En declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, que se emite por Radio Provincia, al ser consultada sobre las acciones legislativas adoptadas frente a la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional, la legisladora Laura Colazo explicó que “fue de público conocimiento que la situación del puerto de nuestra provincia, un activo estratégico que hoy por hoy se encuentra intervenido por ANPyN, es una situación que desde la Legislatura provincial, por parte de todos los bloques, excepto por La Libertad Avanza, hemos repudiado y rechazado”. En esa misma línea, remarcó el acompañamiento “a todo el reclamo que se está haciendo por parte de la provincia en sede judicial” y confió en que el tema “se resuelva prontamente porque estamos hablando de una situación que afecta a la autonomía de nuestra provincia y sobre todo porque involucra una situación muy delicada para muchos trabajadores y trabajadoras, que no pueden acceder a su lugar de trabajo”.

Respecto de los motivos específicos por los cuales se solicita la intervención del Ministerio de Producción y Ambiente en este conflicto, la parlamentaria del Partido Verde señaló que, desde su espacio, se impulsó este tema a la agenda ambiental y dijo que han “dialogado con algunos trabajadores del puerto y con muchas personas que están preocupadas por la situación ambiental, en cuanto a los controles que tiene a cargo realizar la provincia como dueña de esos bienes comunes naturales”. Sobre este punto, precisó que “públicamente desde el Ministerio de Producción y Ambiente han dicho que los trabajadores del área de fiscalización no han podido ingresar para poder controlar diversas cuestiones que están vinculadas a la normativa ambiental vigente, como la Ley 55 General de Ambiente, la Ley 1126 de Aguas y la ley que regula los residuos peligrosos”. Colazo enfatizó que “toda la actividad que se hace en el puerto de Ushuaia vinculada a los comercios, a la logística, al turismo y al sector antártico; necesita tener una fiscalización en cuanto a la certificación ambiental, la trazabilidad de los residuos peligrosos y el cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Recursos Hídricos”, por lo cual advirtió que “todas estas cuestiones aparentemente no se están pudiendo fiscalizar por parte de la provincia, motivo por el cual solicitamos este pedido de informe para ver efectivamente qué es lo que está sucediendo”.

Ante la duda sobre a quién debe ser exigida la rendición de cuentas en esta instancia y a qué organismo en concreto se dirigió la solicitud de información, la parlamentaria indicó que “este pedido de informe se lo dirigimos al Ministerio de Producción y Ambiente, para que ellos nos informen el estado actual del cumplimiento de la normativa ambiental que es aplicable al puerto de Ushuaia, luego que nos detallen las inspecciones ambientales que están programadas, cuáles fueron realizadas, suspendidas o impedidas, y que el Ejecutivo brinde una copia de las solicitudes de ingreso y sus respuestas”. Subrayó además la importancia de “conocer los fundamentos invocados por ANPyN para negar o limitar el ingreso del personal provincial destinado a realizar estas inspecciones”, fundamentando que se necesita “tener una respuesta formal por parte del Poder Ejecutivo para después analizar cuál es el próximo paso a seguir”.

Con relación al tratamiento institucional que tendrá este asunto en el ámbito del Poder Legislativo durante los próximos días, la entrevistada aclaró que se estableció “un plazo de 10 días de recibir el presente informe para que nos pueda responder el Ministerio de Producción y Ambiente” y anticipó que, una vez obtenida la contestación, esperan “convocar a la Comisión 3, que es la que tiene a cargo el área del puerto”. Asimismo, recordó que “existe la Ley 602, que establece y declara como activos estratégicos al puerto de Ushuaia y crea una comisión especial en el marco del Poder Legislativo”, por lo que adelantó que plantearán “activar también esta comisión especial”.

Sobre las repercusiones políticas de la medida tomada por la administración central y la respuesta brindada por el Gobierno de la provincia, Colazo evaluó que la intervención fue “intempestiva” y que desde su espacio vieron “con mucha preocupación esta cuestión, entendiendo el contexto de nuestra provincia, donde Tierra del Fuego está en la Agenda Nacional por los anuncios de la base naval integrada”. Consideró que “el rol del puerto en ese contexto es central, el puerto es de los fueguinos y la defensa tiene que ser irrestricta y sostenida”. Afirmó también que “el Gobierno de la provincia debió haber convocado a todos los sectores a una reunión para discutir la estrategia de defensa del puerto” y sostuvo que “deberíamos estar articulando más, insistiendo sobre este tema en todas las reuniones que se tengan con el Gobierno Nacional”.

Al evaluar la falta de certezas sobre el funcionamiento interno de la terminal portuaria y la posición de las distintas fuerzas parlamentarias, la legisladora manifestó su inquietud ante el plazo inicial de doce meses fijado para la medida, advirtiendo que “el problema es que el acto administrativo dice que puede ser prorrogable y no nos consta oficialmente qué es lo que está llevando adelante ANPyN dentro del puerto de Ushuaia”. Reafirmó que se busca que “el puerto vuelva a ser administrado por nuestra provincia” y lamentó la incertidumbre de los trabajadores, haciendo un llamado a que “los legisladores nacionales de la provincia, incluidos los senadores del espacio del Gobierno nacional, puedan interceder para resolver esta cuestión que es urgente”.

En referencia a otros requerimientos presentados en la Legislatura sobre leyes ambientales sancionadas que no estarían aplicándose plenamente, Colazo puntualizó que solicitaron informes sobre “cinco leyes impulsadas desde el Partido Verde que lograron consensos para ser ley, pero no están siendo implementadas en su totalidad”. Detalló entre ellas la normativa ligada al Servicio Provincial de Manejo del Fuego en el inicio de la temporada de riesgo de incendios, la incorporación gradual de personal mediante la creación del Cuerpo de Guardaparques, el plan de manejo para la Reserva Hídrica del Glaciar Vinciguerra y la ejecución del Fondo de Financiamiento de Áreas Protegidas, administrado por el Ministerio de Producción y Ambiente. Resaltó que “cuidar el ambiente es cuidar el trabajo de la gente, porque estas normas respaldan actividades como el turismo de naturaleza”.

Frente al panorama nacional y el rol de los Estados provinciales en materia de conservación de recursos, la referente parlamentaria coincidió en que “el Gobierno nacional actual prácticamente desarticuló la Secretaría de Ambiente y hay demoras en los fondos de la Ley de Bosques”. Recordó que “por el artículo 124 de la Constitución Nacional, las provincias somos las titulares de los bienes comunes naturales”, por lo cual remarcó que “es fundamental la defensa que hagamos en los territorios en un contexto adverso”. Señaló además que “la reglamentación de las leyes depende de la decisión política y de los equipos técnicos, más allá de la disponibilidad de recursos, para lo cual existen vías de financiamiento como el CFI”.

Finalmente, al ser consultada sobre el desarrollo del proyecto de la huerta comunitaria impulsado en Río Grande, la legisladora invitó a la comunidad a conocer el espacio ubicado sobre la calle Córdoba y detalló que se trata de “una huerta agroecológica y educativa impulsada junto a la Fundación Tercer Milenio para trabajar en la idea de la soberanía alimentaria y la reconexión con la naturaleza”. Detalló que el proyecto, denominado “Sembrando Futuro”, recibe la visita de vecinos, escuelas y jardines, y cuenta con un proyecto de ley complementario para la producción de alimentos sin químicos. Concluyó informando que el predio “está abierto a toda la comunidad los días sábados de 10 a 13 horas”, espacio donde se brindan talleres y asistencia técnica para promover la producción familiar de alimentos.