Las primeras luces de la mañana en la terminal portuaria de la capital fueguina volvieron a encender un escenario de profunda incertidumbre. El frío habitual del canal Beagle se combinó esta semana con el clima candente que se respira en los accesos al muelle de Ushuaia, donde los trabajadores agrupados en APDFA, SUTAP, AJEPROMM e IDC mantienen firmes sus reclamos y su solidaridad frente a una crisis institucional y laboral que no da tregua. La respuesta sindical, surgida tras una manifestación corporativa de cinco cámaras empresariales de la provincia, buscó despejar las dudas sobre el origen del conflicto y marcar la cancha de cara a la opinión pública provincial.
En ese sentido, las entidades gremiales fueron terminantes al ubicar el eje del problema en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La decisión de intervenir la terminal marítima en enero de 2026 quebró la paz social en la Isla y derivó en la desvinculación directa de 140 operarios. Los sindicatos remarcaron que el organismo nacional dejó a estas familias en el desamparo laboral y señalaron que el impacto de la medida afecta no solo al sustento diario de los hogares portuarios, sino a toda la dinámica de la ciudad.
Frente a los señalamientos del sector privado por la interrupción de las actividades de carga y logística, la dirigencia obrera descartó de plano cualquier desavenencia con las autoridades locales. Las organizaciones aclararon que no sostienen disputas con la Dirección Provincial de Puertos (DPP) e insistieron en que el objeto central de la protesta es el esquema burocrático instalado desde la Ciudad de Buenos Aires. “Nuestro reclamo es contra la ANPyN, que nos impide hacer aquello que sabemos hacer: trabajar”, remarcaron con firmeza en el comunicado conjunto.
Transcurridos más de nueve meses desde la medida unilateral dispuesta por la gestión nacional, las asambleas a metros de las embarcaciones combinan el desgaste de la vigilia con la convicción del reclamo. Las familias de los trabajadores desplazados continúan sin obtener garantías sobre el destino de los puestos de trabajo. Según expresaron los voceros de las cuatro entidades, las concentraciones en los portones del predio buscan recuperar la fuente laboral y encarnan una postura clara en favor del patrimonio de Tierra del Fuego.
Asimismo, la cúpula sindical advirtió que no tolerará descalificaciones por parte del empresariado ni especulaciones en el tablero político. Aunque ratificaron su predisposición al diálogo con los referentes del sector productivo para hallar vías de solución que protejan el desarrollo económico de la isla, aseguraron que las protestas continuarán por todas las vías legales disponibles. “No queremos ser rehenes de disputas políticas ni de intereses económicos”, expresaron para disipar interpretaciones partidarias de la medida de fuerza.
El documento firmado de manera conjunta culmina con una exigencia amplia respecto de la administración del recurso portuario. En el cierre del mensaje emitido desde Ushuaia, las organizaciones manifestaron que la continuidad del reclamo atañe a la integridad y autonomía institucional de toda la provincia. En esa línea, concluyeron de forma categórica: “La dignidad de los trabajadores y sus familias no se negocia. La soberanía tampoco”.