La protesta desarrollada en la provincia en rechazo al apartamiento de la científica Virginia Aparicio expuso el grave contexto de persecución que atraviesa el sector científico vinculado a la investigación socioambiental. En relación con los motivos de la movilización popular, la referente socioambiental Natalia Algañaraz señaló que la manifestación respondió a una campaña nacional de apoyo y denuncia ante la censura que la investigadora sufre y que derivó en su reciente exoneración e impedimento para desempeñarse en el ámbito público. Al respecto explicó que se trata “de una profesional con dos décadas dedicadas a la investigación” y remarcó la necesidad de “humanizar la situación” al recordar que “se trata de una trabajadora con una familia y una trayectoria de veinte años abocada al estudio de los impactos de los agrotóxicos en el agua, la tierra, el aire, los animales y las personas en el marco del Proyecto Sprint de la Unión Europea”.

Consultada sobre la vinculación de esta medida con las directrices de la actual gestión gubernamental, la referente confirmó la relación directa “con un modelo de despojo y con las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria”, señalando a los funcionarios responsables de avalar la medida contra la investigadora del organismo y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Sobre los hallazgos científicos que motivaron las represalias, indicó que “el estudio lo que permite hacernos ver, lo que visibiliza, algo que nosotros venimos sabiendo, que bueno, que estamos enfermos, que lo que consumimos está contaminado, que el uso de los agrotóxicos nos está haciendo mal y se tomaron muestras de más de 70 personas, en donde salió que el 86% en la orina está contaminada y estamos enfermos con agrotóxicos y el 100% en materia fecal”.

En la misma línea argumentativa, la activista detalló la magnitud de la problemática en el país al advertir sobre los elevados índices de contaminación comparados con Europa y la utilización masiva de herbicidas como el glifosato y la atrazina, con especial énfasis en el modelo de “producción sojera extensiva desde la zona pampeana hasta la región norteña”. Al respecto profundizó que la persecución “se dirige contra quienes sostienen una ciencia digna al servicio de las mayorías”, advirtiendo que las instituciones “subordinan su rol al servicio del agronegocio mientras las universidades guardan silencio” ante la arbitrariedad cometida contra la trabajadora.

Ante la consulta sobre la actitud de indiferencia estatal frente a los niveles de toxicidad relevados y la intención de acallar las evidencias científicas, la integrante de la Comunidad Costera y Ambiente en Lucha, cuestionó la vigencia plena de las garantías democráticas “cuando se persigue a quienes denuncian el envenenamiento de los recursos naturales y de la cadena alimentaria”. En ese sentido puntualizó las contradicciones territoriales al sostener que en Tierra del Fuego “la población se abastece de alimentos congelados transportados desde miles de kilómetros mientras se exportan los insumos químicos fabricados localmente en las plantas industriales, como Tecnomyl”.

Profundizando en las implicancias institucionales de la sanción, la referente advirtió que la medida opera como un mecanismo de disciplinamiento político destinado “a sembrar el temor en la comunidad científica para evitar futuras investigaciones independientes, profundizando el desfinanciamiento sistemático de las instituciones públicas de ciencia y tecnología en beneficio de las corporaciones”.

Finalmente, al ser consultada sobre las acciones futuras de la asamblea y las agrupaciones sociales, ratificó la continuidad del plan de lucha en defensa de la investigadora hasta lograr su reincorporación laboral, interpelando a los poderes públicos sobre el sentido actual de las políticas estatales, la soberanía alimentaria y el rol social del conocimiento científico.