Trabajadores del puerto hicieron un repaso de los cuatro meses de intervención

A cuatro meses de tomada la medida por parte de autoridades nacionales, trabajadores que todavía no pueden ingresar al lugar ni siquiera a retirar sus efectos personales de las oficinas que ocupaban, advierten que “La intervención del Puerto de Ushuaia no fue un hecho improvisado ni una reacción urgente frente a una crisis real. Fue una operación política, sindical y económica planificada con anticipación, construida mediante operaciones mediáticas, informes direccionados, presiones internas y acuerdos previos entre funcionarios nacionales, sectores sindicales y actores vinculados históricamente a la vieja estructura mafiosa de la Administración General de Puertos (AGP)”.

Recordaron que “Todo comenzó tras la aprobación de la Ley Provincial 1596, conocida como “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino”. El párrafo 3° del artículo 12 de esa norma habilitaba que fondos de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) fueran destinados excepcionalmente a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), pese a que esos recursos poseen afectación específica vinculada a la actividad portuaria y a la autonomía financiera de la DPP reconocida por ley y por el convenio de transferencia Nación–Provincia”.

“Aquella disposición terminó siendo la excusa perfecta para comenzar a construir el relato de una supuesta “crisis” institucional dentro del puerto y justificar así la avanzada nacional sobre un organismo provincial autónomo”, señalaron de una norma, sobre la cual además dicen los mismos trabajadores que se encontraban “avanzando con diferentes legisladores, para modificar ese punto de la Ley, que incluso vale remarcar que nunca llegó ponerse en práctica”.

Los operarios del puerto que fueron dejados sin su lugar de trabajo por la intervención, advierten también que “Mientras gran parte de la dirigencia provincial guardaba silencio, apareció un actor hasta entonces marginal dentro del ámbito portuario: la Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF). Un sindicato con representación cuestionada dentro del sector portuario, pero con fuertes conexiones políticas y sindicales a nivel nacional”.

Incluso, en un escrito señalaron que “Fue entonces cuando ocurrió uno de los hechos más reveladores de toda esta historia: el famoso asado en la Asociación de Caza y Pesca de Ushuaia. Allí compartieron reuniones y cenas funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), dirigentes de la UPSF y el propio Iñaki Arreseygor, funcionario del gobierno de Javier Milei y Director Ejecutivo de la ANPyN. Las fotografías de aquel encuentro terminaron convirtiéndose en el símbolo del origen político de la intervención”.

“Después de esas reuniones comenzaron las denuncias, los informes exprés y las amenazas de intervención administrativa. En tiempo récord —como nunca antes había sucedido y en menos de 36 horas— la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) elaboró una auditoría y un informe técnico que intentaban mostrar un escenario de gravedad institucional, operativa y financiera dentro del Puerto de Ushuaia. Pero con el correr de los meses quedó expuesto que aquel informe estaba armado para justificar una decisión ya tomada de antemano”, remarcaron.

Dicen que, en este marco, “Se construyó una narrativa de caos. Se habló de riesgos operativos. De supuestas fallas graves. De peligro para la habilitación portuaria. Sin embargo, posteriormente comenzaron a aparecer documentos oficiales y hechos que desmintieron y echaron por tierra los fundamentos utilizados para la intervención: El Certificado PBIP de Puerto Seguro acreditó que el Puerto Ushuaia cumplía estándares internacionales de protección y seguridad. Los despachos electrónicos de buques emitidos por la Prefectura Naval Argentina demostraron actividad normal y operación plena”.

También hicieron referencia a “Certificados ambientales e informes posteriores contradijeron la idea de una terminal fuera de control. La derogación del párrafo 3° del artículo 12 de la Ley 1596 terminó exponiendo una fuerte contradicción política: los mismos legisladores de La Libertad Avanza que inicialmente habían acompañado y votado favorablemente esa disposición —que luego fue utilizada como uno de los argumentos para justificar la intervención— posteriormente votaron en contra de eliminarla, aun cuando la derogación resultaba indispensable para que la Dirección Provincial de Puertos pudiera conservar fondos esenciales y afrontar el pago de salarios de los 140 trabajadores que quedaron fuera de la intervención”, puntualizaron.

