En el marco de una creciente tensión social por el acceso a la vivienda en la provincia de Tierra del Fuego, un grupo de vecinos de Río Grande encabezó esta mañana una protesta pacífica en las dependencias del Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat. La jornada estuvo marcada por la desesperación de familias con legajos de más de una década de antigüedad que denuncian la falta de respuestas oficiales, la interrupción de la obra pública y “la opacidad en las recientes entregas de soluciones habitacionales” que denunciaron. En ese escenario, el reclamo visibilizó casos complejos que involucran a menores de edad y personas con discapacidad en extrema vulnerabilidad.

Ante el requerimiento sobre los motivos de la concentración y el origen del reclamo, la vecina Ivana Daher sostuvo que la iniciativa surgió a partir de la necesidad comunitaria. “Nos encontramos acá, nos autoconvocamos porque somos distintas familias que venimos adoptando instancias para una solución habitacional”, afirmó, al tiempo que remarcó la gravedad del contexto económico actual. “Son casos de vulnerabilidad donde la inscripción ya excede a los 10 años y por toda la situación crítica que estamos viviendo todas las personas, ya de público conocimiento, se nos hace imposible costear los gastos de un alquiler o tener un trabajo en blanco que nos permita pagar o acceder a uno. Entonces recurrimos al IPV por antigüedad para intentar lograr una solución habitacional”, aseveró.

Al abordar su realidad personal y el impacto familiar de esta emergencia, Daher compartió el desgarrador panorama que afronta diariamente. “Mi situación en particular es que nosotros nos quedamos en la calle con mis hijos”, relató. Explicó que tiene tres hijos y que la crisis la obligó a desmembrar su hogar. “A raíz de esta situación, la más grande de 13 años se tuvo que ir a vivir con su progenitor y yo me quedé con los dos menores de casi cuatro y casi dos años”, indicó.

Respecto de las condiciones de habitabilidad en las que transcurrieron sus últimos meses y el estado de salud de su entorno, la vecina riograndense profundizó sobre la urgencia de su pedido. “Hace dos años logramos conseguir un lugar provisorio del cual nos tenemos que ir ahora y no nos podemos quedar en situación de calle nuevamente”, enfatizó. Asimismo, vinculó ese contexto con las secuelas médicas que padece su hijo pequeño. “A raíz de toda esa situación que ya vivimos de vulnerabilidad hace dos años, a mi hijo lo diagnosticaron con un retraso global en el desarrollo. Tiene un certificado del CUD y asiste a terapias”, detalló.

Consultada sobre el tipo de asistencia recibida hasta el momento por parte del Estado, Daher fue contundente respecto a la falta de contención definitiva. “La idea es no volver a terminar en la calle”, aseveró. Señaló que la respuesta institucional resulta insuficiente para resolver el problema de fondo. “Las soluciones que brindan siempre son provisorias. No conseguimos solucionarlo de ninguna manera y acá no nos dan respuesta”, lamentó.

En relación a la extensión de las medidas de fuerza y la posibilidad de que la protesta se extienda a otras ciudades de la provincia, la entrevistada confirmó que la preocupación es generalizada. “Queríamos visibilizar el reclamo. Tengo entendido que hay un grupo manifestándose y exigiendo solución también en Ushuaia. Se presentaron hoy en la Legislatura porque ya presentaron un montón de notas”, explicó.

Al ser requerida sobre el grado de claridad con el que opera el organismo provincial en la distribución de viviendas, Daher cuestionó los procedimientos recientes de la institución pública. “Queremos más que nada que haya transparencia en las adjudicaciones porque nos enteramos de que hubo entregas en julio, lo cual no se hizo en un acto público y no tenemos acceso a esa información cuando debería justamente ser en una institución pública”, denunció. Agregó que la opacidad institucional incrementa la incertidumbre de los inscriptos. “No tenemos datos de a quién entregaron, si eran personas inscriptas o con antigüedad. Tampoco nos dan solución, tampoco nos dan explicaciones, no nos dan números reales en qué situación se encuentra cada legajo”, criticó.

Respecto a la respuesta habitual que reciben por parte de los funcionarios de la dependencia provincial y las gestiones individuales realizadas ante distintas dependencias gubernamentales, la vecina describió la burocracia con la que choca cada intento de asistencia. “Te dicen directamente que no hay obras, que no hay entregas. Es un discurso armado que le dicen a todas las personas que vienen siempre a preguntar”, manifestó. Agregó que acudió a diversas áreas estatales sin obtener amparo legal o económico. “He ido hasta la delegación de gobierno, he ido al área social y a la Defensoría Pública, quien no puede realizar recursos de amparo. Yo no tengo los medios para pagar a un abogado particular y me dicen que no me pueden asistir con un recurso de amparo porque el Estado no puede ir contra el Estado. Se han presentado notas para pedir subsidios para un alquiler. He pedido trabajo también porque mi situación en realidad es porque no tengo trabajo para poder costear el gasto de un alquiler”, puntualizó.

Al referirse a la situación del grupo de manifestantes que la acompañaban en la protesta, Daher confirmó que el panorama es similar en los demás manifestantes. “El resto de las personas son todas con situaciones de este tipo, también con menores a cargo”, aseveró. Mencionó de manera concreta el caso de otra de las mujeres presentes. “Gisela ya viene también haciendo varios reclamos, está en la parte administrativa, en todos los sectores y organismos que corresponde. Tiene un hijo a cargo con discapacidad, que es mayor de edad pero con discapacidad, y tampoco le dan una solución. Ellos ya han estado viviendo en hospedajes o de prestado hace casi cuatro años y no han obtenido respuesta tampoco”, reveló. Agregó además el caso de otro afectado por fallas en el sistema. “En el caso de Jonathan hubo algunas irregularidades con respecto a la inscripción, que por error mismo administrativo los estaban perjudicando para el acceso a una vivienda”, añadió.

Finalmente, sobre la continuidad de la concentración y la permanencia en las instalaciones del IPV, la entrevistada reafirmó la firmeza del reclamo. Aseguró que mantendrán la postura en el lugar hasta obtener un compromiso formal u “alguna respuesta favorable respecto a la situación habitacional”.