En el marco de una entrevista concedida al programa radial “Desde las Bases”, que se transmite por Radio Provincia en Río Grande, los exoperarios Daiana Kothbauer y Marcos González repasaron el complejo escenario legal y laboral que atraviesan a casi seis años de que la actividad en las plantas quedara paralizada. Los trabajadores expresaron su preocupación frente a las maniobras judiciales que intentan unificar la situación de las plantas fueguinas con la megacausa del grupo comercial en Buenos Aires.

Al ser consultados sobre la principal traba legal que enfrentan en la actualidad, Kothbauer y González explicaron que el mayor obstáculo radica en la falta de distinción entre la cadena comercial y los establecimientos fabriles de la isla. Se quejaron de que no se logre entender que Digital Fueguina y Tecnosur no son Garbarino, aunque hayan pertenecido al mismo grupo empresario. Señalaron que hoy se pretende arrastrarlos a un expediente judicial sumamente engorroso, con acreedores e importes de deuda imposibles de cubrir. Remarcaron que las plantas radicadas en Tierra del Fuego poseen sus propios acreedores y pasivos específicos, y afirmaron categóricamente que “no son las fábricas el final del arcoíris para Garbarino”.

Respecto del impacto concreto que tendría una unificación de los expedientes bajo un mismo proceso concursal, sostuvieron que unificar todo en un único pozo implicaría que los fondos recuperados no alcancen para nadie. Aclararon que actualmente la quiebra formal fue declarada para Garbarino, pero no así para Digital Fueguina ni Tecnosur, las cuales ni siquiera iniciaron el procedimiento concursal previo. Alertaron que la pretensión de la sindicatura de extender la quiebra “devastaría a todos los trabajadores y acreedores de la fábrica”, dado que colocaría a 197 operarios fueguinos a competir por los activos contra unos 4.500 empleados de comercio de todo el país.

Sobre la posibilidad de saldar los compromisos pendientes con la venta de las instalaciones locales, indicaron que las propiedades ubicadas en la provincia tienen valor suficiente para responder por los compromisos locales. Manifestaron que, según los cálculos con los que cuentan, “con la venta de la fábrica alcanzaría para pagar las deudas de los acreedores de Tierra del Fuego y sobraría”. Agregaron que no tienen reparos en que el excedente sea destinado a cubrir deudas en Buenos Aires, pero insistieron en que resulta indispensable que no se constituya una masa única de bienes.

Ante la pregunta sobre el estado actual de los equipos y la infraestructura fabril luego de un quinquenio de inactividad, admitieron que el valor monetario de los bienes se ha deteriorado visiblemente. Expresaron que son conscientes de que las maquinarias “no van a valer lo que valían cinco años atrás”. Recordaron que durante los primeros años los propios operarios realizaron tareas de mantenimiento y resguardo para evitar la degradación de las instalaciones, motivados por la expectativa de una pronta reactivación.

Al recordar las gestiones realizadas para intentar poner en marcha la producción bajo modalidades como el trabajo a fasón, relataron con amargura la frustrada negociación con la empresa Newsan y los entes institucionales. Contaron que habían avanzado hasta el punto de contratar seguros de responsabilidad civil firmados por los mismos trabajadores, pero el día fijado para la firma del acuerdo definitivo, ni los representantes de la firma ni del Ministerio de Trabajo provincial ni de la UOM se presentaron. Revelaron que “nos encontramos en una oficina esperando a alguien que nunca llegó”, calificado ese episodio como un durísimo golpe moral.

En referencia a la posterior judicialización y al remate de activos que lograron concretar algunos exempleados fuera de convenio, expresaron su profundo malestar por cómo se ejecutaron dichas subastas. Indicaron que se remató un sector estratégico de doblado de caños por sumas muy inferiores a su valor real de mercado. Consideraron que fue una maniobra perjudicial para la continuidad productiva y recordaron que “se llevaron máquinas por 30 millones de pesos”, equivalentes a unos 30 mil dólares en ese momento, lo que sepultó la posibilidad inmediata de armar procesos productivos completos.

Consultados sobre si existen alternativas técnicas o administrativas para que los establecimientos se reincorporen al régimen de promoción industrial, afirmaron que los proyectos técnicos se mantienen vigentes. Señalaron que Tecnosur logró ingresar en las últimas renovaciones del subrégimen mediante gestiones que realizaron los propios operarios ante la ausencia de personal directivo. No obstante, remarcaron que el camino operativo se vio truncado por el desmantelamiento de áreas clave.

Al indagar sobre la contención recibida por parte de los sectores políticos y gremiales a lo largo de estos años, reconocieron que al comienzo existió asistencia con módulos de alimentos y acompañamiento para pagar servicios o alquileres. Sin embargo, manifestaron un sentimiento de desgaste y desamparo con el paso del tiempo. Explicaron que es un proceso muy largo donde el interés público se va apagando y criticaron que se repita la impunidad de empresarios que cierran y luego vuelven a operar bajo otras firmas, dejando a los trabajadores reclamando en la calle.

Sobre la situación laboral formal en la que se encuentran hoy los exempleados, explicaron que atraviesan una insólita inseguridad jurídica por no haber sido despedidos formalmente. Manifestaron que durante años figuraron en los sistemas previsionales de la AFIP como empleados activos sin cobro de haberes, lo que les impidió acceder a planes sociales o moratorias previsionales. Concluyeron remarcando que el único objetivo que persiguen ante los tribunales es conseguir el cobro de las indemnizaciones debidas para cerrar esta etapa, confiando en que la justicia actúe con celeridad antes de que el expediente sea absorbido en Buenos Aires.