La Comisión Especial Investigadora trasladó parte de su trabajo a Buenos Aires para tomar declaración a exfuncionarios nacionales vinculados con el proceso de autorización del radar. El viernes fue entrevistado el exministro de Defensa Jorge Taiana, mientras que el lunes declararon el exjefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general retirado Juan Martín Paleo, y el exvicepresidente del ENACOM Gustavo López. 

Villegas sostuvo que los testimonios aportaron elementos relevantes para reconstruir el proceso y, especialmente, para analizar las responsabilidades nacionales y provinciales.

Según explicó, Taiana y Paleo ratificaron que el equipamiento podía tener una función dual, civil y militar, y señalaron que el Ministerio de Defensa no contaba, según el marco legal vigente, con facultades para ordenar por sí mismo el desmantelamiento del radar. La Comisión ya había informado que Taiana sostuvo que esa potestad correspondía al Gobierno provincial. 

“Tenemos que reconstruir la verdad histórica de qué nos pasó, cómo nos pasó y quiénes intervinieron respecto del radar”, planteó Villegas al definir uno de los objetivos centrales de la investigación.

El legislador también puso el foco en la situación actual del equipamiento. Señaló que existen testimonios y antecedentes documentales que mantienen abierta la discusión sobre si el radar se encuentra efectivamente fuera de funcionamiento, por lo que la Comisión insistirá con pedidos de verificación técnica.

En ese sentido, recordó que ya se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para determinar la situación del radar y anticipó que podrían realizar un pedido similar al ENACOM, a partir de la propuesta planteada durante la declaración de Gustavo López. “Queremos que expertos puedan verificar in situ si el radar está funcionando o no”, explicó.

 

El rol de la Provincia

 

Uno de los puntos que Villegas considera centrales es determinar el alcance de las responsabilidades de los distintos organismos que participaron en el proceso.

El legislador sostuvo que, de acuerdo con los testimonios recibidos, la Provincia tuvo intervención en diferentes instancias vinculadas con la instalación, entre ellas el suministro de energía eléctrica y otros trámites administrativos.

En esa línea, afirmó que la Comisión deberá analizar si existieron responsabilidades políticas o institucionales de funcionarios provinciales, además de las actuaciones correspondientes a organismos nacionales.

La investigación parlamentaria fue creada mediante la Resolución de Cámara Nº 131/26 y tiene como objetivo reunir documentación, testimonios e informes para reconstruir las circunstancias que permitieron la instalación del radar. El cuerpo solicitó además una prórroga para continuar con la investigación y prevé elaborar un informe final. 

 

Una legislación para proteger activos estratégicos

 

Villegas anticipó además que la investigación podría derivar en propuestas legislativas para evitar situaciones similares en el futuro.

“Me gustaría que elaboremos una legislación local que defina cuáles son nuestros activos estratégicos y establezca salvaguardas”, sostuvo.

Según explicó, la intención es establecer mecanismos que permitan la intervención previa de distintos poderes del Estado frente a autorizaciones, concesiones o permisos que puedan involucrar recursos o espacios considerados estratégicos para la provincia.

Para el presidente de la Comisión, Tierra del Fuego ocupa una posición geopolítica particular y la investigación sobre LeoLabs debe servir no solamente para establecer responsabilidades, sino también para generar herramientas institucionales que impidan que una situación de estas características vuelva a repetirse.

Fuente: Legislador Pablo Villegas