En las instalaciones de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, en el extremo sur de la isla, se terminó de configurar una resolución clave para el conflicto institucional que atraviesa la operatoria marítima local. A través de las Resoluciones N.º 785/2026 y 786/2026, el organismo oficial determinó formalmente que la Unión Personal Superior Ferroviario no acreditó el reconocimiento institucional exigido para asumir la representación de los trabajadores portuarios. La medida, dictada en sintonía con las áreas de Trabajo y Asuntos Gremiales provinciales, desarmó la pretensión del gremio ferroviario y sumó tensión a la disputada administración del puerto de Ushuaia, actualmente intervenido por el Gobierno nacional mediante la Administración Nacional de Puertos y Navegación.

El origen del expediente administrativo se remonta a la presentación de un trabajador del propio organismo provincial, cuyo caso derivó en un exhaustivo relevamiento legal. Tras analizar los antecedentes acumulados, las autoridades concluyeron que la inscripción gremial de la entidad corresponde de manera exclusiva a la actividad ferroviaria. Si bien la organización había obtenido una ampliación territorial en el transcurso del año 2024, la documentación presentada demostró que dicho trámite no implicaba una extensión automática de sus facultades hacia el sector portuario.

De forma paralela, el análisis de la Dirección Provincial de Puertos echó por tierra la validez institucional de la estructura local que el gremio intentaba consolidar en la provincia. La resolución institucional dejó en claro que la entidad no logró acreditar, conforme a su propio estatuto y normativas vigentes, la constitución formal de la denominada «Seccional Normalizadora Puertos Ushuaia Tierra del Fuego», desestimando así cualquier atribución sindical invocada sobre los agentes del sector.

El trasfondo de la intervención y el malestar de los trabajadores

El cronograma de acciones desplegado por el gremio ferroviario comenzó a plasmarse a mediados de 2025. "El 2 de julio de 2025, UPSF comunicó a la DPP la constitución de su denominada seccional portuaria, pretendiendo ejercer representación institucional sobre los trabajadores del organismo", indicaron desde el ámbito portuario al reconstruir la secuencia temporal. Apenas seis meses y diecinueve días después de aquel anuncio, el 21 de enero de 2026, la ANPyN hizo efectiva la intervención del Puerto de Ushuaia.

El nexo entre ambos acontecimientos quedó plasmado en la propia normativa nacional que dispuso el desembarco del Estado central. "La propia Resolución 4/2026 de ANPyN reconoce entre sus antecedentes una denuncia presentada por el secretario general de UPSF de Tierra del Fuego, junto con otros actores", detallaron las fuentes consultadas. Esta articulación generó una profunda preocupación entre los agentes desplazados de la administración provincial, quienes advirtieron el uso de un reclamo sin sustento legal como plataforma para justificar la medida del Poder Ejecutivo Nacional.

Para el personal portuario, la maniobra dejó al descubierto una trama que afectó de manera directa la estabilidad y la representación de la actividad en Tierra del Fuego. "Para los trabajadores portuarios, esta secuencia deja al descubierto una situación sumamente preocupante: un sindicato ferroviario que pretendía actuar como representante de los portuarios sin haber acreditado formalmente esa facultad y cuya denuncia fue utilizada como antecedente de la intervención nacional", remarcaron con dureza en el texto difundido.

Cuestionamientos a la campaña de afiliación

A lo largo de los últimos meses, la organización de extracción ferroviaria avanzó con la incorporación de agentes dentro del organismo provincial, una conducta que hoy se encuentra bajo severo cuestionamiento ético y legal. "UPSF promovió afiliaciones entre trabajadores de la DPP mientras pretendía ejercer una representación sindical en la actividad portuaria que finalmente no pudo acreditar ante las autoridades competentes", explicaron los trabajadores afectados al referirse a la estrategia del gremio.

Frente a este panorama, los damnificados remarcaron la diferencia entre la libertad sindical y el ardid utilizado para sumar adeptos dentro de la estructura estatal. "Afiliarse libremente a un sindicato es un derecho. Pero captar afiliaciones haciendo creer que se cuenta con una representación que no se puede acreditar constituye, a nuestro entender, un engaño a la confianza de los trabajadores", aseveraron los integrantes del sector.

El comunicado concluyó reflejando el clima de incertidumbre que atraviesan las familias vinculadas a la operatoria del puerto fueguino y la postura de quienes resisten la administración federalizada. "Mientras los trabajadores provinciales luchamos por recuperar nuestros puestos de trabajo, referentes vinculados a esta organización participaron y continúan participando, según denunciamos, en el sostenimiento de la operatoria portuaria bajo la administración de ANPyN", denunciaron de forma contundente. Y cerraron con una definición sobre el rol institucional: "Las organizaciones sindicales deben servir para defender a los trabajadores, no para aprovechar su incertidumbre laboral ni contribuir a sostener una intervención que los mantiene fuera de sus puestos".