En la ciudad de Río Grande, la tensión entre los gremios del Poder Judicial y las autoridades del Colegio Público de Abogados alcanzó un nuevo pico de conflicto durante las últimas horas a raíz de una disputa que se extiende por el reclamo salarial. Las Comisiones Directivas de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y del Sindicato de Empleados Judiciales Provincial emitieron un pronunciamiento unificado tras los dichos del referente de los abogados locales, Renán Uribe, quien planteó la necesidad de aplicar represalias económicas contra los agentes en huelga. Los representantes sindicales rechazaron la postura patronal, justificaron el plan de acción que vienen llevando a cabo en los tribunales fueguinos y confirmaron que reanudarán las protestas ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de la provincia.

La controversia se encendió cuando el titular de la colegiatura riograndense sugirió abiertamente al Superior Tribunal de Justicia la adopción de herramientas punitivas frente a las medidas de fuerza. Entre las propuestas mencionadas por el profesional figuraban la quita del adicional por presentismo y los descuentos salariales por días no trabajados, argumentos que cayeron de muy mala manera entre los agentes del fuero provincial.

Desde las cúpulas de la UEJN y del SEJUP expresaron de inmediato su "profunda inquietud" ante semejantes declaraciones institucionales. Las dirigencias gremiales remarcaron que resulta "especialmente alarmante" que desde la máxima representación del Colegio se promuevan penalizaciones financieras por el uso de un recurso protegido por la Constitución Nacional.

A través del documento difundido, la parte sindical sostuvo que "detrás de una medida de fuerza no hay una decisión caprichosa" y se subrayó la precariedad de los haberes en el sector. En ese sentido, expresaron que se trata de "trabajadores que sostienen diariamente el funcionamiento del servicio de justicia y que, aun contando con años de antigüedad, experiencia y capacitación, perciben remuneraciones que no alcanzan a cubrir adecuadamente sus necesidades básicas ni representan la dignidad salarial que corresponde a la responsabilidad de las funciones que desempeñan".

La respuesta gremial también puso sobre la mesa la colaboración previa de los empleados para con el ejercicio de la abogacía. Los dirigentes recordaron que el personal otorgó su conformidad para ampliar la disponibilidad horaria del sistema informático de gestión electrónica SAE Kayen, adaptando los esquemas operativos más allá de los requerimientos originales planteados por las instituciones profesionales.

Por otro lado, la nota puso el foco en la contradicción económica que encierra el planteo del Colegio de Abogados, ya que las paritarias de los empleados impactan en el valor del IUS, la unidad con la que se calculan los honorarios de los letrados de la isla. Sobre este punto, los gremios remarcaron que dicha unidad ha experimentado una evolución superior a las recomposiciones percibidas por la mayoría del personal judicial, insinuando la falta de equidad en la postura corporativa de la abogacía.

Frente a las acusaciones de paralizar los tribunales, los sindicatos rechazaron las críticas y aseguraron que mantienen la atención activa para las situaciones críticas que no admiten dilaciones. En el comunicado remarcaron que "las y los trabajadores sostienen las guardias mínimas necesarias para garantizar la atención de los asuntos urgentes, compatibilizando de esta manera el legítimo ejercicio del derecho de huelga con la atención de aquellas situaciones que, por su naturaleza, no admiten demora".

Asimismo, denunciaron maniobras de intimidación al señalar que "mucho menos aceptaremos que se pretenda amedrentar a las y los trabajadores mediante propuestas desacertadas que trasladan sobre ellos las consecuencias de un conflicto que no generaron y cuya solución no se encuentra en castigar a quienes reclaman, sino en atender las causas que dieron origen al reclamo".

En el tramo final del pronunciamiento, la dirigencia sindical repasó la marcha de las negociaciones con las máximas autoridades de la Justicia provincial durante las últimas semanas. Detallaron que a lo largo de septiembre actuaron "con prudencia y responsabilidad", postergando medidas de fuerza para otorgarle al Superior Tribunal de Justicia un tiempo prudencial con el fin de avanzar en un entendimiento salarial.

Sin embargo, agotados los plazos fijados a mediados de mes sin obtener respuestas satisfactorias a sus demandas, confirmaron la reactivación inmediata del plan de lucha en la provincia. Los gremios ratificaron que "nuestro reclamo continúa siendo el mismo, una recomposición salarial real y acorde a la responsabilidad, capacitación, antigüedad y función de quienes todos los días sostienen el servicio de justicia de Tierra del Fuego".

El conflicto entra de esta manera en un terreno de mayor dureza y sin atisbos de solución inmediata. Los representantes sindicales cerraron filas bajo los lemas tradicionales de sus organizaciones, concluyendo que "no serán los intentos de amedrentamiento ni las expresiones que pretendan enfrentar a trabajadores con abogados, usuarios o distintos sectores del sistema judicial las que nos hagan abandonar ese objetivo", dejando en claro que la protesta continuará hasta lograr una oferta concreta.