En el marco de la controversia judicial por las medidas económicas impuestas por el Poder Ejecutivo, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) hizo pública su postura institucional este 29 de septiembre tras el reciente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal ratificó la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 en lo relativo a la derogación de la Ley de Tierras, al rechazar la demanda formulada por la entidad de veteranos. Con esta resolución, la Justicia argentina determinó formalmente que la organización no se encuentra legitimada para accionar colectivamente en defensa de la soberanía, generando una inmediata y firme repulsa por parte del colectivo de exsoldados conscriptos.

La resolución judicial evitó expedirse sobre la cuestión de fondo y centró su dictamen en aspectos procesales sobre la representatividad de la organización demandante. Frente a este argumento, desde la conducción del CECIM sostuvieron que “en un fallo escueto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de resolver el problema político en que el gobierno de Milei se había metido”, remarcando que mientras la ciudadanía se movilizó masivamente en las calles, el tribunal consideró que no existe un bien jurídico tutelable en materia de soberanía.

Asimismo, la entidad platense remarcó la contradicción histórica y moral que representa la decisión del máximo tribunal respecto del rol que asignó el propio Estado a los conscriptos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. En ese sentido, expresaron que “este grupo de ex soldados conscriptos, combatientes de Malvinas, no podemos acudir a la Justicia en defensa de la soberanía”, lo cual calificaron como un principio por demás cuestionable al recordar que el mismo Estado los envió a combatir en 1982 bajo la premisa del resguardo territorial.

En el texto difundido, los excombatientes repudiaron la postura de los magistrados e indicaron que “podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal”, afirmando además que el fallo no solo contraviene los principios del derecho, sino que vulnera la razonabilidad y la humanidad en términos de representación colectiva.

La crítica central del comunicado apuntó al impacto geopolítico y económico que conlleva la desregulación dominial del suelo argentino. Según expuso el CECIM, la decisión judicial “acaba de poner a la República Argentina en venta”, advirtiendo que la medida permite la adquisición irrestricta por parte de capitales extranjeros de municipios, provincias, zonas de frontera, recursos hídricos, valles y bosques en todo el territorio nacional.

Por último, la organización vinculó el accionar del actual máximo tribunal con precedentes históricos de la jurisprudencia argentina, responsabilizándolo de los efectos sociales y territoriales de la sentencia. En el cierre de su declaración, denunciaron que “es la misma Corte que, institucionalmente, adoptó hace casi 100 años la ‘doctrina de facto’, y convalidó lo hecho por las dictaduras en nuestro país”, concluyendo que la composición actual resulta ser la responsable política e institucional de la venta de tierras a capitales foráneos.