Tras más de ocho meses de conflicto y con el inicio de la temporada de cruceros en marcha, la representación gremial busca frenar las consecuencias económicas del desplazamiento laboral y exige la restitución del control del puerto a la provincia de Tierra del Fuego. Paralelamente, los trabajadores formularon severas advertencias por el uso presuntamente irregular de datos e información interna por parte de exdirectivos que hoy prestan funciones dentro de la estructura interventora.

Los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos convocaron a las principales entidades privadas del ámbito comercial y turístico de Ushuaia para conformar un espacio de trabajo unificado que permita destrabar el conflicto desatado por la intervención nacional dispuesta el pasado 21 de enero. La iniciativa se produce en un momento bisagra del calendario productivo regional, dado que el inminente incremento en la llegada de cruceros y el flujo de pasajeros requiere garantizar la previsibilidad operacional de la terminal marítima capitalina. A través de un pronunciamiento institucional, la asamblea de operadores y administrativos ratificó además que mantendrá de manera autónoma sus acciones sindicales, al tiempo que demandó una investigación profunda sobre la actuación de funcionarios que estarían utilizando documentación estratégica del organismo provincial para objetar judicialmente las demandas laborales planteadas por el personal desplazado.

 

Un frente común ante el inicio de la alta temporada

 

La propuesta elevada a las autoridades de la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio y la entidad FINNOVA plantea la necesidad de consolidar una mesa de acción multisectorial que trascienda el reclamo estrictamente gremial. Según fundamentaron las bases portuarias, la prolongación de la medida afecta al conjunto del entramado económico fueguino y genera incertidumbre sobre el desarrollo de una infraestructura clave para el desarrollo regional.

El objetivo central de esta convocatoria busca restablecer la normalidad laboral e institucional previa a la intervención, garantizando que la administración integral del recinto retorne de forma definitiva a la órbita de la provincia de Tierra del Fuego. Los referentes del sector recalcaron que el inicio paulatino del movimiento de cruceros marca el período exacto para encauzar una salida concertada antes de que el flujo estival alcance su punto de máxima intensidad operativamente.

Desde el colectivo de agentes se remarcó que esta búsqueda de consenso no condiciona la autonomía ni supedita la continuidad del plan de lucha a la aprobación del sector privado. El propósito radica en sumar volumen institucional para proteger el funcionamiento del enclave marítimo y mitigar el impacto económico causado por el desplazamiento del personal de sus puestos habituales.

 

Polémica por el uso de información confidencial

 

Uno de los puntos de mayor tensión expuestos en el documento radica en la actuación de Rodolfo Adrián Collado, un agente de la planta permanente de la Dirección Provincial de Puertos y extitular de la Dirección General de Administración, quien actualmente se desempeña bajo las órdenes del esquema de intervención.

Los trabajadores señalaron que el funcionario suscribió al menos dos informes técnicos presentados en expedientes judiciales tramitados a raíz de los recursos de amparo promovidos por la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos y el Sindicato Unificado de Trabajadores Administradores Portuarios. En tales presentaciones se volcó información reservada sobre legajos, funciones, dependencias y asignación de tareas del personal de la administración provincial.

La gravedad del hecho estriba en que el propio funcionario dejó sentado por escrito que emitió dichos dictámenes "conforme al conocimiento adquirido en el ejercicio de dichas funciones" durante su gestión como director general hasta marzo del corriente año. A criterio de los trabajadores, este reconocimiento documental confirma la utilización de datos estratégicos obtenidos en el desempeño de un cargo jerárquico provincial para responder demandas dirigidas justamente contra la estructura interventora.

 

La postura de la Fiscalía de Estado

 

El señalamiento del gremio retoma los lineamientos preventivos fijados por la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego mediante la Nota F.E. N.º 258/26, vinculada al Expediente F.E. N.º 11/2026 y asentada bajo el N.º 674 en la Mesa de Entradas del ente portuario. En esa norma se estableció con claridad que los agentes provinciales que pasaran a desempeñarse dentro del esquema de la intervención debían mantener un estricto resguardo sobre aquellas decisiones o intereses relacionados con sus responsabilidades anteriores.

Frente a esta coyuntura, la representación de la planta portuaria exigió que los informes en cuestión sean incorporados formalmente al seguimiento que lleva adelante el órgano de control provincial para determinar la existencia de posibles irregularidades o incompatibilidades administrativas.

A más de ocho meses de iniciado el conflicto, el colectivo de la Dirección Provincial de Puertos reafirmó su compromiso en defensa de la soberanía operativa sobre el canal Beagle, supeditando la paz social al cese de la intervención, la restitución plena de las facultades al gobierno provincial y la reincorporación de la totalidad de los trabajadores a sus tareas habituales.