En el marco de un conflicto institucional que se profundiza con el correr del tiempo, Gastón Castillo, trabajador y referente de los empleados de la Dirección Provincial de Puerto (DPP), trazó un crudo diagnóstico sobre el impacto de la intervención en la terminal marítima local. En declaraciones a Radio Provincia, el referente portuario repasó los casi diez meses desde que la entidad fue tomada, el rol de los excompañeros que operaron a favor de la medida, el silencio del arco político municipal y las sospechas de un esquema orientado únicamente a la recaudación de fondos públicos.

Al ser consultado sobre el estado del predio y las supuestas mejoras comprometidas tras la medida dispuesta por la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), Castillo remarcó la falta de avances operativos y la verdadera finalidad del desembarco. “Seguimos complicados. Después de más de nueve meses, porque este mes van a ser diez meses, y seguimos complicados aún con el tema de la usurpación del puerto. Porque no se ven algunas mejoras o algo de lo que venían a solucionar, no se los ve. Como nosotros dijimos desde el principio, cuando nos empezamos ya a pronunciar y a tener más presencia en los medios, nosotros sabíamos perfectamente que ellos no vinieron a arreglar nada, porque el puerto estaba funcionando, el puerto hoy en día está operativo de la misma manera que lo estaba hace ya más de diez meses”, sostuvo. En ese sentido, enfatizó que “ellos vinieron a quedarse con el puerto. Vieron a un lugar que les podía generar lo que ellos querían, que es una caja. Una caja millonaria, que es por lo que vinieron, y digamos, su misión hoy en día es eso, quedarse con los fondos de puerto, porque mejoras no ha habido ninguna”.

Requerido sobre la actualidad cotidiana de los trabajadores desplazados y el esquema de tareas en el organismo provincial, el referente detalló el plan de reubicación temporal que atraviesan. “Nosotros hicimos una reasignación de tareas con las pocas tareas que tiene la Dirección Provincial de Puerto, porque la Dirección Provincial de Puerto ya tenía una dotación, o sea el ente, que está ahí al lado de la parada de taxis, ese edificio, ahí ya había una dotación de personas que tenían tareas. Pero bueno, todas esas tareas siempre, digamos, de alguna manera, rondaban alrededor de lo que es el puerto de Ushuaia. A nosotros nos reasignaron un par de tareas ahí, en ese edificio, pero que tampoco va a durar una eternidad, porque en algún momento, como depende todo alrededor del puerto de Ushuaia, en algún momento se va a acabar todo eso, todo el trabajo que se tiene ahí, no sé en qué quedaremos, la verdad”.

Frente a la inquietud por la sustentabilidad económica del ente autárquico a mediano plazo, Castillo advirtió sobre la amenaza real de perder la fuente laboral. “Por eso nosotros decimos, tenemos hasta abril los sueldos, pero también hasta cierto límite vamos a tener trabajo, porque de alguna manera al no tener el principal recurso estratégico de la DPP, en algún momento nos quedaremos sin trabajo y aparte sin fondos, por supuesto. O sea, lo que vinieron a hacer es destruir un organismo provincial, que es un ente autárquico”, afirmó.

Requerido sobre cómo se gestó el expediente que derivó en la llegada de las autoridades nacionales, señaló de forma directa a un grupo de excompañeros y a la confección de informes presuntamente falsos. “Desde el momento que ocurre la intervención, primero estas 18 personas, las 16 primeras que se pasaron, son gente que operó para que ocurra la intervención. Por eso nosotros les hemos puesto el mote de traidores, porque ellos permitieron que esto ocurra y ellos trabajaron para que esto suceda. De hecho, Juan Avellaneda es el que presentó una denuncia firmando como representante de un gremio que hoy está totalmente desconocido, que es un gremio que no puede actuar dentro de la actividad portuaria, y generó la denuncia que necesitaba la ANPyN para comenzar toda esta auditoría, también con un informe totalmente trucho, inverosímil de lo que realmente estaba pasando, porque ahí en ese informe planteaban todo, que el puerto era un desastre, que no había seguridad, que había inseguridad, que no podía operar y demás, y que derivó en la intervención”.

Al indagar sobre la relación humana y el trato cotidiano tras la división de los trabajadores, lamentó el quiebre de vínculos de décadas y la retención de pertenencias personales. “Y con esas personas, a partir del momento de la intervención, no tuvimos más contacto, no se contactaron más con nosotros. De hecho, del lado de la intervención quedaron cosas personales nuestras, nunca fueron capaces de devolvérnoslas. O sea, la intervención nunca nos devolvió nuestras cosas personales, lentes, termos, mates, cuadritos, llaves, nunca nos devolvieron absolutamente nada. Y hasta el día de hoy no volvió a haber contacto con esas personas y trabajaron con nosotros más de 20 años”.

En relación con el impacto ético y moral que genera cruzarse con quienes avalaron la medida dentro del recinto, expresó la postura del grupo que mantiene el reclamo. “Ha pasado de todo, gente que no la has saludado. Yo me he cruzado con alguna, no la he saludado directamente, porque la verdad que una persona que llegó a este punto de dejarnos del otro lado de la barrera y haber operado para que nos saquen el trabajo, yo no sé si se merecen lamentablemente mi saludo, porque hay una cuestión de valores, digo yo. Ellos siempre hablaron de que estaban en su derecho de irse a trabajar con la intervención, pero no estaban en su derecho de operar para que ocurra eso y dejar a 140 trabajadores afuera, me parece que termina siendo una injusticia de parte de nuestros mismos excompañeros. Hay otra cosa, que agachan la cabeza, por supuesto, ante estas situaciones. Por suerte nosotros podemos andar con la cabeza bien firme, mirando hacia el frente”.

