Firme reclamo para que se reactiven las causas por torturas en Malvinas

Integrantes del CECIM La Plata, miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, integrantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, veteranos de guerra del Chaco, representantes de la APDH y del CELS, entre otros, conformaron la comitiva que realizó diversas actividades en Ushuaia y Río Grande, los días miércoles y jueves de ésta semana. Fue con el objetivo de reclamar la reactivación de las causas por torturas durante la guerra de Malvinas, en contra de soldados de la propia tropa y por responsabilidad de suboficiales y oficiales argentinos.

En ese marco, un veterano llegado de la provincia de Buenos Aires también sumó una nueva declaración sumando otra denuncia; al declarar en el Juzgado Federal que se encuentra a cargo de la jueza Mariel Borruto, quien tomó la declaración junto a su secretario, el Dr. Juan Vicente. Durante todo ese tiempo, un nutrido grupo de integrantes de la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande, del SUTEF y la Multisectorial de Derechos Humanos, junto con la concejala Miriam “Laly” Mora; permanecieron en el lugar acompañando a los miembros de la delegación.

Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (La Plata), al ser consultado sobre la situación que se plantea, dijo que no entienden “como esta causa está nuevamente ralentizada, en distintas instancias. En el Juzgado de Primera Instancia de Río Grande, donde la jueza Borruto no continúa con el cumplimiento de los llamados a indagatorias. Porque hay que hacer memoria, hubo un primer llamado que luego fue suspendido por falta de espacio y en total después se llamó a indagatoria a 24 militares”.

“Pero solamente se tomó declaración a 4 y en otro caso; que se trataba de un militar de alto rango, un jerarca de la guerra de Malvinas como el general (Omar Edgardo) Parada, se la suspendieron por cuestiones de saludo pero después nunca más lo volvieron a llamar”, mencionó Alonso. El representante del CECIM indicó que “a este ritmo, vamos a necesitar 311 años para cumplir con los llamados a indagatoria de los militares que están imputados hasta ahora”, advirtió el ex combatiente.

Mencionando también la importancia de la presencia en el Tribunal Federal de “un compañero que vino a dar testimonio, quien quería venir personalmente para que escuchen lo que fue su caso en Malvinas. La semana pasada presentamos tres casos más, uno de ellos basado en esa foto impune que se publicó en las redes, de un militar –subteniente en esa época- que le metía la cabeza en el agua helada a un soldado y se jactaba de que “alguna macana había cometido”. Entonces no podemos aceptar más esta impunidad, este retraso de la Justicia para quienes en 1982 fuimos llevados a Malvinas por la dictadura militar”, remarcó.

Ernesto Alonso recordó que en el año 2015 tuvieron que concurrir “a Washington a pedir justicia, porque el Poder Judicial de la Nación no nos brinda el servicio de justicia. Por ende, estos militares que ni siquiera presentan pruebas para decir: yo no estuve ahí o yo no hice eso; se excusan con el supuesto argumento de que esto está prescripto. Todos sabemos lo que pasa en la Justicia Federal, básicamente en Comodoro Py y en la Corte Suprema de Justicia. Hoy hay cinco expedientes que llevan más de un año en la Corte Suprema, que no tiene plazos, y que solo resuelve aquellas causas que son de interés para quienes ellos representan”, indicó, en referencia al funcionamiento del máximo tribunal.

En ese mismo sentido, señaló que “las causas de Derechos Humanos, en la Corte, están sufriendo el sueño eterno. Son metidos en esa gran cámara frigorífica y esto no sabemos cuándo lo van a resolver, entonces por un lado el procurador general de la nación, Eduardo Ezequiel Casal, emitió un dictamen diciéndole a la Corte que lo actuado por la Sala Uno de la Cámara de Casación Penal no se ajusta a la legislación vigente y que, además, plantea la responsabilidad del Estado argentino”.

“Entonces, acá estamos hablando de tortura y la tortura no prescribe. La República Argentina tiene acuerdos que ha firmado de compromisos internacionales, entonces no hay ninguna excusa”, remarcó finalmente Alonso. Vale destacar que, como parte de las actividades, la delegación se reunió en Ushuaia con el gobernador, Gustavo Melella y en Río Grande con el intendente Martín Perez, también estuvieron en el Concejo Deliberante, donde la concejala Miriam Mora les entregó una copia de la resolución que presentará para que el Cuerpo Deliberativo se pronuncie en apoyo a la causa que vienen sosteniendo.