“La Legislatura intenta resolver viejos problemas con recetas condenadas al fracaso”

El comunicado con el cual se refieren a los mencionados temas comienza señalando que “Desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande queremos advertir sobre las consecuencias que podrían tener dos proyectos que tratará la Comisión Nº 6 de Justicia y Seguridad, Relaciones Institucionales, Seguimiento Legislativo y Derechos Humanos, de la Legislatura, relacionados con la situación de las cárceles de la provincia y las personas privadas de su libertad”.

Luego se menciona que “Por iniciativa del bloque del Movimiento Popular Fueguino, en la Comisión 6 que preside la libertaria Natalia Gracianía, se tratarán dos proyectos que podrían perjudicar la situación de las personas privadas de su libertad y de vecinos y vecinas que podrían ver afectados sus derechos y libertades”.

“Uno de ellos abre la peligrosa puerta de transformar en servicios los derechos que se deberían brindar por parte del Estado provincial en las cárceles, mientras que el otro impulsa la adhesión a la Ley 26.052, que plantea una reforma a la Ley 23.737, con la desfederalización de la misma al dar competencia a juzgados y policía local, en los hechos donde se podría incurrir en alguna violación a la ley de estupefacientes.”, indicaron desde la Multisectorial.     

Más adelante, expresaron que “Respecto del Asunto 236/23, que propone un proyecto de Ley de Emergencia de la Infraestructura de las Unidades de Detención Provinciales, queremos advertir que, bajo la excusa de pretender resolver las graves falencias que tiene el sistema penitenciario por exclusiva responsabilidad de los tres poderes del estado; se abre una puerta a sectores privados que buscarán hacer un negocio con la privación de la libertad de las personas”.

“Como cualquier actividad en el marco del capitalismo, a mayor demanda mayor ganancia, cuantos más presos y presas tengamos, mayores ingresos para las empresas que se involucren en la provisión de los servicios que se quieren privatizar. La experiencia de países como Chile, Brasil y México, según los datos proporcionados por los Mecanismos de Prevención de la Tortura correspondientes, lejos de arrojar un balance positivo los mismos alertan cobre la precarización, la pérdida de derechos y el crecimiento de las poblaciones carcelarias, entre otros problemas, que incluyen retrocesos en los derechos laborales del personal y problemas de infraestructura, a raíz de la implementación de sistemas privados o mixtos, entre público y privado, en los mencionados países”, advierte el texto.

Mencionando después que “De igual manera, también queremos expresar nuestra preocupación por el tratamiento este miércoles del Asunto 062/24, igualmente por iniciativa del Bloque del MPF, que se refiere al “Proyecto de Ley sobre Desfederalización. Adhesión a la Ley Nacional N° 23.737”. En este punto, queremos referirnos a la experiencia recogida por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en las provincias donde ya se aprobaron iniciativas similares. Los datos, dicen que dicha desfederalización solo sirvió para profundizar la sobrepoblación y el hacinamiento en cárceles y comisarias, de personas detenidas por narcomenudeo o por consumo”.      

“Esa situación se dio, según las fuentes consultadas, con mayor gravedad y especial impacto en el colectivo de mujeres cis y trans. Según un informe elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, hacia diciembre del 2016, el 61% de las mujeres cis se encontraba detenida por delitos vinculados a drogas y en el caso de las mujeres trans el porcentaje se elevaba al 70%”, indica el comunicado.

En su tramo final, el documento dice que “Además, los datos recolectados por esta Multisectorial indican que la mayoría de las detenciones producidas en las provincias donde se avanzó con la desfederalización, fueron por intervención policial directa, sin orden judicial alguna. Apuntando, fundamentalmente, a la persecución de consumidores y no a las personas que estuvieran relacionadas con organizaciones dedicadas a la distribución y comercialización de estupefacientes, mucho menos a quienes financian dichas organizaciones”.

“Por todo esto, pedimos a las legisladoras y los legisladores que vayan a resolver sobre dichas cuestiones, que tengan en cuenta la necesidad de resolver los verdaderos problemas de fondo que tiene nuestra comunidad; sacando el foco de proyectos que solo servirán para profundizar esos problemas, lograr titulares en algunos medios y alimentar el ego”, concluyeron desde la Multisectorial riograndense.