“Llevamos 36 días de abandono por parte del Estado chubutense por no sentarse a dialogar con el gremio, somos alrededor de 300 familias sin energía ni agua de red. Se llamó a conciliación obligatoria y comenzaron a recorrer el tendido para relevamiento de postes y cables necesarios, después de tanto tiempo de silencio, al menos es un avance”, reflejó por su lado un poblador del callejón Trafián.
A su turno, Néstor Capano, uno de los vecinos auto convocados al “ruidazo” de la semana pasada, evaluó que “hay responsabilidades compartidas entre la provincia del Chubut y los municipios”. Recordó que “están llegando recursos de Nación, pero no se están administrando correctamente en cada una de las localidades. Observamos que no se distribuyen en los tiempos que necesita el pueblo. Hay dos aspectos que son definitivos: uno resume la poca planificación que hay y la improvisación constante. El Estado no termina de acomodarse a las necesidades de la gente, que acaba siendo la convidada de piedra y tampoco puede influir a través de asambleas o reuniones”.
“¿La provincia?”, se preguntó enseguida. “Ni hablar, ni siquiera tiene presencia en el territorio de personas que sepan conducir este proceso de catástrofe y pareciera ser que no lo termina de entender”, opinó.
Acerca de la posible creación de una cooperativa que administre los servicios públicos en la Comarca Andina, cuya propuesta fue lanzada por el intendente de El Hoyo, Capano remarcó que “las cooperativas de la provincia del Chubut se manejan siempre subsidiadas, ya que no pueden pagar a Camesa y directamente lo tiene que hacer el gobierno. Por ejemplo, en el caso de El Maitén, el Estado debe hacerse cargo de la provisión y el costo de la electricidad, además de los salarios de los empleados. “Obviamente –agregó-, las cooperativas no son rentables en términos de las tarifas que existen y todo aquello que sean insumos para brindar los servicios cotidianamente o las inversiones, quedan muy lejos de sus posibilidades”.
Señaló asimismo que “aparte de humanizar la protesta, porque hay vecinos acostumbrados a tener agua potable y luz en sus casas, con los aparatos domésticos necesarios para su rutina -además de aquellos dependientes del suministro eléctrico-, estamos reclamando que el 60% de la recaudación de las facturas quede en la región para atender los gastos de mantenimiento del servicio”.
Tras recordar que dichos fondos “van a una caja común del gobierno en Rawson”, Capano argumentó que “de esa manera no habría más excusas que justifiquen que no hay combustible para salir con los móviles o que no hay fusibles, cables o transformadores”.
Anticipó que “concretamente, estamos juntando firmas para que se entere el gobernador Mariano Arcioni y lo resuelva inmediatamente con un decreto de necesidad y urgencia”.
Cabe recordar que Néstor Capano fue presidente de Coopetel durante varios periodos y conoce la problemática cabalmente. De igual modo, calificó que “definitivamente, los municipios tampoco están a la altura de las circunstancias. Pareciera ser que hacen un esfuerzo, pero nos encontramos con funcionarios que no tienen idea del manejo de una catástrofe de esta naturaleza. Improvisan muchísimo, el tiempo que están haciendo ordenanzas que muy bien podrían ser discutidas previamente con la comunidad antes de aprobarlas. Creen que el gobierno es de algunos políticos y especuladores y nunca del pueblo en su conjunto”, castigó.
Por último, coincidió con que “el incendio forestal de hace un mes –sumado al desastre previo en Cuesta del Ternero-, nos tiene que dejar una enseñanza sobre la relación de vivir en casas dentro del bosque. De una vez por todas, hay que reconocer que es un elemento de protección del ambiente. Sin bosques, vamos a tener problemas graves de toda índole, desde deslaves a contaminación de napas. No se pueden urbanizar esos espacios de interfase. Las viviendas hay que construirlas en tierras aptas y amerita un debate mucho más profundo”, concluyó.
Fuente y foto: Diario Jornada