Al cumplirse nueve meses la intervención nacional del puerto de Ushuaia, los gremios portuarios llevaron sus reclamos a los tribunales de la Capital Federal para exigir que el máximo tribunal destrabe de manera urgente la medida cautelar presentada por la provincia. La controversia mantiene en vilo la estabilidad laboral de 140 familias mientras vence el plazo de cobertura salarial acordado con el Ejecutivo fueguino, en un contexto signado por severos cuestionamientos a los fundamentos de la medida, el desplazamiento de mano de obra local por contrataciones externas y gestiones ante organismos internacionales para contener un eventual bloqueo a la operatoria turística.

Con respecto a los motivos que llevaron a la dirigencia sindical a trasladar sus reclamos de forma directa ante la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Buenos Aires, Ricardo Alonso, dirigente de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, al realizar declaraciones en el programa radial “Desde las Bases”, por Radio Provincia, remarcó que los referentes gremiales tuvieron la oportunidad de ingresar al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la nación, para manifestar su inquietud y explicar que los tiempos de la justicia no acompañan las urgencias de los trabajadores. El dirigente sindical sostuvo que, tras nueve meses de conflicto, son ciento cuarenta los operarios que se encuentran en la puerta sin poder ingresar a sus puestos de trabajo. Agregó que existe una honda incertidumbre debido a la cercanía del vencimiento del acuerdo firmado con la gobernación provincial para sostener los salarios, el cual se pactó con la expectativa de una pronta resolución judicial. Asimismo, indicó que la intervención no demuestra intenciones de retirarse de Tierra del Fuego, por lo que acudieron a pedirle al tribunal que dicte una resolución sobre la medida cautelar presentada por la provincia, con la convicción de que la gobernación tiene la razón frente a una medida que calificó de “amañada, inventada e ilegítima”, cuyo único fin debe ser resolver la situación de las familias afectadas a las puertas de una nueva temporada.

Al ser consultado sobre los argumentos técnicos y económicos dictaminados en la resolución de la intervención que lleva la firma de Iñaki Arreseygor, el representante gremial afirmó que “las tres causales aducidas se cayeron con el paso del tiempo”. Señaló que en materia de seguridad apareció una resolución previa de la Prefectura Naval Argentina —autoridad nacional competente en la materia y no la ANPYN— que habilitaba plenamente al puerto, documento que fue ocultado durante casi dos meses por la propia intervención. Respecto al supuesto desvío de fondos portuarios a través de una ley de la legislatura provincial, aclaró que el Gobierno provincial “jamás aplicó dicha norma ni retiró un solo peso de las arcas portuarias”. En cuanto a las fallas de infraestructura, indicó que “no se ejecutó ninguna obra de magnitud durante estos nueve meses” y que la falta de defensas no justificaba una intervención. Según su visión, el objetivo real de la medida fue “hacerse de la caja del puerto de Ushuaia”, al que consideraron el eslabón más débil del entramado portuario, generando “licitaciones irregulares y desplazando a los trabajadores locales”.

En referencia al reclamo por la contratación de personal ajeno a la provincia en un contexto de caída del empleo en la región, Alonso enfatizó que no van a demorar ni cesar en la lucha para que los 140 trabajadores fueguinos vuelvan a sus puestos de trabajo y cumplan sus funciones. Cuestionó con firmeza la decisión de convocar a personas de provincias como Chubut, Santa Cruz o la Capital Federal, lugares donde “la ANPYN opera junto a un gremio denunciante” al que calificó de “trucho”. Expresó que resulta incomprensible traer mano de obra externa cuando tanto Río Grande como toda la provincia de Tierra del Fuego atraviesan por la pérdida constante de fuentes laborales. Subrayó además que los problemas políticos entre la Nación y la provincia o los cobros de facturas partidarias al gobernador deben resolverse en el ámbito de la política, sin utilizar a las familias trabajadoras como rehenes.

Acerca de la competencia de la Corte Suprema para destrabar definitivamente el conflicto, el dirigente explicó que la provincia acudió en primera instancia al Juzgado Federal del juez Calvete en Tierra del Fuego, quien determinó que la jurisdicción correspondía al máximo tribunal. Recordó que los tiempos de la justicia suelen atentar contra los tiempos de la gente, especialmente al considerar que el acuerdo salarial firmado por un año con el gobernador —utilizando recursos propios ahorrados por la Dirección Provincial de Puertos— vence en noviembre. Ante el inminente fin de esos fondos, cuestionó quién se hará cargo de los sueldos de los operarios despedidos una vez finalizado el convenio.

Finalmente, al abordar el impacto que esta crisis podría tener sobre la operatividad turística y la inminente llegada de cruceros internacionales, el sindicalista de la APDFA detalló que la International Dockworkers Council (IDC), a través del dirigente español Jordi Aragunde, ya advirtió sobre la adopción de medidas internacionales, elevando el reclamo ante la OIT, las Naciones Unidas y las navieras de cruceros. Explicó que son los propios gremios locales los que actualmente median a pedido del gobernador para contener este conflicto y evitar consecuencias catastróficas para la economía fueguina, considerando el riesgo que significaría para barcos de miles de millones de dólares sufrir demoras en la terminal. Concluyó remarcando que mantendrán la visibilización en medios nacionales y la movilización en los accesos al puerto, señalando lo complejo que resulta contener y pedir paciencia a trabajadores golpeados por la incertidumbre laboral.