También señalaron que “Aun así, avanzaron y lo hicieron utilizando la fuerza pública. La madrugada del 21 de enero, cerca de las 00 horas, la intervención avanzó sobre el Puerto de Ushuaia mediante un operativo con presencia de antimotines de la Prefectura Naval Argentina. Lo que debía ser un organismo provincial autónomo terminó siendo ocupado mediante un despliegue de fuerzas federales que permitió tomar control físico de la terminal portuaria”, repasaron en el mencionado texto.

Igualmente, señalaron que “Aquella noche no solo se desplazó a trabajadores de sus puestos laborales: más de 80 trabajadores fueron removidos de sus funciones dentro de la terminal, mientras alrededor de 140 familias quedaron sumidas en una situación de incertidumbre absoluta respecto de su continuidad laboral, su estabilidad económica y el futuro mismo de la Dirección Provincial de Puertos”.

“La intervención no se limitó a una cuestión administrativa. Se apropiaron materialmente del puerto. Tomaron control del espacio acuático jurisdiccional, de los muelles, de la maquinaria, de los equipos operativos, de los sistemas de control, de los elementos de seguridad y de toda la infraestructura estratégica de la terminal portuaria de Ushuaia. Pero quizás uno de los hechos más graves y escandalosos fue el manejo de los fondos portuarios”, expresaron los trabajadores del puerto de Ushuaia.

Advirtiendo luego que “mientras públicamente hablaban de “ordenar” el puerto y “transparentar” la administración, en los hechos comenzaron a desviar recursos generados por la actividad portuaria fueguina hacia cuentas bancarias ajenas a la Dirección Provincial de Puertos, incluyendo cuentas abiertas en el Banco Nación vinculadas a AGP en liquidación”.

“Es decir: dinero producido por la explotación de un puerto provincial, que por ley y convenio debe permanecer bajo administración provincial y destinarse al funcionamiento del sistema portuario fueguino, terminó siendo absorbido por estructuras nacionales que ni siquiera poseen titularidad constitucional sobre el Puerto Ushuaia”, expresaron.

Más adelante, dicen en ese escrito que “La maniobra dejó al descubierto el verdadero objetivo económico de la intervención: apropiarse de la caja portuaria. La intervención quedó vinculada a personajes y operadores ligados históricamente a la vieja Administración General de Puertos (AGP), entre ellos Cristian Rigueiro, conocido como “El Monje Negro”; Carlos Esposaro; Diego Salom; Leonardo Salom; y otros actores sindicales y empresariales señalados durante años por manejos irregulares dentro del sistema portuario nacional”, comentaron.

Para señalar en otro tramo que “La alianza entre sectores políticos de La Libertad Avanza, funcionarios de la ANPyN y estructuras sindicales vinculadas a la UPSF terminó funcionando como el brazo operativo para ejecutar la ocupación del Puerto Ushuaia. Y mientras públicamente hablaban de “ordenar” el puerto, en los hechos preparaban otra cosa: Quedarse con la caja portuaria; controlar la terminal; manejar la facturación; desplazar trabajadores; disciplinar al personal; apropiarse de los recursos estratégicos provinciales y abrir la puerta a intereses privados sobre uno de los activos más importantes de Tierra del Fuego”.

Finalmente, dicen que “Con el tiempo, toda la construcción argumental comenzó a derrumbarse. Cada documento nuevo contradijo el relato inicial. Cada certificado oficial dejó más expuesta la operación. Cada presentación judicial comenzó a demostrar que la intervención carecía de verdadero sustento jurídico. Lo que se presentó como una “medida urgente para salvar el puerto” terminó apareciendo como una maniobra política armada de antemano para apropiarse de un recurso estratégico provincial”.

Para concluir, señalan que “quizás lo más grave de todo es el precedente que deja: si el Gobierno Nacional puede intervenir y apropiarse de un puerto provincial utilizando fuerzas federales, desviando recursos públicos provinciales hacia cuentas nacionales y operando por encima de la autonomía constitucional de una provincia, entonces ninguna jurisdicción argentina conserva verdaderamente garantizado su federalismo”.

“La historia del Puerto Ushuaia ya no puede leerse únicamente como un conflicto administrativo. Es la historia de cómo se intentó quebrar el federalismo argentino mediante una operación política, sindical y económica construida desde las sombras, utilizando informes armados, estructuras mafiosas heredadas de la AGP y un relato que terminó completamente desmentido por la propia documentación oficial”, remarcan los trabajadores del puerto de Ushuaia.