La devaluación de los ingresos empuja a los judiciales a buscar un segundo empleo

La situación del empleado judicial viene muy complicada desde hace tiempo. Desde la UEJN, vienen advirtiendo que se arrastra una debacle salarial desde fines de 2023 que se asemeja a lo que le tocó sufrir al conjunto de la sociedad en general. Aseguran que fue una vorágine de unos meses con pérdidas frente a la inflación que “complicó la vida de todo el mundo”. A partir de ese momento se inició un plan de lucha para intentar una recuperación de los ingresos, considerando que en aquel entonces el salario quedó unos 60 puntos por debajo de los índices inflacionarios.

“Durante el año 2024 las medidas de fuerza permitieron recuperar unos 30 puntos y en 2025 se consiguieron otros 8 puntos por encima de la inflación. Sin embargo, este año el alivio que se venía logrando fue devastado por varios meses consecutivos sin ningún tipo de recomposición salarial”, indicó el titular de la UEJN, Federico Villone, en declaraciones a Radio Provincia. Al día de hoy ya se acumulan tres meses sin aumentos en un contexto donde los precios siguen subiendo, lo que significa que lo poco que se había recuperado ya se perdió de vuelta. Esto, sumado al altísimo costo de vida en Tierra del Fuego y a la compleja situación nacional, obliga a la realización de planteos salariales constantes. A principio de año, el Superior Tribunal de Justicia dictó la denominada acordada de austeridad para frenar ascensos, viáticos y compras de insumos por 90 días con el fin de generar un ahorro, garantizando que eso no afectaría la discusión paritaria. Al final, en ese período no hubo concursos ni mejoras salariales, dejando al trabajador judicial en una posición muy apremiante y bastante lejos de las cifras que percibe la cúpula del poder. "Hay compañeros y compañeras que están por debajo de la canasta básica", alertó el secretario General.

Distorsión en la escala y pluriempleo en los tribunales

La difusión del sueldo de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, estimado en cerca de 25 millones de pesos, tiene sus explicaciones técnicas por sus más de cinco décadas de edad, la antigüedad en el Poder Judicial y los 20 años de permanencia en el cargo, factores que lógicamente inflan su recibo. El problema real se evidencia al mirar las bases, donde un ingresante a la justicia percibe aproximadamente un millón 600 mil pesos. A partir de allí existen unas 18 categorías que escalan a razón de un 10% más cada una, ubicando al salario promedio de la mayoría de los judiciales entre los 2 y los 4 millones de pesos, una franja que ya incluye a personas con responsabilidades importantes como secretarios. Una encuesta reciente del gremio, respondida por un tercio de la planta de trabajadores, arrojó datos sumamente preocupantes para un sector que históricamente no vivía estas urgencias.

“El 90% de los empleados judiciales se endeuda o llega muy con lo justo a fin de mes, recurriendo al crédito para costear gastos netamente básicos. En sintonía con esto, un 40% de los trabajadores ya se encuentra buscando un segundo empleo o directamente ya lo tiene”, expresó el dirigente judicial. Esta realidad representa un problema severo para el funcionamiento del servicio de justicia. Habitualmente se busca que el personal viva exclusivamente de su sueldo judicial, de hecho, los funcionarios y magistrados lo tienen estrictamente prohibido por ley. Los empleados pueden tener otra actividad si solicitan permiso, pero alguien que sale a las dos de la tarde a cumplir otra jornada laboral pierde la posibilidad de capacitarse para el progreso de su carrera y no dispone de la misma energía, afectando indirectamente la independencia del sector. El salario es un reconocimiento indispensable para garantizar que la justicia no dependa de otros factores externos. El 95% de los encuestados sostiene que las recomposiciones no alcanzan para tapar los baches financieros que se generan mes a mes.

Continuidad de las medidas y la unidad gremial

La respuesta ante la falta de soluciones se tradujo en una huelga de 24 horas, que formó parte de un paro total de 36 horas dispuesto para la semana que pasó. Las acciones se están coordinando con la otra organización gremial, entendiendo la importancia de nutrir la organización de los trabajadores a nivel provincial. De no mediar respuestas del Poder Ejecutivo, del cual depende en última instancia la aprobación presupuestaria para los salarios, el panorama para las próximas semanas anticipa la continuidad de las medidas de fuerza.

“La contundencia de la cifra salarial de la presidencia del Tribunal no debe ser un motivo de indignación vacía, sino una invitación a luchar con más fuerza por los compañeros de las bases y por quienes aspiran a una carrera judicial equitativa, ya que semejante brecha desequilibra por completo cualquier mesa de negociación”. "La realidad supera la idea y la unidad prevalece sobre el conflicto", afirman desde la UEJN. Asegurando que “No es momento de divisiones ni de sectorizaciones, sino de conducir el reclamo con madurez porque lo que está en juego es el bienestar de las familias. Muchos de los sueldos que hoy están deteriorados representan el único ingreso del hogar, dado que muchas parejas de los trabajadores están perdiendo sus empleos en el sector privado. El acatamiento a los paros es muy alto y existe un compromiso enorme de quienes sostienen las guardias mínimas, entendiendo que los referentes sindicales deben ponerse a la cabeza de las luchas”, dijo el dirigente judicial.

El debate por la infraestructura y la compra del nuevo edificio

El reciente anuncio sobre la adquisición de un inmueble destinado a la dirección pericial también formó parte de las explicaciones exigidas al Superior Tribunal de Justicia. Los peritos se encuentran trabajando actualmente en el edificio de la calle Alem, una estructura muy complicada y sin la preparación adecuada para albergar dependencias operativas y archivos.

Si bien el momento del anuncio generó cierto ruido interno en medio de la discusión paritaria, las aclaraciones oficiales confirmaron que la compra se efectuó con partidas específicas del presupuesto que solo pueden ser destinadas a obras de infraestructura y que están legalmente prohibidas para el pago de salarios. La atención del gremio se enfoca ahora en auditar, mediante recorridas con los propios trabajadores, si las nuevas instalaciones verdaderamente cumplen con las necesidades técnicas de la dirección pericial y si el precio abonado se corresponde con el valor de mercado. La organización mantiene la postura de priorizar los edificios propios para evitar los alquileres onerosos, bajo la premisa de desalojar paulatinamente el inmueble de Alem y relocalizar los archivos que todavía permanecen allí.