La directora por los activos dijo que depende de la administración de Gobierno

La directora por los activos de la caja de previsión, Norma González, fue consultada por Radio Nacional Ushuaia sobre las declaraciones del secretario general del SUTEF Horacio Catena respecto de la negativa de la caja a iniciar los trámites jubilatorios a algunos trabajadores del sector de educación. Dijo que le llegó el reclamo del gremio, del cual proviene, y explicó que tiene relación con la función ‘frente a grupo’, que debe ser reconocida por el gobierno al momento de la certificación de servicios y remuneraciones.

Indicó que ya salió el decreto de reconocimiento de la tarea docente frente a grupo, pero no se está reconociendo esa función “sobre todo la gente de gabinete”, que incluye a los preceptores y bibliotecarios.

“Hubo una derogación de la 1.286, que eran los compañeros de gabinete y bibliotecarios, que no estaban reconocidos como docentes frente a grupo, pero un bibliotecario tiene grupos que rotan en la primaria y en el jardín. Hay un bibliotecario en el turno mañana, pero todas las divisiones que tiene la escuela rotan, un día tienen a primero A, primero B”, ejemplificó.

“La caja no les reconocía esa función antes de la reforma. Hoy están incluidos en el marco de la ley 1.018 y el decreto del gobernador, que reconoce el convenio colectivo y a todo el personal docente que imparte la enseñanza en el marco de la 1.018. Yo entiendo que está considerada la función frente a grupo”, señaló.

Para la funcionaria no haría falta ninguna herramienta más, pero aparentemente el gobierno debe adecuar algunos coeficientes, que estarían trabando ese reconocimiento. Fue lo que reclamó Catena, al señalar que a todavía a los preceptores y gabinetistas no se los considera docentes frente a grupo y por lo tanto no se les inicia el trámite de jubilación en las condiciones en las que se jubila el resto de los docentes. “Eso está sucediendo al parecer y el decreto reglamentario en el artículo 35 y 36 dice que los ministerios de que dependan deben adecuar la certificación de servicios y remuneraciones. Nosotros hicimos el planteo a los ministerios que corresponden, tanto Haberes como Educación, y lo que a mí me contestaron el lunes es que están trabajando en el cambio del sistema, porque la caja tiene determinados códigos registrados, y uno de ellos es el docente frente a grupo. Tiene que haber un cambio también en el sistema y en el reconocimiento de servicios y remuneraciones, y eso es lo que a mí me contestaron. El artículo 35 y 36 dice que deben certificar la tarea diferencial y eso es lo que estaría faltando. Con eso quedaría resuelto”, manifestó.

Lo cierto es que hay reuniones de la caja con las dependencias del Estado, pero “todavía nos quedan algunas cosas por resolver en función de cómo ha cambiado el método para acceder al beneficio. Hay una reforma integral y hay un montón de leyes que se sucedieron a lo largo del tiempo”, dijo González.

Respecto de la actualización de los códigos, “a nosotros nos dijeron que tienen que trabajar en el sistema y que han tenido reuniones, pero yo también les hice un planteo, porque la certificación docente la dan una vez y tiene que haber alguien que reconozca y certifique que es tarea docente frente a grupo. Yo sé que lo están trabajando, pero no sé con qué celeridad”, aclaró.

Sin autarquía

La directora consideró que parte del problema es la ley que se aprobó en la gestión Bertone y les quitó la autarquía para tomar este tipo de decisiones. “Yo estoy convencida de que el decreto reglamentario se debería aplicar. En realidad, el directorio tiene algunas funciones y otras no, porque en la reforma anterior nos quitaron la autarquía y hay decisiones que pasan por áreas administrativas. En otros tiempos el directorio era el que opinaba sobre quiénes eran los beneficiarios y tenían el derecho a jubilarse. A partir de la ley 1.070 es todo competencia de áreas administrativas y no es el directorio el que vota quién se jubila y quién no. La misma ley nos dejó en esta situación, por eso muchos de nosotros creemos que la autarquía tiene que ser devuelta, porque en realidad la caja es de todos los aportantes y los que están en la pasividad”, subrayó.

Cabe señalar que la reforma previsional se sancionó el año pasado, la cuestión docente se trató en normativa aparte, y para la reglamentación hubo un trabajo con participación del directorio. “Yo hice el reclamo administrativo para que se cumpla, pero a nosotros nos falta la certificación de servicios y remuneraciones que aclare eso. La verdad es que para la reglamentación se armó una comisión de la que fui parte y discutimos mucho. Yo quise poner que esto quedara claro y no me lo aceptaron, pero no es que yo tenía amplia mayoría, sino que era una representante del directorio con todos los equipos técnicos del sistema que entienden en el tema. Al directorio nos quedó elevar la propuesta de reglamentación y después la analizaron en el propio Ejecutivo. El decreto que se firmó estuvo observado por algunas cuestiones y demoró hasta que se pusieron de acuerdo para evitar la impugnación. El decreto reglamentario fue mucho más allá de las leyes que se promulgaron el 12 de diciembre, y fue tan integral que abordó un montón de articulados”, observó.

Hoy un preceptor que cumple con la edad jubilatoria, se presenta ante la caja y no les aceptan el trámite hasta que el gobierno en la certificación consigne que es docente frente a grupo. “La certificación de servicios y remuneraciones tiene que tener contemplado frente a grupo. Yo creo que están trabajando en eso y ya le mandé mensajes a la ministra para ver cómo estaba esto. Yo entiendo que se tiene que aplicar la normativa, pero sí hay reticencia porque dicen que no es clara. Para mí no hace falta más claridad, porque el decreto del gobernador además homologó lo acordado en el convenio colectivo y es clarísimo. A mí no me quedan otras herramientas de parte del directorio”, lamentó.

Fuentes: Radio Nacional, Provincia 23