Consultado sobre las responsabilidades más allá del ámbito puramente laboral, extendió la acusación hacia la esfera política y de representación gremial. “No solo de nuestros trabajadores, también hay dirigencia política, lamentablemente, sindical y demás. Hay de todo, lamentablemente han entregado un recurso estratégico, no sabemos con qué fin, no sabemos con qué fin, más que nada los dirigentes o funcionarios que actuaron a favor de esto. Pero bueno, hay muchos actores, desde nuestros compañeros hasta funcionarios tanto políticos como sindicales también”.

Al pedirle una apreciación sobre la postura del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, el referente manifestó su desconcierto e informó sobre gestiones realizadas a nivel nacional. “Nos parece raro. Es más, nosotros estuvimos reunidos en julio, fuimos y nos reunimos en el Congreso con gente de Fuerza Patria y también nos reunimos con el ministro de Trabajo de Axel Kicillof, y ellos estaban muy sorprendidos de Walter, muy sorprendidos. O sea, dicen: cómo puede ser que un dirigente, no solo un dirigente, el presidente del PJ, no se esté pronunciando a favor de los trabajadores del puerto. Nosotros no lo entendemos realmente, porque nosotros somos del peronismo y lo primero que hacemos es acompañar a los trabajadores, porque de hecho, de los trabajadores nuestros hay muchos que son compañeros peronistas. Entonces digo, de pronto que no se pronuncie el presidente del partido, nos parece una situación muy extraña. Han pasado nueve meses y nunca dijo una palabra, no se acercó nunca”.

Frente a las especulaciones sobre los motivos del silencio del jefe comunal, expuso los trascendidos locales y remarcó la responsabilidad institucional que le atañe. “¿A ciencia cierta? No lo sabemos, yo no tengo pruebas, pero sí hay muchos rumores de una cierta amistad con Iñaki Arreceygor, o sea, con la persona que intervino el puerto. No sé, ha habido rumores de que cuando viene de visita Iñaki Arreceygor acá a Ushuaia, se ha visto con él en su casa. Pero esos son rumores, yo no sé si es cierto o no, si esa amistad existe o no, pero sí nos parece muy raro. Aparte, hay otra cosa que es mucho más importante que por ser el presidente del peronismo. Lo más importante es que es el intendente de Ushuaia, y el puerto que está intervenido es el puerto de Ushuaia, el puerto de su ciudad, o sea, la ciudad que él administra, que él gestiona. Entonces, eso nos parece raro, porque de hecho el intendente de Río Grande, y esta no es una cuestión partidaria, pero el intendente de Río Grande, siendo de Río Grande, se pronunció por el puerto de Ushuaia. Así que nos resulta muy extraño”.

Ante la consulta sobre el rol adoptado por los sectores empresariales de la ciudad, criticó la inacción del comercio y el turismo, al tiempo que rechazó que se responsabilice a los gremios por los perjuicios económicos. “Avanzando sobre el tema de las cámaras de comercio y de turismo, y como se expresan con respecto a esto. O sea, con respecto a lo que ellos piensan de lo que es la intervención. Porque de alguna manera sirven esas expresiones, sirven para el reclamo de los trabajadores. Pero bueno, la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio, tampoco quieren expresarse, no se quieren expresar en contra, o le tienen miedo, o ellos comparten intereses con la intervención. O sea, no hay mucha vuelta. Pero lo único que hacen hoy en día es culpar a los trabajadores. Nosotros no somos los culpables de los cortes. No, los culpables son los que trajeron una intervención que hasta el momento no hizo absolutamente nada más que llevarse los fondos del puerto”.

En cuanto a la estrategia a largo plazo de las autoridades interventoras, insistió en el objetivo financiero por sobre la operatividad del destino turístico. “Ellos vinieron a quedarse, a robarse el puerto. Y se lo van a tratar de quedar hasta donde puedan. Hasta que la justicia o algún tipo de situación política se lo lleve. Pero mientras tanto, mientras la justicia no se expida, o haya un acuerdo o algún tipo de orden política, se van a quedar y se van a llevar lo que puedan. Porque esa plata que se están llevando, los fondos sobre todo, y el mal que le están haciendo a la institución, eso no vuelve más. A ellos no les interesa el destino. O sea, de hecho, les han contestado en otras palabras, a las cámaras de comercio, de turismo, a las agencias, cuando fueron a reclamarles sobre la operatividad del puerto que se iba a ver afectada en temporada, lo que le contestaron es: no sé, nosotros, el puerto adentro de la barrera para adentro va a estar operativo, afuera no nos interesa. O sea que ahí vemos su posición. No les interesa el destino, a ellos les interesan los fondos, porque ellos les van a seguir cobrando a las agencias”.

Por último, sobre los pasos judiciales del conflicto y la previsión de plazos, advirtió sobre una maniobra dilatoria destinada a extender la intervención en el tiempo. “Juan Avellaneda lo dijo en un momento, en un video que salió y que lo grabaron al principio de la intervención, cuando trató de convencer a varios compañeros de que se pasaran del lado de la intervención. Dijo: esto lo van a estirar y si lo entregan, lo van a entregar al gobierno que viene, que va a ser libertario; por el gobierno provincial, ¿no? O sea, lo van a estirar en la justicia, dijo, y es lo que están haciendo, estirándolo en la justicia. Lo van a apelar, lo van a apelar, va a llegar, no sé, hasta la corte nuevamente. Todo lo que se presente, es un ardid administrativo primero y después judicial. Porque de esta manera con la que vinieron, con una simple resolución a intervenir, a quedarse con una propiedad y que después tengamos que llegar a cuestionar la resolución y todo eso, e ir hasta la Corte. Bueno, ese es un ardid administrativo y judicial muy loco, pero bueno, lo han utilizado de esa manera”, concluyó.