Se presentó el informe de gestión y designaron nuevas autoridades

Según lo determinado por la totalidad de las y los integrantes del Comité, presentes en la reunión, el lugar de la presidencia será ocupado por la referente del Poder Judicial fueguino, Dra. Manuela Palacios Murphy y como vicepresidente asumirá el referente de las organizaciones de DDHH, José Piñeiro. La oportunidad coincidió con la presentación del “informe bianual” de las gestiones que llevó adelante el cuerpo de la que participó además la titular de la Comisión de Seguridad Nº 6, legisladora Natalia Gracianía (LLA) e integrantes de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande. El acto de asunción será el próximo 30 de octubre.

“Tengo cifradas esperanzas en que esta renovación de autoridades, va a implicar una mejora sustancial en el trabajo, que es complejo y guarda relación con el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, señaló el presidente saliente, legislador Pablo Villegas.

Luego indicó que su labor al frente del Comité “ha sido muy gratificante” y admitió que le permitió conocer “la ejecución penal” desde una perspectiva más cercana y “me ha permitido mantener un contacto más filudo” con las personas privadas de su libertad. Asimismo, señaló que conocer situaciones particulares y complejas que se viven dentro del sistema penitenciario fueguino.

La actual conducción asumió el 8 de junio de 2022 luego de un acto que encabezó la Vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza. Fue quien tomó juramento a los integrantes del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y que este año finalizan su gestión de acuerdo a lo que marca la Ley provincial.

El artículo N° 4 de la Ley provincial N° 857, definió la integración del cuerpo, a saber: Tres representantes de organizaciones de Derechos Humanos que demuestren experiencia y conocimiento del tema y que no se hayan desempeñado como funcionarios políticos en el curso de los últimos dos años; dos miembros del Poder Legislativo, uno del Poder Ejecutivo y otro del Poder Judicial. Todos los integrantes del Comité deben poseer una reconocida trayectoria en la promoción y protección de los Derechos Humanos. Duran dos años en sus funciones y podrán ser renovables.

Vale señalar que, esta semana, se presentó un pormenorizado y abultado informe de gestión, donde se detallan las condiciones de los establecimientos carcelarios de la provincia y se da un detalle preciso sobre problemas y falencias detectados en las diferentes inspecciones realizadas por el Comité.

Además, se hacen una serie de recomendaciones, dirigidas a los tres poderes del estado, para avanzar en el cumplimiento de las normativas, acuerdos y estándares vigentes, en materia de respeto a los derechos humanos y sobre las condiciones que deben tener las personas privadas de su libertad, en los lugares donde se encuentran alojadas.