¿Cuánto cuesta pedir ayuda en Tierra del Fuego?

En la actualidad, los problemas ligados a la salud mental son el principal “enemigo invisible” de nuestra sociedad. A nivel nacional, la salud mental representa una crisis cada vez más severa donde, según estudios realizados en la UBA, un tercio de la población argentina experimenta malestares psicológicos.

El aumento de casos está fuertemente ligado al actual contexto socioeconómico, que mantiene en un velo de total incertidumbre a las familias. Las dificultades que representa el aumento en el costo de vida general hacen casi inviable poder costear todo tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico sin el acompañamiento de una obra social.

En Tierra del Fuego, la situación no es menos alarmante. Los datos del Boletín Epidemiológico provincial contabilizan cerca de 200 casos de intento de suicidio desde 2024 (10,5 suicidios cada 100.000 habitantes), lo que sitúa a la provincia por encima de la media nacional (9,8 cada 100.000 habitantes).

“La situación está difícil en muchos aspectos porque hay mucha demanda. Todo lo que es tratamiento particular es una atención onerosa, entonces es difícil que las personas a veces puedan acceder a un tratamiento”, expresó la licenciada en psicología Jorgelina Esandi (MN 36.390 y LPS 3.642).

El sistema público de salud que trata las distintas problemáticas relacionadas con la salud mental, tanto de la provincia como de Río Grande, se encuentra desbordado ante el crecimiento en la demanda del servicio. La licenciada comentó que “con respecto a lo que se ofrece en la ciudad en forma pública, se están haciendo los mejores esfuerzos, pero nunca alcanza porque la demanda es muy grande. Entonces hay tanta necesidad que cuesta mucho, a veces, cubrir con toda esa demanda”.

 

El principal obstáculo

 

La licenciada Esandi se refirió al drama económico en los pacientes psicológicos y psiquiátricos: “Las situaciones económicas siempre impactan negativamente, porque no saber lo que va a pasar con la fuente de trabajo o no tener ingresos óptimos, siempre perjudica los vínculos, el estado de ánimo o el sueño porque a la persona le cuesta descansar”.

Cuando la prioridad deja de ser sentirse bien mentalmente y pasan a ser las cuestiones laborales, el panorama psicológico de las personas se complejiza. Cuando los empleadores deben cerrar sus comercios, fábricas o recortar personal, la necesidad de defender los puestos de trabajo y el constante miedo a no poder llevar un plato de comida a la mesa dejan de lado por completo las situaciones de salud mental.

Para tomar dimensión de las cuentas a hacer, se debe considerar que el tratamiento con profesionales oscila entre 25.000 y 55.000 pesos por consulta, dependiendo el tipo de sesión; mientras que los medicamentos más comunes van desde los 15.000 a 60.000 aproximadamente. “Los medicamentos psiquiátricos son caros y hay pacientes que necesitan más de uno, porque necesitan una combinación. Entonces, a veces se les hace difícil acceder, si no tienen alguna ayuda o algún descuento” recordó la licenciada.

 

La pelea cotidiana por sentirse bien

 

Actualmente la provincia está sufriendo un verdadero fenómeno de “industricidio” y el caso más candente es el de los trabajadores de la fábrica de aires acondicionados “Aires del Sur” que, hasta la fecha, mantiene en cruel incertidumbre el futuro de familias enteras que dependen de esa fuente de ingresos y, en consecuencia, afectan emocionalmente a los trabajadores.

Y como este caso, hay muchos más. Casos donde las fuentes de trabajo convierten el estrés y los malestares mentales y padecimientos psicológicos que, en general, se intervienen con profesionales en esa rama de la salud.

 

Sin embargo, ¿qué sucede cuando el tratamiento se hace inalcanzable por cuestiones económicas?

 

“Después de varios meses sintiéndome muy mal… Tenía mucha ansiedad, problemas para dormir y ya me estaba afectando en el trabajo y con la familia y los amigos. Ya ahí te das cuenta que hay que pedir ayuda”. Cristian es un joven de 26 años, vive con su pareja y trabaja en un comercio. Desarrolló un cuadro depresivo luego de perder a su madre.

