En diálogo con Radio Provincia desde Ushuaia, la referente de la ONG ambiental Manekenk analizó el impacto del reciente programa de prospección de centolla en aguas australes aprobado por el Consejo Federal Pesquero. La especialista contextualizó la medida dentro del plan de manejo y zonificación que atraviesa actualmente el Área Natural Protegida Península Mitre, e identificó marcadas contradicciones entre las áreas del gobierno fueguino. A lo largo del intercambio periodístico, detalló las maniobras administrativas detrás de las iniciativas calificadas como experimentales y el impacto directo sobre el Canal Beagle y la Isla de los Estados.

Al indagar sobre la posición de la entidad frente a la reciente medida del Consejo Federal Pesquero aprobada por mayoría, la referente ambiental graficó el malestar del sector expresando: “Nosotros decimos: Marcioni lo hizo de nuevo”. Explicó el trasfondo del asunto señalando que “hace más de un año y medio que la provincia está trabajando a través de una consultora que contrataron específicamente para ello, para elaborar el plan de manejo de Península Mitre y un proceso que se llama zonificación de usos”.

Requerida acerca de cómo influye este avance administrativo en el marco regulatorio del territorio protegido, la referente precisó: “En esa zonificación de usos, lo que se hace de manera participativa, junto con la Comisión Consultiva de Península Mitre, es establecer dentro de cada área, del área protegida, cuáles son los usos permitidos y los usos no permitidos. Por ejemplo, en qué lugares se va a permitir una visita turística, en qué lugares se va a permitir la pesca, en qué lugares se va a permitir cada cosa. Esto es un proceso que tarda bastante tiempo y en el cual Manekenk participa activamente”. Agregó además que “es un proceso que tarda un par de años por lo menos, y en simultáneo nos encontramos con esta noticia, donde de manera nuevamente conflictiva, extraña, presentan sobre tablas un proyecto experimental que nadie conoce para hacer ensayos de pesca de centolla en zonas del área protegida y en la Isla de los Estados. Y casualmente una de las provincias, muy a conciencia y responsablemente, vota en contra, precisamente porque era una propuesta que no tenía ningún fundamento técnico”, dijo respecto de la negativa que manifestó la representante de la provincia de Buenos Aires al considerar que no se había analizado a fondo las posibles consecuencias de lo propuesto.

Frente a la consulta sobre el impacto ambiental específico de la pesquería y las advertencias previas hechas al funcionario, la entrevistada alertó: “Hoy, por ejemplo, la pesquería de centolla tiene interacciones negativas con los mamíferos marinos costeros, porque hay mamíferos marinos que se enriedan en las jaulas de la pesca de la centolla. Entonces el cuestionamiento que nosotros le hacemos al secretario Marcioni es que, en todas estas reuniones, y te puedo decir que por lo menos casi más de 10 reuniones en los últimos 10 años, el área de pesca estuvo sentada en esas reuniones. Estuvo sentada y en ningún momento mencionó este proyecto”. Al resumir la conducta del titular del área provincial concluyó: “Por eso decimos Marcioni lo hizo de nuevo. O sea, el subsecretario Marcioni tiene una agenda paralela a la agenda de la política pública que hoy el Ministerio está llevando adelante”.

Al ser preguntada sobre cómo funciona el mecanismo de los denominados proyectos experimentales y qué antecedentes existen en la provincia, la ambientalista repasó lo sucedido en el Canal Beagle. Reveló que “el subsecretario Marcioni, con su equipo, ha llevado adelante proyectos, lo que ellos llaman proyectos experimentales”. En tal sentido graficó: “Por ejemplo, están llevando adelante un proyecto experimental de cultivo de mejillones con la empresa Newsan, y le conceden zonas del canal Beagle para hacer el experimento, entre comillas. ¿Esto qué hace? Hace que no se vea obligado, por ejemplo, a abrir licitaciones públicas para que cualquier empresa esté en igualdad de condiciones para postular, para hacer ese experimento”.

Profundizando en las irregularidades que conlleva esta vía administrativa, la referente añadió: “Como no es un sistema comercial bajo la norma de entrega de parcelas para producción, él lo cataloga o lo establece como proyecto experimental. Entonces, arbitrariamente, entrega esos espacios a determinadas empresas o determinados interesados sin pasar por ningún filtro. No pasa por licitación pública, no pasa por el Tribunal de Cuentas, no pasa por ningún sistema de evaluación de impacto ambiental, porque para ellos es un ensayo experimental. El problema es que esos ensayos experimentales luego se terminan convirtiendo en producciones comerciales, como el caso de los mejillones, donde Newsan ha declarado públicamente que ha exportado casi 300 toneladas de mejillones”. Además, remarcó enfáticamente: “Para el expediente es experimental, o sea, en los papeles es experimental, pero en la práctica es realmente comercial”.

