El secretario de Finanzas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Río Grande, Carlos Margalot, analizó de manera crítica el impacto de la reforma laboral promovida por el Poder Ejecutivo nacional, señalando que la intención de fondo es marginar a los sindicatos de las negociaciones colectivas de trabajo. Durante su intervención en el programa "Desde las Bases" de Radio Provincia, el dirigente sindical advirtió sobre el constante recorte de personal en la administración pública nacional, la distorsión de los índices inflacionarios respecto al costo de vida real en Tierra del Fuego y el desarrollo de las discusiones paritarias en el ámbito provincial y municipal.

Consultado sobre las modificaciones normativas impulsadas desde el Ejecutivo nacional en materia de legislación laboral, Margalot sostuvo que uno de los ejes centrales de la reforma aprobada pasa por modificar los convenios colectivos de trabajo. El dirigente afirmó que la intención explícita del Gobierno nacional es quitarle atribuciones a las organizaciones sindicales para evitar que tengan injerencia en las decisiones que afectan a los trabajadores. Según su análisis, el objetivo buscado es que la patronal negocie directamente con el empleado, una situación en la que la parte trabajadora siempre queda en desventaja.

Al ser requerido sobre la posibilidad de que este tipo de políticas avancen en el ámbito provincial o local, el referente de ATE expresó su preocupación por el alcance de las medidas en Tierra del Fuego. Señaló que desde la organización se encuentran en permanente seguimiento de los convenios colectivos en el ámbito provincial y en las municipalidades. Recordó además que las principales autoridades nacionales habían anticipado que el ajuste recaería sobre el empleo público y que esa promesa se ha cumplido mediante el achicamiento del Estado y la reducción salarial.

En relación con el volumen de bajas en el sector público y el cumplimiento de las metas de gestión, Carlos Margalot remarcó que las cesantías a nivel nacional superan los 70 mil empleos públicos despedidos. Agregó que el empleo estatal fue el más afectado y subrayó la contradicción entre estas medidas y los compromisos asumidos durante la campaña electoral, donde se afirmaba que la variable de ajuste sería la dirigencia política.

Respecto a cómo inciden los indicadores económicos nacionales en la discusión salarial, el dirigente sindical cuestionó la representatividad de los últimos datos de inflación. Argumentó que un índice mensual cercano al 2% no refleja la realidad cotidiana, caracterizada por aumentos de casi el 100% en las boletas de luz, gas, combustibles y alimentos. Explicó que esta brecha afecta directamente las negociaciones en las mesas paritarias, ya que las patronales suelen escudarse en las pautas nacionales para justificar propuestas insuficientes. Ante este panorama, confirmó que el gremio “se mantiene en estado de alerta” y realiza reuniones informativas de forma coordinada entre Río Grande, Ushuaia y la conducción nacional del sindicato estatal.

Preguntado sobre las pretensiones electorales de las fuerzas oficialistas nacionales de competir por las intendencias y la gobernación en la provincia, Margalot calificó de desconectada la visión económica que promueven los sectores libertarios. Mencionó las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la flexibilización de créditos en dólares para grandes empresas o multinacionales, contrapuestas a la situación de las pequeñas y medianas empresas locales que enfrentan cierres diarios en Río Grande. Añadió que las propuestas orientadas exclusivamente a la exportación ignoran la contracción del mercado interno y la pérdida de miles de puestos de trabajo, en el sector industrial y estatal de la provincia.

Ante la inquietud sobre las posibilidades reales de que La Libertad Avanza acceda a la gestión provincial o municipal en Tierra del Fuego, el representante gremial consideró improbable ese escenario. Indicó que las intendencias y la gobernación local evitaron replicar las políticas de despidos masivos aplicadas en la órbita nacional. Sostuvo que de haber estado alineadas las administraciones locales con las directivas del Ejecutivo nacional, el ajuste sobre la administración pública hubiese sido severo y sin contemplaciones respecto a la estabilidad laboral de los trabajadores.

Finalmente, al ser consultado sobre el estado actual de las negociaciones paritarias en la órbita provincial y municipal, Margalot detalló que en el ámbito municipal se otorgó un incremento del 5% y que se mantienen contactos con las autoridades económicas de la provincia. Explicó que, si bien la gestión provincial manifiesta dificultades financieras por depender de las transferencias de la coparticipación nacional para el pago de haberes, la mesa paritaria continuará abierta. Concluyó señalando que el objetivo del gremio es buscar puntos de acuerdo que permitan recomponer los ingresos frente al elevado costo de la canasta básica local.