La Asociación de Esposas, Pensionadas y Familiares de Policías Provinciales de origen territorial, expresó fuertes cuestionamientos al proyecto de ley que propone declarar la emergencia de la Caja Previsional Policial de Tierra del Fuego. A través de un documento de observaciones elaborado en Río Grande este miércoles 4 de noviembre de 2026, la entidad advirtió que la iniciativa otorga facultades excesivas al Directorio sin los mecanismos necesarios de control, transparencia y protección de los derechos adquiridos.

A través de su comunicado, la entidad aclaró que no se opone a la declaración de emergencia y recordó que fueron los propios retirados quienes solicitaron esa medida durante abril, tanto ante la Legislatura provincial como frente al Directorio de la institución. En relación con este punto, manifestaron que su posición no cuestiona la necesidad de adoptar medidas extraordinarias frente a la situación existente, sino que lo cuestionado es el contenido del proyecto presentado, sus fundamentos, la falta de información objetiva que lo sustenta y las facultades que pretende otorgarse el Directorio.

Uno de los principales ejes de debate apunta a que, según la asociación, el propio Directorio ya había declarado administrativamente una situación de emergencia mediante la Resolución Interna Número 148. En consecuencia, los representantes consideraron indispensable que se explique qué efectos jurídicos adicionales se pretende obtener mediante una nueva declaración legislativa, advirtiendo que no puede utilizarse una nueva norma para otorgar un cheque en blanco ni para convalidar decisiones administrativas previamente adoptadas. Del mismo modo, criticaron que el proyecto contemple un plazo de dos años para resolver la situación financiera sin explicar previamente qué medidas adoptó el actual Directorio desde que asumió sus funciones.

En paralelo, la asociación reclamó explicaciones por los haberes impagos, señalando que determinados retirados de origen territorial llevan aproximadamente dieciséis meses sin percibir las prestaciones que les corresponden. En ese contexto, cuestionaron que el proyecto invoque la necesidad de garantizar los beneficios previsionales cuando esas obligaciones ya se encuentran incumplidas, preguntándose a qué garantías se refiere el proyecto si no puede presentarse como objetivo futuro aquello que actualmente no se está cumpliendo. Asimismo, rechazaron que se atribuya el desequilibrio financiero de la Caja a la incorporación de los policías de origen territorial, detallando que estos trabajadores efectuaron aportes en los mismos porcentajes que los policías provinciales y, en numerosos casos, durante períodos superiores, mientras que actualmente son solamente dos los afiliados de origen territorial, una circunstancia que consideran insuficiente para justificar diferencias y remarcar que la cantidad de personas afectadas no determina la existencia o inexistencia de un derecho.

El planteo también abordó los antecedentes históricos y el patrimonio de la Caja, mencionando el Convenio Nación-Provincia de 1994 y el Decreto Provincial Número 1746/94 como fundamentales para comprender las obligaciones asumidas por Tierra del Fuego. En ese sentido, rechazaron que se presente a los retirados como responsables del desequilibrio financiero, argumentando que los policías provinciales se incorporaron a una estructura previsional que ya contaba con patrimonio, inmuebles, inversiones y otros activos, además de recordar que después de la creación de la actual Caja en 2010 se produjeron retiros de policías provinciales con apenas diecisiete años de aportes. Por este motivo, reclamaron una evaluación histórica integral de los ingresos, egresos, activos y obligaciones del sistema.

Otro aspecto central de las observaciones fue la exigencia de balances e información sobre inversiones, debido a la falta de datos públicos suficientes para evaluar la situación económica y financiera. La entidad señaló que permanecen pendientes de publicación los balances correspondientes al ejercicio 2026 y exigió conocer el destino de los recursos administrados por los distintos Directorios, incluyendo ingresos y egresos reales, patrimonio institucional, inversiones realizadas, sus costos y rendimientos, obligaciones pendientes, flujo de fondos, proyecciones actuariales y los informes técnicos utilizados para respaldar las decisiones. Sostuvieron firmemente que no puede exigirse a la Legislatura que apruebe medidas extraordinarias sin contar previamente con información financiera completa, actualizada y verificable.

Asimismo, la asociación advirtió sobre posibles restricciones a derechos adquiridos derivados de las facultades extraordinarias que el proyecto pretende conferir al Directorio. Consideraron que estas atribuciones podrían afectar derechos previsionales y limitar las posibilidades de reclamo, recordando las obligaciones establecidas en la Ley Provincial Número 735, particularmente su artículo 69 referido a la equiparación, y mencionando también las Leyes Número 834, 1155, 1627 y 1628, bajo el argumento de que una declaración de emergencia no puede utilizarse para suspender indefinidamente derechos ni para impedir que los afiliados reclamen el cumplimiento de la normativa vigente.

Hacia el final, el documento incorporó una advertencia dirigida a los integrantes de la Legislatura provincial. Los representantes señalaron que, si se aprueba una ley de emergencia sin escuchar previamente a los afectados, sin contar con información financiera suficiente y otorgando facultades excepcionales al Directorio, los legisladores deberán responder políticamente por las consecuencias. Además, manifestaron su preocupación por la posibilidad de que estas atribuciones incidan sobre la elaboración del presupuesto correspondiente a 2027 y terminen trasladando nuevamente los costos de la crisis a los propios beneficiarios, reclamando que cualquier norma establezca objetivos concretos, plazos definidos, controles legislativos y obligaciones de rendición de cuentas.

Para cerrar, la asociación reiteró que no rechaza la adopción de medidas excepcionales para recuperar la sustentabilidad del sistema previsional policial, pero insistió en que antes de avanzar con la aprobación legislativa deben escucharse formalmente los planteos de los retirados de origen territorial, publicarse los balances pendientes, transparentarse las inversiones, determinarse las responsabilidades por las decisiones adoptadas durante los últimos años y garantizar que una eventual emergencia no implique la suspensión o el cercenamiento de derechos adquiridos, concluyendo de manera categórica que “la emergencia puede ser necesaria, pero el cheque en blanco, no”.