Al abordar el motivo por el cual esta figura resulta perjudicial para los procedimientos institucionales del Estado, la especialista remarcó: “Esta metodología del tipo experimental lo exime a él de seguir los pasos legales que establecen las normas de la provincia para entregar concesiones a distintos postulantes, a distintas empresas, porque puede venir una empresa A y decir yo quiero producir tanto en este sector, va a tener que demostrar solvencia, va a tener que demostrar evaluación de impacto ambiental, va a tener que demostrar cuántos trabajadores va a tener a cargo, hay todo un proceso de control. Pero bajo esta metodología experimental él la exime de todos los tipos de controles”.

Consultada sobre cómo impacta esta falta de articulación en la gestión global del gobierno provincial, manifestó la contradicción interna sosteniendo: “Lo que nos preocupa a nosotros es que el Estado provincial está invirtiendo recursos humanos, fondos, para hacer las cosas bien en términos de plan de manejo del área y por otro lado, otro funcionario mantiene una agenda paralela pretendiendo hacer cosas que no condicen con la otra política”.

Interrogada respecto del nivel de credibilidad y la relación institucional que mantienen con el subsecretario de Pesca, la referente fue contundente: “A Marcioni no le creemos nada. Es evidente que no le creemos nada desde siempre, porque todas las cosas que ha dicho, todas las expresiones, en las reuniones que hemos mantenido siempre ha dicho cosas que después podemos constatar, mediante evidencias y documentación, que no son ciertas”. Recordó también que “las cosas que él dice que se pueden sostener en la provincia de acuicultura ante cada requerimiento, ante cada consulta, son preexistentes a la modificación de la ley 1.355. Entonces la pregunta que nos deja abierta la puerta es: entonces, ¿para qué cambiaron la ley? Sí, entonces ya la verdad que al subsecretario Marcioni no le creemos nada”, reiteró.

En relación con el vínculo que sostienen con otras autoridades del Gabinete provincial y las vías de diálogo formal, la entrevistada aclaró: “Nosotros mantenemos diálogo frecuente con el ministro Francisco Devita, tenemos una excelente relación con las áreas técnicas y una excelente relación con el ministro y todo esto mismo que exponemos se lo hemos planteado innumerable cantidad de veces”. Sobre el canal directo con Marcioni lamentó: “A nosotros no nos atiende y la única vez que tuvimos una conversación con él fue por intermedio del secretario de Ambiente que lo convocó al Consejo Provincial de Medio Ambiente. Si no, no tenemos prácticamente diálogo con el señor”, afirmó.

Al consultársele sobre las medidas que adoptará la ONG frente a esta aprobación del Consejo Federal Pesquero, la dirigente adelantó los pasos a seguir: “Nosotros ahora vamos a pedir el informe, el proyecto, una copia por pedido de información, lo estamos llevando también al seno de la comisión, donde participan prácticamente 12 o 14 instituciones, y vamos a pedir que la comisión se expida al respecto. Vamos a seguir los caminos legales y administrativos que permitan seguir exponiendo la agenda propia que tiene este señor”.

Finalmente, al indagar sobre la compatibilidad de la actividad pesquera con la conservación de Península Mitre y el impacto sobre los actores locales, aclaró que la oposición no es a la actividad en sí, sino al favorecimiento discrecional. Remarcó que “las 4 millas costeras de Península Mitre, por el tipo de área protegida que se aprobó, permite la pesca artesanal. O sea, no estamos diciendo no van a poder pescar nunca ahí, lo que estamos diciendo es que esta metodología que plantea el señor Marcioni permite o genera que él pueda favorecer a determinadas empresas, en detrimento de otras”.

Concluyó fijando la postura de la organización en defensa de la igualdad de condiciones y los trabajadores locales: “Lo que nosotros siempre sostuvimos es que la pesca artesanal se tiene que sostener y todos los pescadores tienen que tener igualdad de oportunidades e igualdad de desarrollo en este tipo de producción. Con todos los cuidados ambientales, evitando la afectación de los mamíferos marinos, con controles ambientales rigurosos, no estamos en contra, que quede claro. Lo que estamos en contra es de esta metodología arbitraria para favorecer a determinados sectores en contra de otros sectores”. Argumentó que esta tensión ya es evidente en el territorio: “De hecho, ya tenemos algunas sospechas, ya vimos que en el Canal Beagle se ha favorecido a una empresa por sobre los pescadores artesanales. De hecho, un conflicto grande que hoy tiene el Ministerio es el diálogo con los pescadores artesanales porque los sectores que le han entregado a Newsan para experimentar la producción de mejillones, ha impedido que los pescadores artesanales puedan hacer lo mismo”.