En el marco de un clima de creciente tensión institucional dentro de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la agrupación docente “Fuenteovejuna” dio a conocer un pronunciamiento en el que analiza en profundidad la controversial medida dictada por el Consejo Superior. La nota sintetiza las duras críticas hacia la ordenanza que establece el cese automático de las funciones de los profesores que alcanzan los setenta años de edad. En su análisis, el espacio docente ubica temporalmente la discusión en el actual escenario de crisis que atraviesa la educación superior argentina y señala que la mayoría oficialista impuso una norma que reduce los derechos laborales a meros "intereses particulares", generando como respuesta un inédito paro conjunto de los sindicatos docentes de la casa de altos estudios.

La controversia estalló tras el desarrollo de la 100.ª sesión ordinaria del Consejo Superior de la UNTDF. Durante el debate, los representantes de la conducción universitaria fundamentaron la iniciativa bajo la premisa de "legislar para la generalidad" y garantizar el "bien común". Sin embargo, desde la agrupación Fuenteovejuna sostuvieron que dicha formulación funcionó como una justificación previa para descalificar los reclamos de las personas alcanzadas por el ajuste.

En el texto emitido por el colectivo docente se cuestiona con severidad la orientación del denominado Reglamento para la Gestión de Jubilaciones del Personal Docente. Al revisar el articulado de las diecisiete páginas que componen el proyecto, la agrupación detectó una insistencia singular: la palabra "cese" figura cuarenta y ocho veces y la fórmula "setenta (70) años" aparece en quince ocasiones. De acuerdo con el documento, los artículos 16 y 22 estipulan que cumplir esa edad constituye una causal "objetiva y automática", mientras que el artículo 24 lo califica además como un límite "máximo, definitivo e improrrogable".

"Si se atendiera a su contenido, podría llamarse Reglamento para el cese del personal docente que cumple setenta años", aseveraron desde Fuenteovejuna, marcando que convertir un dato biológico en una causal automática de desvinculación representa una decisión estrictamente política que el proyecto no justifica. En ese sentido, expresaron que el oficialismo "no legisla para la generalidad; generaliza una decisión particular".

El documento expone lo que califica como un "doble movimiento" discursivo y político por parte de las autoridades universitarias. Por un lado, las personas afectadas desaparecen detrás de una categoría etaria y sus reclamos quedan relegados a la defensa de un interés sectorial. Por otro lado, la propuesta de la gestión se desprende de sus promotores para identificarse con la totalidad de la institución. "Así, lo específico se vuelve universal cuando sirve para justificar la medida mientras que lo concreto se vuelve particular cuando permite desestimar sus consecuencias", precisaron los docentes.

En su lectura sobre la correlación de fuerzas dentro del órgano de gobierno, la agrupación remarcó la mecánica con la que se logró la sanción: "La operación hegemónica se hace visible en el voto de la mayoría del rector —trece bancas, una voluntad—, pero sobre todo en el intento de presentar esa voluntad como el interés de toda la comunidad universitaria". Frente a esto, indicaron que las autoridades situaron a quienes cuestionaron la medida fuera del conjunto social, marcándolos como adversarios y reduciéndolos al papel de "algunos" que impulsan reclamos menores o contrarios a la universidad.

La denuncia también contextualiza la resolución institucional dentro del crítico panorama nacional de recortes presupuestarios. De acuerdo con el escrito, en una sesión donde el propio rector definió la coyuntura como "el contexto más crítico de la historia argentina", el cese automático obliga a preguntarse abiertamente quiénes terminarán pagando el ajuste en la institución fueguina.

En el tramo final del pronunciamiento, Fuenteovejuna concluye que "trece votos alcanzaron para aprobar la ordenanza, pero no alcanzan para convertirla en el bien común. Solamente prueban que una mayoría tuvo la capacidad de imponerla, nada más".

El rechazo a la ordenanza superó el terreno de las declaraciones y derivó en un escenario inédito para la vida académica local. Durante la última semana, los gremios ADUF y AFUDI convocaron a un paro total de actividades en rechazo a la resolución del Consejo Superior. Salvo por el tercer sindicato docente —espacio al que pertenece el propio rector—, la medida de fuerza logró unificar las protestas gremiales, demostrando que la controvertida norma terminó, paradójicamente, generalizando el conflicto en toda la universidad.