En el marco de un conflicto que ya se extiende por más de quince meses, expolicías territoriales decidieron profundizar las medidas de fuerza en la capital provincial con la instalación de una carpa de protesta. Alfredo Gatti, referente de los retirados, en declaraciones a Radio Provincia detalló las razones del reclamo, analizó el proyecto de emergencia presentado ante la Legislatura y expuso la falta de contención por parte de la cúpula policial. La iniciativa busca visibilizar la quita total de sus ingresos y la falta de cumplimiento de las normativas vigentes que resguardan a los damnificados.

Al ser consultado sobre el sentido del acampe que llevan adelante junto a sus familiares, Gatti explicó que decidieron bautizar la instalación como la carpa de la dignidad. Manifestó que van a mantener la lucha hasta que sean reivindicados sus derechos, argumentando que tras quince meses agotaron todas las instancias administrativas y legales a su alcance. Remarcó que mantuvieron la buena voluntad de dialogar con cada autoridad que lo requirió, pero al ver que continúan siendo vulnerados y discriminados dentro del sistema, sienten que los han dejado tirados como si fueran un mueble de descarte. A su vez, sostuvo que la provincia presentó un proyecto económico que expone a las claras un déficit del 180% y una deuda de casi 140.000 millones de pesos, marco en el cual no fueron incluidos, por lo que entendieron que de no tomar esta determinación sus derechos seguirían siendo pisoteados.

Al profundizar sobre la propuesta oficial de declaración de emergencia provincial, el retirado tildó el argumento de “mentiroso”. Afirmó que “la ley de emergencia tendría que haberse presentado en la Legislatura mucho antes de que se procediera a la suspensión de sus haberes”. Explicó que primero debió aprobarse esa normativa, disponer una orden de declaración y evaluar la situación para “luego pagar en forma proporcional ante la falta de liquidez o desfinanciamiento que dice tener la caja”. Advirtió que nada de eso se hizo y que, tras quince meses de suspensiones sin medida judicial previa, la medida derivó en una confiscación directa del 100% de los ingresos, basándose ahora en un proyecto que carece de veracidad.

Respecto a la autoría del documento impulsado desde el sector previsional, señaló que el proyecto fue presentado por el director de la caja y lleva las firmas de los comisarios generales Morgan y Bordón. Luego de dar lectura al escrito, expresó el profundo malestar que generó en el sector la falta de argumentos, principalmente porque aducen que el desfinanciamiento del sistema es provocado por los propios territoriales.

Sobre las acusaciones que señalan a los retirados como responsables del déficit y que afirman que perciben cobros de dos sistemas sin haber realizado aportes, el vocero fue contundente en su rechazo. Aseguró que cualquier recibo de sueldo que presenten derribará esa versión. Recordó que aportaron el 12% a la caja de la Policía Federal desde el origen de la institución y un 13% a la caja compensadora. Detalló que cuando se fusionó la caja compensadora con la creación de la Ley 834 para el personal de la policía provincial continuaron aportando el 13%, y que pese a dicho esfuerzo contributivo lo único que se les reconoce es el pago del haber compensatorio por zonas inhóspitas.

En cuanto a las gestiones realizadas ante el Poder Legislativo y los resultados obtenidos tras los constantes reclamos, recordó que lograron que el cuerpo normativo votara las leyes 1627 y 1628. La primera norma obliga a la entidad bancaria crediticia a otorgar 180 días de gracia respecto a los intereses de las deudas contraídas por refinanciación de tarjetas o préstamos acumulados ante el cese de pagos. Asimismo, indicó que la Ley 1627 estableció que los directores de la caja no cobren gastos de representación ni viáticos, exhortando al Ejecutivo a regularizar la deuda e iniciar los pagos. Sin embargo, lamentó que a 90 días de la promulgación de la ley no han obtenido ninguna respuesta ni aplicación concreta de lo sancionado.

Finalmente, al referirse a la postura de la cúpula policial o de los jefes de la Plana Mayor frente al reclamo en la vía pública, ratificó que ninguna autoridad se presentó a dialogar. Denunció además que al solicitar el uso de las instalaciones sanitarias de la dependencia para las mujeres y familias que acompañan la medida, la respuesta institucional fue una negativa rotunda por orden superior, dejando en evidencia la falta de contención y de voluntad de acercamiento por parte de los superiores.