En declaraciones radiales a FM Aire Libre, la trabajadora de la Dirección Provincial de Puertos, Valeria Barria, analizó el conflicto instituido tras la intervención del espacio portuario, planteó la necesidad de conformar un frente común con el sector privado e hizo un balance de las consecuencias económicas y ambientales que afectan a la Provincia de Tierra del Fuego.

Ante el requerimiento periodístico sobre la convocatoria enviada a los sectores productivos de la ciudad, Barria explicó que el comunicado emitido el pasado 26 de este mes busca convocar formalmente a las autoridades de la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio y la organización FINNOVA —entidad que organiza la próxima Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL)— para conformar una mesa de diálogo junto a los trabajadores. La referente sostuvo que la intención es evaluar acciones conjuntas para rechazar la intervención que padece el puerto de la capital provincial. Asimismo, subrayó que las cámaras representan actores centrales de la economía fueguina y que, ante la preocupación expresada por eventuales medidas de fuerza en la temporada, la respuesta adecuada debe ser la defensa del puerto para que este recupere su autonomía y preserve los recursos financieros en jurisdicción provincial.

Consultada sobre si este llamado a negociar implica suspender las medidas de fuerza planificadas por el gremio frente al inminente aumento de recaladas, la dirigente aclaró que el plan de lucha se mantiene inalterable. Barria recordó que las medidas continúan vigentes debido a que la situación de irregularidad no se ha modificado tras varios meses de reclamo. Afirmó además que la convocatoria al diálogo no suspende la protesta, fundamentando que la intervención de la terminal constituye un acto ilegal, ilegítimo y arbitrario. En ese sentido, aseveró que los actores políticos e institucionales de la provincia deben manifestarse de la misma manera para exigir de forma unánime el cese de la intromisión del Estado Nacional, la cual “vulnera los derechos laborales y se apropia de los recursos locales”.

Al ser indagada respecto del presupuesto de la institución y sobre si la proyección de fondos alcanza únicamente hasta el próximo mes de abril, la trabajadora portuaria ratificó plenamente esa estimación. Precisó que desde el primer día la intervención derivó los ingresos que genera la provincia hacia una caja radicada en Buenos Aires en proceso de liquidación, correspondiente a la Administración General de Puertos (AGP). Explicó que esta maniobra privó a la administración provincial de percibir los fondos correspondientes, obligando al organismo a costear los sueldos del personal desplazado mediante el uso de ahorros. Barria remarcó que el mes de abril marca la fecha límite para sostener esta dinámica financiera sin que se concrete una resolución favorable por la vía política, judicial o mediante la acción conjunta de la comunidad.

Por último, requerida sobre las irregularidades denunciadas en torno a la prohibición de ingreso de inspectores del área de Ambiente al predio portuario, la referente confirmó la veracidad del episodio. Denunció que las autoridades dispuestas por la intervención impidieron el acceso del personal fiscalizador provincial en materia ambiental, situación que calificó como una falta grave que se suma al bloqueo de la labor periodística. Barria enfatizó que la intervención utiliza el patrimonio provincial financiado por los contribuyentes fueguinos mientras desconoce competencias legisladas por normativas nacionales y provinciales sobre el tratamiento de residuos. Para concluir, advirtió que de persistir el bloqueo a las inspecciones ambientales se generará un perjuicio severo a la temporada, evidenciando que la medida nacional no busca optimizar la gestión sino ejercer una apropiación indebida de la zona portuaria.