“No a la quita de los dispositivos en contexto de encierro: El derecho a la comunicación es una herramienta fundamental”

“Nuestro reclamo no es abstracto ni teórico. Es concreto, humano y urgente. Se trata del

derecho a la comunicación, un derecho básico que no desaparece con la privación de la

libertad. Por el contrario, se vuelve aún más esencial”, comienza el comunicado de las mujeres presas en la Unidad 50 de Batán.

Luego se señala que “Muchas de nosotras estamos detenidas a cientos de kilómetros de nuestros hogares, lejos de la Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentran nuestras familias, nuestros hijos e hijas. Esa distancia no es solo geográfica: es emocional, afectiva y profundamente dolorosa. En ese contexto, el acceso a un teléfono o a un dispositivo no es un privilegio, es el único puente real que nos conecta con quienes amamos”.

Más adelante, dicen que “A través de una llamada, un mensaje o una videollamada, podemos saber si nuestros hijos están bien, si fueron a la escuela, si están enfermos, si necesitan algo. Podemos acompañarlos en la distancia, darles contención, seguir siendo madres a pesar del encierro. Quitar esa posibilidad es profundizar el castigo más allá de la pena impuesta. Es castigar también a nuestros hijos, que quedan privados del vínculo con sus madres”.

Además, indicaron que “La comunicación no solo cumple una función afectiva. También es una herramienta fundamental para sostener la salud mental. El encierro, el aislamiento y la distancia generan angustia, ansiedad y sufrimiento. Poder comunicarnos con nuestras familias nos permite sobrellevar ese contexto, mantener la esperanza y sostenernos emocionalmente en un momento extremadamente difícil”.

Dicen, después, que “Desde hace más de cuatro o cinco años, el uso regulado de dispositivos ha sido parte de la vida cotidiana dentro de las unidades carcelarias. Esta realidad no sólo generó el caos que algunos discursos de connotación negativa que los medios intentan instalar en la sociedad a través de las noticias, sino que, por el contrario, esta herramienta trajo beneficios concretos: disminuyó la violencia intramuros, fortaleció los vínculos familiares y permitió una mayor organización de la vida en contexto de encierro”.

“La pretensión de retroceder en este sentido constituye una medida regresiva, contraria a los principios más básicos en materia de derechos humanos. Los derechos no pueden ser

recortados de manera arbitraria cuando ya han sido reconocidos y ejercidos”, afirman.

Para luego agregar que “Asimismo, es importante señalar que existen incluso voces dentro del propio ámbito judicial (por ejemplo, el Juez de Ejecución Penal, el Dr. Juan Galarreta, a cargo del JEP Nº 2 de Mar del Plata) que han advertido sobre la inconveniencia de avanzar en este tipo de restricciones, entendiendo que la comunicación es un elemento central para la vida en contexto de encierro y para cualquier proceso de reintegración social”.

“También es cierto que, en la actualidad, muchas de las capacitaciones y actividades se desarrollan de manera virtual, y que los dispositivos cumplen un rol en ese sentido. Sin embargo, nuestro eje principal no es ese. Nuestro reclamo se centra en algo más básico y más humano: el derecho a no ser desconectadas del mundo, el derecho a seguir siendo parte de nuestras familias”, remarcan.

Para después manifestar: “No desconocemos que pueden existir malos usos de la tecnología. Pero esos casos deben ser abordados de manera puntual, con controles y sanciones específicas, no con prohibiciones generales que afectan a la enorme mayoría que hace un uso responsable de los dispositivos. Además, una vez más por ser minoría y mujeres ejercen el poder del sistema patriarcal y lo ejercen a través del Sistema Penitenciario Bonaerense, que prohíbe actualmente el ingreso de nuevos celulares por cambio del mismo y tampoco accesorios del dispositivo (auriculares y cargadores), no solo para las que están detenidas si no que censura el ingreso para las que recién llegan en la unidad”.

“Lo implementa solamente con esta cárcel, a pesar de que estamos dentro de un complejo, queda en evidencia con este ejemplo que estamos bajo medidas arbitrarias y atemporales a un proyecto de ley, que todavía que no fue tratada y menos sancionada ni materializado en ley”, indican.

Más adelante dicen: “Repudiamos la estigmatización que intenta vincular automáticamente el uso de celulares en las cárceles con la comisión de delitos. Esa mirada simplista desconoce la realidad cotidiana de quienes habitamos estos espacios y refuerza prejuicios que solo profundizan la exclusión”.

“Las mujeres privadas de libertad no dejamos de ser madres, hijas, hermanas. No dejamos de tener vínculos, responsabilidades ni afectos. El encierro ya implica una ruptura profunda con la vida en libertad. La quita de dispositivos implicaría un aislamiento aún mayor, innecesario y cruel”, puntualizan.

Para terminar, expresando que “Por todo lo expuesto, solicitamos que se desestime cualquier iniciativa que implique la prohibición o restricción irrazonable del uso de dispositivos de comunicación en contextos de encierro”.

“Defendemos el derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental. Defendemos el vínculo con nuestros hijos, hijas y familiares. Defendemos la posibilidad de seguir siendo parte de sus vidas. Porque comunicar es existir… Y ninguna ley puede condenarnos al silencio”. Firman: Mujeres privadas de la libertad Unidad N° 50 - Mar del Plata.