Nancy Fernández se refirió a los anuncios de inversión pesquera y la gestión de residuos

La referente de la organización ambientalista Manekenk, Nancy Fernández, en diálogo con Radio Provincia, confirmó que la búsqueda de información oficial, ante las recientes promesas de inversión en la provincia con la supuesta intención de desarrollar diferentes proyectos, se mantiene como el principal obstáculo para las organizaciones civiles, debido a que los proyectos vigentes no superan la instancia de meros anuncios.

Frente a este panorama, desde Manekenk se solicitó la participación del subsecretario de Pesca, Diego Marzioni, en la próxima reunión del Consejo de Medio Ambiente, encuentro que se concretará tras dos meses de inactividad, según advirtió Fernández. Sin embargo, el funcionario declinó la invitación argumentando “problemas de agenda”, una postura recurrente durante el último año que genera profunda preocupación en el sector por la firma de convenios que no se condicen con la realidad territorial.

Los cuestionamientos apuntan a las llamativas estrategias gubernamentales que buscan instalar una imagen de avance productivo inexistente, entre las que dijo Fernández que se mencionaron “propuestas inviables” como la del empresario local Osvaldo “Sulko” Romero, que promete desembolsos superiores a los 12 millones de dólares. Desde el colectivo ambiental sostienen que estas iniciativas 2carecen de previsibilidad y se encuadran en una reglamentación inconsistente”. Por este motivo, se presentará un reclamo administrativo debido a los “severos errores técnicos y normativos detectados en el decreto reglamentario, el cual contradice las normativas nacionales sobre la evaluación ambiental estratégica”, expresó Fernández.

También se advirtió, durante la entrevista, que la legislación vigente, defendida en su momento por el propio Marzioni, establece “de manera taxativa que ningún emprendimiento puede ser autorizado sin la realización previa de dicho estudio ambiental”. Fernández indicó que al omitir el inicio de estos procesos participativos, la administración pública “genera inseguridad jurídica y normativa para las firmas privadas involucradas, ya que se anticipan autorizaciones que podrían quedar sin efecto”. A este escenario, se suma el “sistemático retraso en las respuestas a los pedidos de informes y el incumplimiento de la Ley de Información Pública por parte del Ministerio de Producción y Ambiente”, remarcó la referente de Manekenk.

Incluso, se señaló que la falta de respuestas formales abarca también a otras áreas estatales, como ocurrió con los pasivos ambientales de Terra Ignis, cuya contestación demoró seis meses y derivó la responsabilidad al Ministerio de Minería. Pero advirtió Nancy Fernández que esta última cartera no posee competencia como autoridad de aplicación en la materia, rol que le corresponde legalmente al Ministerio de Producción y Ambiente bajo la órbita de la ley 55. Asimismo, se denunció la opacidad en torno a las evaluaciones financiadas por el CFI, aclarando que este tipo de informes técnicos, al ser solventados con recursos públicos, no pueden ser amparados bajo cláusulas de confidencialidad.

Ante la falta de sustento administrativo de los proyectos salmoneros, que actualmente no superan el estatus de cartas de intención, el colectivo "No Las Salmoneras" ratificó que continuará con sus acciones de concientización durante el segundo semestre. La organización alertó sobre las falsas expectativas de empleo y criticó la inviabilidad de utilizar el caudal del río Chico para múltiples actividades simultáneas, debido a que los estudios oficiales se realizan de forma segmentada. De igual modo, se cuestionó la viabilidad de incorporar infraestructura energética externa, ante el actual déficit que sufren las zonas periféricas de la región.

Por otra parte, la problemática del relleno sanitario en Ushuaia volvió al eje del debate tras la difusión de informes mediáticos calificados como “parciales” por la dirigente ambientalista. Dijo que la gestión de los residuos urbanos se presenta como un déficit histórico de las sucesivas administraciones en el Municipio, sumado a la falta de prácticas de reducción por parte de la población. A pesar de los avances individuales en reciclaje y compostaje logrados por la comunidad en las últimas dos décadas, la ausencia de políticas públicas sostenidas y el actual desfinanciamiento nacional complejizan el escenario.

Finalmente, se interpeló durante la entrevista el rol del cuerpo de concejales, señalando que el poder legislativo local cuenta con las herramientas necesarias para fijar condiciones estrictas en los pliegos licitatorios de las empresas operadoras del relleno sanitario, incluyendo la quita de concesiones ante eventuales irregularidades. La resolución de este conflicto estructural, trabado por presiones corporativas y sindicales, requiere según los ambientalistas la conformación de una mesa provincial que nuclee a todos los actores sociales y gubernamentales para coordinar las técnicas de gestión que ya resultan exitosas en otras latitudes.