dijeron que los pedidos de informes presentados ante el Ministerio de Producción y Ambiente buscan echar luz sobre “convenios indescifrables que incluso mencionan manipulaciones y estudios genéticos en el proyecto de Tolhuin, algo que resulta completamente abrumador para quienes defienden el entorno natural”. “Nos quieren meter un modelo extractivo de prepo, usando la necesidad de la gente como un cheque en blanco”, concluyeron.
Para terminar afirmando que “No se van a bajar los brazos porque la meta es generar conciencia de que la población local no comulga con estas prácticas entreguistas. Lejos de la contaminación y la mercantilización, lo que se exige es el diseño de políticas públicas reales orientadas a la soberanía alimentaria, soluciones habitacionales genuinas y empleo digno para el bien común, no un empleo sostenido en la precarización absoluta”.