La crisis de financiamiento que atraviesa la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) sumó este miércoles un capítulo de tensión institucional en la sede central del organismo en Ushuaia. Tras formalizar una presentación clave ante el presidente de la entidad, Gustavo García, la vocal en representación de los trabajadores en actividad, Adriana Soria, brindó definiciones sobre el estado de las cuentas públicas. Durante la entrevista, la referente gremial fundamentó el pedido de intimación formal al Ejecutivo provincial por una acreencia que roza los 20.000 millones de pesos, analizó los compromisos no saldados del Régimen Único de Pensiones Especiales y remarcó la imperiosa necesidad de defender la autarquía de la caja de salud de los estatales fueguinos.

 

El reclamo al Ejecutivo provincial

 

Al ser consultada sobre la reciente presentación administrativa realizada ante las máximas autoridades de la obra social y las razones que motivaron la medida, la vocal gremial explicó que se exigió formalmente al presidente de la institución, Gustavo García, que adopte acciones urgentes para reclamar los fondos adeudados por la provincia. Soria remarcó la urgencia de que la conducción de la OSEF adopte medidas para exigir al Gobierno provincial el pago íntegro e inmediato de los fondos adeudados, los cuales ascienden exactos a la suma de $19.739.292.200,83 según las propias registraciones contables de la entidad.

 

El desglose de la deuda y las obligaciones con el RUPE

 

Ante el requerimiento de precisar el origen de una cifra tan abultada y qué rubros contempla ese balance negativo, la representante del sector activo detalló la composición del pasivo acumulado por el Estado fueguino. Explicó que el monto total se desglosa en $9.032.200.143,83 correspondientes a aportes, contribuciones e intereses retrasados, a los que se suman otros $10.707.092.057,00 vinculados estrictamente a obligaciones del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE). Frente a este cuadro, la dirigente remarcó con severidad que la magnitud de la cifra que se adeuda “exige una intervención inmediata y decidida” por parte de la presidencia de la obra social.

 

El rol del Estado y la independencia institucional

 

Interpelada sobre la contradicción de que sea el propio gobierno fueguino el principal deudor del organismo que administra, Soria fue enfática al evaluar el rol de la conducción política y la soberanía de la caja de los trabajadores. Sostuvo con firmeza que el hecho de que el principal deudor sea el mismo Estado provincial que tiene a su cargo la conducción política de la obra social no puede constituir un obstáculo para el ejercicio pleno de las competencias que la ley le confiere, ni para la defensa del patrimonio de la Obra Social frente a cualquier deudor, incluido el propio Estado provincial. En esa misma línea argumental, sentenció categóricamente que “la autarquía del organismo así lo exige”.

 

Consecuencias en las prestaciones de salud y proveedores

 

En cuanto al impacto concreto que esta falta de liquidez genera en la vida cotidiana de los afiliados y en la cadena de atención médica, la referente del Frente Lila alertó sobre el deterioro del servicio. Afirmó tajantemente que “el recupero de los montos adeudados resulta imperioso para sostener el normal funcionamiento del organismo”, advirtiendo a su vez que la falta crónica de esos recursos compromete la operatividad diaria de la OSEF, altera severamente el circuito regular de pagos a prestadores y proveedores de salud, y coloca en una situación de vulnerabilidad la continuidad de las prestaciones sanitarias destinadas a las trabajadoras y trabajadores del Estado provincial y sus grupos familiares.

 

Exigencias de intimación y transparencia pública

 

Respecto a las medidas concretas que espera que se adopten a partir de este reclamo formal y los pasos a seguir dentro del directorio, la entrevistada ratificó la postura inflexible del sector al que representa. Explicó que la exigencia de la vocalía radica en la emisión de una intimación formal e inmediata dirigida al Ejecutivo provincial para lograr “la cancelación total de los montos adeudados más sus correspondientes intereses”. Asimismo, concluyó manifestando que la solicitud incluye la realización de una rendición de cuentas pública junto a un informe detallado sobre cada una de las acciones que la gestión del organismo despliegue para el efectivo recupero de las acreencias.