“Yo tenía la obra social de OSEF y me pasó que muchos profesionales no estaban tomando pacientes por la obra social o directamente habían dejado de atender porque les pagaban tarde. Para conseguir un turno tenía que esperar semanas y el tema de los papeles, autorizaciones y reintegros era desgastante. Había una cobertura, pero entre todo el papeleo y que mi horario laboral coincide con el de OSEF, se hacía difícil”.

Lejos de la creencia de que estos problemas de reintegros y burocracia tienen que ver exclusivamente con el desempeño de la Obra Social del Estado Fueguino, casos como el de Mariana muestran que las prepagas también tienen limitaciones en cuanto a la intervención en salud mental. “Yo venía hace un tiempo con sensaciones feas en cuanto a mi cuerpo con situaciones tanto relacionadas al trabajo como a mi vida personal. Lo que me llevó a buscar ayuda profesional. Con mi prepaga es todo rápido y hay mucha oferta. Decía cubrir sesiones de psicología, pero cuando ibas al profesional te decían que tenían el cupo lleno para obras sociales. En un principio solicité el reintegro ya que la doctora estaba en la cartilla y ahí surgió que mi plan no estaba autorizado para realizar reintegros”.

Mariana fue diagnosticada con depresión y ansiedad, por lo que el tratamiento incluía sesiones con un psicólogo y un psiquiatra: “Concurría una vez por semana al psicólogo, 40 mil pesos la sesión y cada 15 días al psiquiatra, 80 mil la sesión. Tuve que suspender la psicóloga y solo quedar con el psiquiatra por motivos económicos, ya que comencé tomando cuatro medicamentos al día los cuales con la cobertura al 40 % que en ese momento me ofrecía la prepaga aún me quedaba a más de 100 mil pesos al mes solo en medicamentos. Tuve que dejar, por ejemplo, el gimnasio que en lo personal es lo recomendado por los profesionales, pero era eso o la medicación”.

 

Ley de Salud Mental y un nuevo debate

 

El gobierno nacional ha impulsado un proyecto de modificación y reforma de la Ley 26.657, también conocida como Ley de Salud Mental, (ya enviada al Senado) con el objetivo de “modernizarla” y mejorar su aplicación. Los cambios que más resuenan en este proyecto proponen reemplazar el concepto de “padecimiento mental” por categorías diagnósticas más precisas, flexibilizar los criterios de internación involuntaria en situaciones de urgencia y fortalecer una red de atención por niveles, en lugar de cerrar los hospitales psiquiátricos.

El debate sobre la ley radica en la postura del Gobierno nacional, que argumenta que la ley actual tiene problemas de implementación y una cobertura desigual; y las organizaciones que advierten incumplimientos, como el bajo presupuesto, en un contexto de alta demanda de atención en salud mental en el país.

Frente al contexto de crecimiento constante en la demanda de la salud pública, sumado al ajuste y recorte en el gasto público como parte de las políticas de austeridad para mantener un “déficit cero”, se debe traer a la mesa un debate sobre los puntos a modificar en esta ley, la necesidad real de una reforma y cuál es el gasto real que supone la ley y de su presunto recorte.

Hoy Cristian continua con los tratamientos sin una obra social: “pedir ayuda ya cuesta bastante como para además tener que pelear con autorizaciones y demoras”. Por su parte Mariana usa su obra social con la cual sigue adelante con los tratamientos psiquiátricos correspondientes, pero sin la contención de un psicólogo: “la contención del psicólogo creo que me ayudaría mucho más a sobrellevar la ansiedad que está volviendo debido a los problemas que todos tenemos en la vida cotidiana sumado a la poca estabilidad económica de uno mismo”.

En un contexto de incertidumbre laboral y de desgaste emocional, la salud mental es cada día una problemática más urgente y las políticas en salud pública deberían contemplar las dificultades económicas que se le suman las personas, que ya están padeciendo algún tipo de desgaste psicológico. La sociedad ha dejado de tratar a los problemas de salud mental como un tema tabú, ahora el desafío es que tratarse deje de ser un privilegio.

 

* Estudiante de 3° año de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del CENT 35. Nota realizada en el marco de la materia Prácticas Profesionalizantes II.

 

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