La sesión parlamentaria celebrada este jueves en Ushuaia dejó al descubierto las diferencias planteadas alrededor del presupuesto para la enseñanza pública. En una votación dividida que terminó con ocho votos en contra y siete a favor, el Parlamento resolvió mantener el trámite de urgencia para el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo presentado por el Poder Ejecutivo. Tras el resultado de la sesión ordinaria, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) emitió un duro comunicado en el cual analizó el escenario político, advirtió sobre las consecuencias del desfinanciamiento y responsabilizó directamente a los sectores alineados con el Gobierno nacional, por profundizar el ajuste.

La controversia se encendió durante el desarrollo de la cuarta sesión ordinaria del recinto provincial, cuando el legislador Pablo Villegas, perteneciente al Movimiento Popular Fueguino, impulsó una moción para retirarle el carácter de urgente al Asunto Nº 519/26. La iniciativa no logró reunir los apoyos necesarios para prosperar por un voto, lo que obliga a la Cámara a tratar la normativa dentro de los plazos constitucionales establecidos.

Desde la conducción sindical docente consideraron que la iniciativa legislativa representaba un intento de dilación frente a una demanda “que la comunidad educativa viene sosteniendo desde hace más de dos años”. En ese marco, recordaron la propuesta normativa que el propio gremio había presentado oportunamente ante la Legislatura y que terminó perdiendo estado parlamentario por falta de debate en las comisiones.

"La ley presentada por este sindicato no afectaba a trabajadores ni a pequeños y medianos comerciantes, establecía mecanismos precisos y justos de recaudación aplicables a los sectores que hoy se benefician del modelo económico vigente", enfatizaron desde la entidad gremial para contrastar su proyecto con la iniciativa oficialista. Asimismo, consideraron que la votación representa un límite a los intentos de demora, señalando que "que no haya prosperado la moción para quitar la urgencia es un paso que impide una nueva postergación del debate que la docencia fueguina planteó a la dirigencia política de la provincia".

El pronunciamiento del SUTEF incluyó una detallada enumeración de las partidas presupuestarias recortadas por la administración central de Javier Milei y su repercusión concreta en los establecimientos de la provincia. El gremio denunció el vaciamiento de 17 programas de financiamiento que afectaron la infraestructura escolar, el transporte rural, las becas socioeducativas, la conectividad y la entrega de material pedagógico.

En materia salarial, el sindicato remarcó la gravedad del retiro de fondos clave para los trabajadores del sector. "El ajuste no solo afecta el salario, también alcanza a estudiantes de todos los niveles y modalidades, que perdieron el acceso a bienes que antes tenían garantizados por parte del Estado", expresaron en relación con la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Fondo de Compensación Salarial Docente.

Respecto a las pérdidas económicas, la dirigencia sindical precisó el impacto numérico en los haberes de la docencia provincial durante el período previo. Según expusieron en el comunicado, "en 2025 su eliminación significó una pérdida de $150.750 mensuales por cargo y un recorte de $2.562.750.000 para Tierra del Fuego AeIAS".

Por otra parte, la organización de los trabajadores de la educación cuestionó la postura de los bloques opositores que respaldaron la propuesta del parlamentario del Movimiento Popular Fueguino, en especial el espacio de La Libertad Avanza y el legislador Matías Lapadula, de Provincia Grande. El gremio reprochó las intervenciones que atribuyen el conflicto a fallas en la gestión local de los fondos “en lugar de señalar las políticas económicas de la Nación”.

"Seguimos sosteniendo que sin inversión educativa no hay presente ni futuro para nuestra provincia, la educación pública no puede seguir esperando", concluyó el sindicato docente, ratificando que continuará en estado de alerta y movilización mientras la Legislatura aborda el tratamiento definitivo de la ley.