En un contexto marcado por la incertidumbre laboral y las deficiencias edilicias, la comunidad educativa del Centro Popular de Cultura de la sede Tolhuin hizo pública una profunda declaración, para poner de manifiesto la difícil situación que atraviesa la educación no formal en la provincia. El pronunciamiento colectivo expone el incumplimiento de las promesas oficiales vinculadas a la regularización institucional, la estabilidad de los trabajadores y el acceso a un edificio propio. A lo largo del comunicado, los talleristas detallaron el impacto directo que sufren los niños, jóvenes y adultos mayores, que asisten diariamente a las propuestas formativas y culturales.

La chispa que encendió el reclamo remite al 10 de diciembre de 2021, fecha en la que las autoridades provinciales anunciaron la creación del espacio bajo la órbita del Ministerio de Educación, mediante el Decreto Provincial 2604/2021. De acuerdo a lo expresado por el colectivo, en aquel acto oficial el gobernador Gustavo Melella anunció un reconocimiento histórico que incluiría "la regularización, la estabilidad laboral, la titularización docente, la definición de la estructura del CPC con todos sus integrantes y la construcción de un espacio físico propio, para garantizar la vida cultural en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia".

Sin embargo, el paso del tiempo transformó aquellas expectativas en una marcada frustración cotidiana. "A casi cinco años de aquel anuncio, la estabilidad prometida sigue siendo un papel sin cumplir", remarcaron los educadores, señalando que el crecimiento institucional fue sostenido únicamente gracias al esfuerzo de los propios trabajadores, quienes continuaron diseñando "propuestas con una perspectiva accesible, diversa y de género, garantizando el ejercicio de derechos y el enfoque de ESI".

 

Modificaciones arbitrarias y falta de espacio propio

 

Uno de los puntos más críticos señalados en la misiva, refiere a las constantes interferencias en el dictado de las clases y a las decisiones unilaterales tomadas por dependencias externas. Los educadores expresaron su preocupación ante la convocatoria repentina a actividades ajenas a la institución dictadas por la Dirección Provincial de Promoción Cultural Comunitaria, las cuales se realizan sin planificación previa e interfieren con la tarea pedagógica.

En ese sentido, manifestaron su enfático rechazo a "los cambios repentinos de días y horarios de los talleres que deben realizarse para ceder los espacios a otras instituciones o dependencias", explicando que estas variaciones perjudican la planificación docente y alteran la continuidad de los estudiantes. La falta de infraestructura propia agrava la dinámica operativa, ya que los talleristas deben reordenar los grupos ante cada imprevisto y dictar contenidos en lugares cedidos, que muchas veces no están aptos para el desarrollo de las clases.

Ante este panorama, la comunidad del CPC pidió disculpas públicas a las familias por las reiteradas suspensiones de actividades derivadas de los inconvenientes edilicios o de la ocupación del lugar por otros eventos. Según precisaron, las labores se sostienen “gracias al esfuerzo de adaptación constante, con el único objetivo de mantener el vínculo con los vecinos”.

 

Persecución y defensa de la institución

 

El documento también dedica un párrafo central a los tratos recibidos por el personal de la institución y a la falta de herramientas previsibles para encarar el ciclo lectivo. Los firmantes exigieron la inmediata aprobación de la Agenda Cultural del CPC, a la que definieron como “una pieza indispensable para la organización y previsibilidad del trabajo anual”.

Al mismo tiempo, los trabajadores repudiaron cualquier episodio de amedrentamiento en el ámbito de trabajo, manifestando un firme rechazo a "cualquier situación de hostigamiento, persecución, desvalorización o menoscabo hacia los docentes, trabajadores y autoridades del Centro Popular de Cultura". Sobre esta línea, subrayaron que las relaciones institucionales deben guiarse por el respeto, el diálogo y el reconocimiento de las funciones de cada área.

La carta enfatiza que la labor desarrollada supera lo estrictamente artístico o disciplinar. Los docentes argumentaron que sus talleres "no constituyen únicamente espacios destinados al aprendizaje de una disciplina artística", sino que representan ámbitos de "encuentro, participación comunitaria, expresión y creatividad, aprendizaje, integración, construcción de vínculos, acompañamiento y contención".

 

Un reclamo por la dignidad laboral

 

Cerca del cierre del documento, la comunidad de la sede Tolhuin remarcó que la lucha encarada trasciende la defensa individual de las fuentes de trabajo, para convertirse en un pedido colectivo por la educación pública. "No defendemos solamente nuestros puestos de trabajo ni los espacios donde desarrollamos los talleres. Defendemos una institución pública, educativa y cultural que brinda oportunidades de aprendizaje, encuentro, participación y expresión a toda la comunidad", afirmaron.

Finalmente, los trabajadores exigieron respuestas administrativas urgentes que pongan fin al estado de vulnerabilidad en el que se encuentran. "No pedimos privilegios; exigimos el tratamiento urgente del expediente de titularización de los docentes y el tratamiento definitivo de la estructura del CPC con la totalidad de sus integrantes, para resguardar nuestros puestos de trabajo y garantizar que el CPC siga existiendo", concluyeron, haciendo un llamado a la solidaridad de toda la sociedad fueguina bajo la premisa de que “la cultura y la educación popular se defienden de manera comunitaria”.