En un clima atravesado por intensos intercambios políticos en la ciudad de Ushuaia durante la jornada del martes 6 de octubre, la dirigencia sindical docente fundamentó la urgente necesidad de sancionar una norma marco para sostener la escuela pública en Tierra del Fuego. A lo largo del encuentro legislativo, la secretaria General Adjunta repasó las dos décadas de debates sobre el presupuesto educativo provincial y los diecisiete programas nacionales que resultaron eliminados recientemente, ubicando el reclamo salarial y la infraestructura de las escuelas en el centro de la escena.

Al ser consultada sobre los antecedentes del proyecto y las motivaciones del sector docente para insistir con esta iniciativa parlamentaria, la dirigente recordó el camino recorrido por el gremio en materia de propuestas presupuestarias. “Venimos a esta comisión tras dos años de haber presentado una ley de financiamiento integral del sistema educativo”, afirmó Rottaris al referirse al tiempo de trabajo depositado en el texto parlamentario.

En cuanto al contexto económico y a las responsabilidades políticas que explican la merma de recursos en la provincia, apuntó de manera directa hacia la administración central y el impacto directo en la sociedad fueguina. La secretaria gremial enfatizó que el ajuste nacional no puede ignorarse al momento de discutir el presupuesto provincial. “Lo mencionamos en cada instancia porque, si no, pareciera que eso no es parte de la discusión, pero tenemos muy claro que sí es parte”, señaló respecto a la reducción presupuestaria dispuesta desde Casa Rosada.

Frente a las inquietudes sobre si este proyecto busca sustituir la partida del presupuesto general de la provincia o asignarle nuevos montos específicos a la educación, aclaró el carácter recursos, que son esos millones que el Gobierno nacional retiró”, aludiendo a los 17 programas que fueron desmantelados y que dejaron sin sostenimiento a diversas áreas operativas e institucionales.

Respecto de las medidas de fuerza recientes y el proceso de reclamo que derivó en la apertura de este canal legislativo, detalló el duro camino que debieron atravesar los trabajadores de la educación. “Hubo un conflicto de más de 46 días que llegó a esta instancia tras no haber tenido más que ajuste y aumentos por decreto”, sostuvo al dar cuenta de la falta de acuerdos salariales formales previos.

Al abordar la postura de aquellos sectores legislativos que cuestionan las distintas alternativas fiscalizadoras o tributarias para conformar el fondo sin proponer vías de financiamiento sustitutivas, advirtió sobre la gravedad de trabar la norma. Remarcó que un salario mínimo, vital y móvil es necesario para todo trabajador y trabajadora, entendiendo el contexto general, pero resaltando que el sindicato representa puntualmente a la docencia.

Finalmente, sobre el nivel de expectativa que existe entre los docentes, los alumnos y las familias respecto del resultado de este tratamiento en la Legislatura provincial, Rottaris concluyó con una definición política sobre el papel de la representación parlamentaria. “Hay una docencia y una comunidad educativa que espera ese financiamiento”, aseguró, para remarcar el compromiso de la sociedad con el sistema de enseñanza estatal. En esa línea, concluyó: “Lo que va a resultar de esta ley es quién está de acuerdo y quiénes no están de acuerdo en financiar el sistema educativo”, concluyó la representante del SUTEF.