SUTEF denuncia “orden ilegal y persecución a la docencia”

Al respecto, desde el Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), señalaron que enviaron “una respuesta contundente a la secretaria de Gestión Educativa, María Fernanda Gutiérrez, rechazando la orden de cargar e identificar nominalmente a quienes se adhieren a medidas de fuerza en el sistema SUNA”.

Lugo, advirtieron que “Se trata de una instrucción ilegal, que pretende obligar a los equipos directivos a registrar individualmente a docentes que ejercen su derecho constitucional de huelga, avanzando de esta manera contra la libertad sindical y los derechos laborales de la docencia fueguina”.

Más adelante, señalaron que “En un contexto donde el Gobierno Nacional impulsa un ajuste histórico y promueve reformas que atacan derechos conquistados por las trabajadoras y trabajadores, advertimos con preocupación que una funcionaria provincial replica esas mismas recetas, intentando disciplinar a la docencia mediante el miedo, el control individualizado, la identificación de quienes participan de medidas sindicales y descuentos salvajes sobre salarios de pobreza”.

Dicen desde el SUTEF que “Resulta particularmente llamativo que esta medida se impulse a 50 años del golpe de Estado genocida del 24 de marzo de 1976, cuya represión tuvo como uno de sus principales objetivos al movimiento obrero organizado, a delegadas y delegados sindicales y a las comisiones internas, en un intento de disciplinar a la clase trabajadora. La historia de nuestro país nos obliga a ser especialmente firmes frente a cualquier práctica que pretenda identificar, señalar o perseguir a quienes ejercen derechos colectivos”.

“La exigencia de Gutiérrez carece de sustento legal y viola la Constitución Nacional. Ninguna norma obliga a una trabajadora o trabajador docente a declarar su adhesión a una medida de fuerza; obligar a hacerlo constituye una presión indebida sobre el ejercicio de la actividad sindical”, remarcaron desde el sindicato docente.

Agregando luego que “registrar si una o un docente adhiere a un paro implica recolectar datos sensibles vinculados a su actividad sindical, algo que la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales prohíbe expresamente al Estado”.

“También desmentimos que esta información sea necesaria para garantizar la “continuidad pedagógica”. Para organizar el funcionamiento de las escuelas alcanzan los datos generales o institucionales, sin necesidad de confeccionar listas nominales de docentes. El único objetivo real de exigir nombres propios es facilitar los descuentos salariales y castigar el ejercicio de un derecho constitucional”, aseguran desde el mencionado gremio.

En otro tramo del documento, mencionan que “La funcionaria desconoce además el Convenio Colectivo de Trabajo docente, que reconoce expresamente el derecho de la docencia a no cumplir órdenes manifiestamente ilegales. Por lo tanto, los equipos directivos —en su condición de trabajadores docentes— tienen pleno derecho a excepcionarse de la orden de cargar datos de paro en el sistema. El ejercicio de este derecho no puede generar sanción disciplinaria alguna”.

“Desde SUTEF no vamos a retroceder ni a permitir que el ajuste sobre la educación pública se consolide mediante el control y la persecución de quienes se organizan. Rechazamos la instrucción impartida por la secretaría de Gestión Educativa”, señalaron desde el SUTEF.

Para luego manifestar: “Ratificamos la legitimidad de los argumentos jurídicos brindados a los equipos directivos para objetar la orden de carga y ponemos a disposición de los equipos directivos a los abogados del sindicato”.

“Exhortamos a los equipos directivos a ejercer el derecho de objeción reconocido en el Convenio Colectivo de Trabajo, absteniéndose de cumplir una orden manifiestamente ilegal. Advertimos que la creación de registros o listas de docentes vinculadas a su actividad sindical constituye una práctica persecutoria. Informamos que este avance antisindical será denunciado ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Organización Internacional del Trabajo”, concluye el documento publicado por el gremio.