Un profundo clima de malestar institucional atraviesa a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) tras el frustrado tratamiento para la suspensión de la controvertida Ordenanza C.S. N.º 2/2026. Durante la jornada del miércoles 23 de septiembre, la Comisión de Interpretación y Reglamento de la casa de altos estudios, bajo la presidencia de Juan Lavornia, se rehusó a discutir el proyecto presentado formalmente por el consejero Ricardo Frías mediante el Expediente N.º 653/2026, una iniciativa elaborada conjuntamente con la Asociación Fueguina Universitaria de Docentes e Investigadores (AFUDI) que ostenta el respaldo explícito de 335 integrantes de la comunidad universitaria, vecinas y vecinos.

La controversia escaló significativamente durante el desarrollo del encuentro, donde la conducción sindical buscó fundamentar los alcances jurídicos y las eventuales fallas de la normativa vigente. En la sesión, la Dra. Susana Sosa, abogada, docente del IDEI e integrante de la Comisión Directiva de AFUDI, expuso formalmente las consecuencias legales e institucionales de la norma, demandando la inmediata paralización de sus efectos y poniéndose a disposición de la comisión para argumentar los cambios normativos. Sin embargo, los representantes gremiales denunciaron que las autoridades no habilitaron el espacio de intercambio y, en su lugar, la mayoría oficialista presentó un dictamen preconcebido impulsado por el director Quesada, un texto que ya se encontraba redactado antes del inicio formal del encuentro y que canceló toda instancia real de deliberación.

Desde el gremio de los docentes e investigadores recalcaron el trasfondo crítico de este conflicto, señalando que la universidad alteró de manera unilateral el estatuto que rige la actividad académica. El sindicato viene alertando de manera sistemática sobre "los problemas de una Ordenanza que modificó unilateralmente el artículo 32 de la Carrera Docente, sin tratamiento en la paritaria particular", un escenario normativo que impacta de lleno sobre la estabilidad de los educadores e ignora la negociación colectiva.

Frente a este cuadro, el gremio fijó una postura tajante en defensa de los educadores en proceso de retiro y exigió "una transición jubilatoria digna que garantice la continuidad laboral hasta el otorgamiento efectivo del beneficio previsional", remarcando que "ningún docente debe quedar sin trabajo, sin jubilación y sin ingresos como consecuencia de una decisión de la propia Universidad". Asimismo, cuestionaron la contradicción institucional en la que incurren las autoridades, recordando que "la UNTDF concursó y designó docentes cuando ya se encontraban en edad jubilatoria" y que "hoy, mediante esta Ordenanza, pretenden interrumpir esas mismas designaciones".

En lo respectivo al ejercicio del rol gremial y las libertades sindicales, la conducción sindical exigió la estricta observancia del marco legal que ampara a sus representantes, electos democráticamente para el período 2024-2028 y reconocidos institucionalmente ante la propia universidad y la federación nacional CONADU. En ese sentido, remarcaron con firmeza que "la tutela sindical no es una concesión de la gestión universitaria" y que "la autonomía de nuestras organizaciones sindicales tampoco puede quedar subordinada a una mayoría circunstancial del Consejo Superior".

De manera paralela, la entidad sindical lanzó una advertencia directa respecto de las implicancias jurídicas y los eventuales excesos en los que podrían incurrir los funcionarios universitarios al aplicar la medida. El pronunciamiento advierte fehacientemente sobre "las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de la ejecución de esta Ordenanza", haciendo hincapié en que los alcances legales de estas actuaciones "podrían alcanzar no solamente a las autoridades que adoptan las decisiones, sino también al personal nodocente de Recursos Humanos, que intervenga en las cesantías", toda vez que la separación de docentes concursados es una potestad exclusiva e indelegable del Consejo Superior.

De cara al avance del calendario institucional, el conflicto se trasladará al máximo órgano de gobierno de la universidad pública fueguina. La conducción de AFUDI ratificó que este viernes 25 de septiembre elevará sus peticiones de manera directa ante el plenario en la Hora de Preferencia del Consejo Superior, solicitando que la exposición sindical quede asentada formalmente y de forma íntegra en el acta de la sesión. El gremio concluyó reafirmando que "la Universidad pública no pertenece a una gestión, a un rector, a un director ni a una mayoría circunstancial", por lo que mantendrá las acciones necesarias para defender los derechos del cuerpo docente.