En medio de un creciente malestar institucional y con un fuerte respaldo social, las organizaciones gremiales docentes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego resolvieron visibilizar esta semana su rechazo a la nueva reglamentación jubilatoria que amenaza la estabilidad laboral del sector. El reclamo se centra en la aplicación de la Ordenanza C.S. N.º 2/2026, una medida emitida por las autoridades de la casa de estudios que fuerza la desvinculación de las y los educadores al cumplir la edad límite, aun cuando no hayan culminado con el correspondiente trámite de retiro ni gocen de la prestación previsional formal.

El conflicto en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo tras el contundente respaldo recibido por parte de la comunidad académica y vecinos de la provincia, quienes manifestaron su postura crítica respecto de las decisiones administrativas recientes adoptadas en el ámbito universitario.

Representantes del sector gremial destacaron el apoyo recibido durante el proceso de juntada de firmas contra la normativa actual y manifestaron que agradecen el acompañamiento de la comunidad universitaria y de la sociedad en general al pedido de modificación de la Ordenanza C.S. N.º 2/2026, la cual regula la gestión de jubilaciones del personal docente.

Las objeciones sobre el impacto de la medida apuntan directamente al menoscabo de las garantías mínimas de estabilidad para las y los trabajadores de la educación superior en la isla. Sobre este aspecto, los voceros gremiales señalaron que la normativa pone en riesgo la continuidad laboral de docentes que aún no cuentan con el beneficio jubilatorio y afecta también a quienes poseen concursos vigentes, incluso aquellos que fueron concursados y designados por la propia Universidad cuando ya se encontraban en edad jubilatoria.

Dentro del análisis formulado por la dirigencia, se remarcó la contradicción en la que incurre la gestión universitaria al revertir decisiones administrativas que habían sido convalidadas con anterioridad mediante actos formales. Al respecto, afirmaron que la institución no puede desconocer hoy los derechos que ella misma reconoció mediante sus propios actos institucionales.

Asimismo, la dirigencia sindical puso especial énfasis en las irregularidades observadas en relación con la normativa de protección para la actividad de representación gremial. En ese sentido, expresaron que especial gravedad reviste la situación de docentes que cuentan con tutela sindical, cuya protección debe ser respetada por la Universidad, agregando además que la aplicación de esta normativa no puede desconocer las garantías de quienes ejercen la representación gremial ni vulnerar los derechos sindicales conquistados.

Para evitar confusiones sobre la posición del colectivo frente al régimen previsional, desde los gremios aclararon la postura de fondo de las y los trabajadores de la casa de estudios. En palabras de las y los referentes, no están en contra de la jubilación, sino que están en contra de que la edad se convierta en una causal de desvinculación laboral sin garantizar los derechos de las compañeras y los compañeros.

Finalmente, el pronunciamiento colectivo reflejó el respaldo institucional y ciudadano alcanzado hasta el momento para exigir una pronta revisión de la resolución por parte del órgano de gobierno universitario. En esa línea, manifestaron que las 335 adhesiones expresan solidaridad, compromiso y una demanda colectiva a las autoridades universitarias para escuchar a la comunidad, asumir sus responsabilidades y modificar esta normativa, reclamando en definitiva por una transición jubilatoria digna, cuidada y con pleno respeto de los derechos docentes.